La exministra de Vivienda Beatriz Corredor ha alertado en el Congreso de el 8% de los españoles tuvo en 2016 dificultades para afrontar el pago de recibos domésticos relacionados con la vivienda.

Según datos ofrecidos por la directora de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores, en España se registraron 63.000 lanzamientos de vivienda, un 6% menos que el pasado año, y un 34% menos de impagos hipotecarios y un 33% menos de daciones en pago. Éstas últimas descendieron un 28% en el primer trimestre de 2017 respecto hace un año pero fueron superiores que el trimestre inmediatamente anterior.

Corredor ha ofrecido estos datos en la Comisión de Justicia en el Congreso, donde comparece dentro del debate parlamentario en torno a la proposición de ley que llama a endurecer los procedimientos de desahucio en caso de ocupaciones.

Garantizar la asistencia pública y eximir de la caución

Durante su intervención, la exministra ha abogado por potenciar las políticas activas de alquiler, opción muy alejada en España de la media Europea y cuyo reciente aumento, ha dicho, responde más a dificultades circunstanciales que a un cambio de mentalidad, y a garantizar el derecho a la vivienda.

Así, se ha mostrado contraria a un endurecimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los casos de ocupación, y ha manifestado que, aunque una agilización de los procedimientos de desahucios puede permitir una recuperación más rápida de la propiedad, esto debe de ser "compatible", ha dicho, con el derecho a la vivienda de las personas.

Acceso inmediato a una vivienda para los desahuciados

Corredor, uno de los apoyos de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, ha manifestado que "la obligación de proteger a las personas es de la Administración Pública", por lo que ha apostado por, en casos de vulnerabilidad, garantizar el acceso "inmediato" a una vivienda por parte de las personas desalojadas.

Asimismo, ha apoyado eximir de la obligación de presentar un depósito de caución por parte del demandado en los procedimientos judiciales en caso de que éste se encuentre en situación de vulnerabilidad, ya que aunque éstos puedan tener acceso a justicia gratuita, puede impedir una tutela judicial efectiva.

La vivienda como derecho reconocido

Corredor ha señalado que en Alemania y en Portugal está reconocido el derecho intangible a un "mínimo vital por parte de los ciudadanos", y ha destacado que las dos opciones para poder consagrar esto mismo en España pasan por, o bien una reforma de la Constitución para reconocerlo como un "derecho fundamental", o bien ampliar la interpretación del Tribunal Constitucional del mínimo existencial que ya reconoce la Carta Magna.

Si bien ha recordado que ya existe un reconocimiento de la "cláusula del Estado social" ha instado a "ampliar y reforzar la garantía de estos derechos", y para ello ha calificado como "fundamental" la política pública de vivienda para "evitar la exclusión residencial".

Las ayudas a la compra, "un grave retroceso"

Corredor ha criticado que estas políticas hayan tenido en los últimos años "un enfoque económico" más que de vivienda, a través de incentivos fiscales o como medida para crear empleo, y ha instado a incentivar la creación de un parque público de vivienda para el alquiler, pues en España la vivienda social únicamente supone el 2% de todo el alquiler, a pesar de las ayudas y la vivienda protegida.

Asimismo, ha criticado las anunciadas ayudas a la compra de vivienda, pues ha calificado éstas como "un grave retroceso". Por otro lado, ha apostado por impulsar medidas impositivas en la línea de exenciones fiscales, y evitar impuestos como el de las viviendas vacías o las expropiaciones.

"Las mafias no impiden el acceso a la vivienda"

Respecto a la reforma normativa que tramita el Congreso, Corredor ha explicado su propuesta de excluir la necesidad de prestar caución por parte del demandado si se encuentra en situación de vulnerabilidad y que, si se llega a ejecutar un desahucio en estos casos, se ponga a disposición una vivienda de carácter social.

Corredor también ha querido desvincular a las mafias de la ocupación como un problema central en el acceso a la vivienda. "No son las mafias las que impiden el acceso a la vivienda, sino la escasez", ha manifestado la exministra.