MADRID.-  El Ministerio de Fomento no ampliará los plazos de concesión de la explotación de autopistas de peaje por parte de empresas privadas que vencen entre los próximos tres y cinco años (entre 2018 y 2021), que entonces pasarán a manos del Estado para, "en su momento, decidir la mejor forma de explotarlas".

Así lo aseguró el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la sesión de control en el Pleno de Congreso, aunque no concretó la fórmula que se baraja para gestionar a partir de entonces las vías, esto es, si el Estado las explotará directamente o bien volverá a sacar a concurso la concesión de su gestión a una empresa. "Fomento no contempla a corto plazo prorrogar los plazos de concesión de las autopistas catalanas ni de ninguna otra", aseguró De la Serna. "La previsión es que cuando venza el plazo, la autopista revierta al Estado, que decidirá en ese momento la forma de explotarla", añadió.

Una media docena autopistas de peaje culminan en los próximos años el plazo por el que en su día el Gobierno contrató con empresas privadas su construcción y posterior explotación. Se trata de la AP-1 Burgos-Armiñón, cuya concesión vence en 2018, de la AP-7 Tarragona-Alicante y la AP-4 Sevilla-Cádiz, que concluye en 2019, y de dos tramos de la AP-7 (La Jonquera-Barcelona y Barcelona-Tarragona) y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo, que termina en 2021.

Itínere es la compañía titular de la concesión de la AP-1 y Abertis cuenta con la del resto de las vías próximas a concluir su plazo de explotación.

Durante su intervención en la Cámara Baja, De la Serna rechazó que España, con su red de 28 autopistas que suman unos 3.000 kilómetros de longitud, sea uno de los países con más vías de pago en relación con autovías de alta capacidad libres de tasas directas de la UE. Asimismo, defendió que los conductores españolas "cada vez utilizan más" las autopistas de peaje, dado que en 2015 elevaron un 6,4% su tráfico medio y contabilizaron unos 17.400 usuarios diarios.

Vista de la autopista Ocaña-La Roda, de Cintra, filial de Ferrovial. E.P.

Además, el ministro de Fomento ya ha iniciado contactos con los bancos acreedores del grupo de ocho autopistas de peaje en riesgo de liquidación, con el fin de retomar la negociación del plan de rescate de estas vías que el Ministerio planteó en marzo de 2014 y que entonces no prosperó. "Es una cuestión francamente muy difícil, pero seguiré intentándolo y, de hecho, ya he iniciado contactos", aseguró De la Serna durante su intervención en el pleno del control al Gobierno del Congreso.

El ministro recordó que el plan pasa por reestructurar con una quita del 50% la deuda de 3.400 millones de euros que soportan estas vías para posteriormente integrarlas en la sociedad pública estatal Seittsa. El pasivo restante se titulizaría en un bono a treinta años para el que en su día se ofertó un interés del 1%.

Las ocho vías de pago son las cuatro radiales de Madrid, la M-12 que conecta la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda y la Cartagena-Vera.

De hecho, sobre dos de ellas, las radiales R-3 y R-5 de Madrid, ya se ha dictado un auto de liquidación ante el que el anterior equipo de Fomento acordó con el juez tomarse un plazo de un año para asumir las vías, un periodo que concluye a comienzos de 2017.

El ministro insistió en la "dificultad" de lograr un acuerdo para estas infraestructuras en torno al plan diseñado por el anterior equipo de Fomento, fundamentalmente por el hecho de que gran parte de la banca acreedora ha ido vendiendo su deuda en las vías a fondos buitre.