El Gobierno suspenderá el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Gobierno del PP, para aliviar la factura eléctrica de los consumidores en un momento excepcional, según ha indicado este miércoles la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Ribera, que ha comparecido en comisión en el Congreso de los Diputados, ha aclarado que se trata de una suspensión de ese impuesto.

Con esta suspensión del impuesto, el ministerio de Transición Ecológica calcula que la factura se abaratará entre el 2,5% y el 4% en la factura doméstica y entre el 5% y el 5,5% en la del gran consumidor industrial. Teresa Ribera ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que estos son los cálculos preliminares.

Teresa Ribera, ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que estos son los cálculos preliminares. Ha explicado la ministra que el Gobierno ha decidido suspender este impuesto, creado en 2012 por la Ley de Medidas para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que lo establece en un 7%, porque se está viviendo una circunstancia excepcional con el incremento de los precios de la electricidad y hay que trasladar "algún tipo de apoyo a las familias". 

Ribera ha dicho que le hubiera gustado rebajar el IVA de la factura de la luz, que es del 21 %, pero no era fácil al ser un impuesto armonizado en Europa y no depender sólo de España.

Precisamente, el precio mayorista de la luz ha tocado este miércoles un nuevo máximo anual, con una media para el día de 75,93 euros por megavatio hora (MWh), según datos del operador del mercado ibérico (OMIE). Este nuevo repunte de precios ahonda así en la tendencia alcista del mercado eléctrico, el conocido como pool, y le lleva a registrar hoy un nuevo máximo de 2018, superando de nuevo los 75 euros por MWh que ya había pulverizado el pasado 12 de septiembre (75,39 euros por MWh).

Además, el recibo de la luz de un usuario medio ha subido un 85,7% en solo 15 años, encareciéndose más de 37 euros, según datos de Facua-Consumidores en Acción. En concreto, con las tarifas vigentes a agosto de este año, la factura mensual representa 80,73 euros, frente a los 43,47 euros que suponía en 2003.

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Ribera señaló que actuar sobre los precios a través del 7% del impuesto a la generación "es la medida más adecuada y acertada para enviar una señal por parte del Gobierno y aliviar la factura del consumidor en un momento en que no puede ser él quien cargue con el peso".

Esta medida de bajar el impuesto del 7% a la generación eléctrica al 0% temporalmente podría tener el respaldo del PP, que antes de la comparecencia de la ministra había anunciado la presentación de una proposición de Ley en el Congreso en esta línea.

Así, Ribera subrayó la "clara voluntad" del Gobierno de abordar con seriedad la reforma estructural del mercado, asegurar señales fiscales coherentes y regular ordenadamente el almacenamiento para avanzar hacia un modelo energético distribuido, limpio, eficiente y digitalizado. La ministra consideró que el sistema actual del mercado eléctrico "no emite las señales adecuadas", conviviendo "lo viejo y lo nuevo" y mostrando "el inmenso coste" de las tecnologías fósiles, por lo que "se debe de actuar".

Energías renovables

Dentro de estas medidas para recuperar el "impacto positivo" que ejercen las energías renovables en el precio, Ribera planteó diferentes líneas de acción urgente para mandar señales adecuadas al mercado, entre las que figuran solventar las barreras existentes al despliegue de renovables o facilitar los contratos bilaterales, los conocidos como PPA, para desplazar parte de la electricidad contratada en el mercado mayorista a la contratación bilateral a largo plazo de energía de fuentes renovables.

Respecto al autoconsumo, y en especial el autoconsumo compartido, afirmó que se debe hacer hincapié en que sea una realidad que reduzca la factura eléctrica, porque el sistema fotovoltaico produce a un precio inferior que la tarifa del consumidor final. "No podemos seguir improvisando y poniendo parches incompatibles con los objetivos de descarbonización a medio y largo plazo, generando expectativas que no se cumplen y que nos acaban pasando factura", añadió.

Para Ribera, "los parches" del Ejecutivo anterior han supuesto "una gran litigiosidad" que ha llevado a España a contar con 42 arbitrajes ante los distintos foros internacionales con unas cuantías reclamadas que se estiman en unos 10.000 millones de euros, así como a unas reclamaciones por los inversores nacionales por otros 5.000 millones de euros. "Los cambios están en marcha, y aunque vamos tarde, tenemos la clara voluntad de impulsarlos", añadió al respecto.

Además, ha señalado que se mejorará la cobertura inmediata a los consumidores más vulnerables, introduciendo mejoras en el bono social eléctrico, que ha dicho que se complementará con un nuevo bono de la calefacción para que pueda asegurar ese servicio el próximo invierno a esos consumidores.

Ribera, que ha señalado también que antes de seis meses el Gobierno presentará una estrategia contra la pobreza energética, ha expresado la intención del Ejecutivo de incrementar los límites actuales para tener derecho a los descuentos previstos en el bono social, dentro del cual se contemplará expresamente a las familias monoparentales y se introducirán criterios de protección a la infancia.