España gasta casi 70 millones en mantener los tribunales privados que le han condenado a pagar casi mil millones por las renovables

El Estado español lleva gastados casi 70 millones de euros en el mantenimiento de los tribunales privados de EEUU y Suecia que en los últimos años le han condenado a pagar cerca de otros mil por los recortes de las primas a las energías renovables de la pasada década por los que medio centenar de promotores, la mayoría formados por fondos de inversión y sicavs, le han demandado, según desvela un informe que hace público este miércoles la ONG  de transparencia TNI (Transnational Institute).

Después de 50 demandas presentadas ante el Iscid (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Internacionales) y ante la Corte de Arbitraje de la capital sueca, España acumula 19 laudos condenatorios que le obligan al pago de 971 millones de euros, con intereses que elevan esas cifras, mientras las reclamaciones del conjunto de los pleitos) rondan los 10.000 millones de euros, el triple de lo que se ahorraron las arcas públicas con esos recortes y mucho más de lo que los demandantes llegaron a invertir antes de retirarse.

Hay 26 casos pendientes, mientras otros tres grupos de fondos que reclamaban más de 2.000 millones desistieron tras alcanzar acuerdos con el Gobierno tras modificar este al alza las retribuciones vía decreto y un asunto más fue desestimado tras admitir el Ciadi que uno de los árbitros designados para resolverlo mantenía vínculos con la empresa denunciante.

La catarata de litigios comenzó en 2011, poco después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aplicara los primeros recortes a las primas que poco después intensificaría el ejecutivo de Mariano Rajoy, con, respectivamente, Miguel Sebastián y José Manuel Soria como ministros de Industria.

Demandas millonarias en Australia y EEUU por laudos que no reconoce la UE

Los pleitos se basan en el incumplimiento por parte de España del Tratado sobre la Carta de la Energía, un acuerdo suscrito por España a principios de los años 90 que establece una serie de condiciones para las inversiones internacionales entre las que se encuentra el derecho de los promotores perjudicados "a que un tribunal u otra autoridad competente e independiente (...) revise con prontitud su caso, el pago de la indemnización y la valoración de su inversión".

Eso ha acabado dando lugar a un paradójico escenario en el que un Estado acaba siendo condenado por tribunales de carácter privado cuya legitimidad no reconoce el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que en una reciente sentencia estableció que ese tipo de arbitrajes "no es aplicable a los litigios entre un Estado miembro y un inversor de otro Estado miembro respecto de un inversión realizada por este último en el primer Estado miembro".

Pero, al mismo tiempo, señala el informe, "los tribunales de arbitraje no están obligados por esta decisión, ya que el arbitraje de inversiones es un sistema paralelo y los árbitros no pertenecen al sistema judicial (por ejemplo, el español), al cual sí vincula la decisión del TJUE".

Nueve de cada diez demandas han sido interpuestas por inversores con domicilio en la UE. Sin embargo, al mismo tiempo, diez de los grupos de empresas y de fondos que han ganado sus pleitos "han iniciado procedimientos de ejecución en [tribunales de] los EEUU y Australia para poder cobrar" los 675 millones de euros (más intereses) que les asignan los laudos, ya sea en efectivo o mediante el embargo de bienes y activos del Estado español.

¿Y qué puede hacer el Gobierno? No está muy claro, ya que no responder a esas demandas y no participar en los procesos de los laudos en el Iscid o en Estocolmo equivale a allanarse a las pretensiones de los inversores, que poco después disponen de un título con el que demandar a España ante un tribunal ordinario por las cantidades que inicialmente reclamaban.

Casi 70 millones en gastos de funcionamiento

Hasta la fecha, según indica el estudio con datos de 19 de los casos ya cerrados, los "costes asociados al arbitraje" ascienden a 68,7 millones de euros para el Estado español: 10,3 en honorarios de los árbitros y costes administrativos del Iscid y la corte sueca y otros 58,4 en minutas de bufetes de abogados y expertos  contratados para defender sus posiciones o que lo hicieron para los demandantes.

Esa última cifra, que suma 32 millones solo en once de los pleitos en los que España fue condenada, incluye otros conceptos como alojamientos, desplazamientos y servicios de traducción de letrados y expertos ajenos.

España ha impugnado varias de esas costas judiciales al cuestionar "la razonabilidad de los honorarios de los abogados de los inversores", señala el informe, que recoge cómo "en el caso Infrared, el bufete Cuatrecasas dijo haber trabajado 11.200 horas cobrando una tarifa media por hora de 374 euros", una tasación elevada aunque inferior a la de otros despachos: "en 9REN, King & Spalding cobró unos 744 dólares por hora y el co-council de Gómez Acebo & Pombo cobró tarifas que oscilaban entre 561 dólares y 760 dólares por hora". Varias de esas minutas superan, al cambio, los 600 euros por hora.

Cuatrecasas, el bufete que al dejar el primer plano de la política tras las primarias que perdió frente a Pablo Casado contrató a la exvicepresidenta y abogada del Estado Soraya Sáenz de Santamaría, responsable de la coordinación del ejecutivo en la segunda fase de los recortes de las primas, ha intervenido en nueve asuntos, en todos ellos contra el Estado español.

Paralelamente, un exaltocargo de la Administración como Jaume Margarit y un exmagistrado del Constitucional como Manuel Aragón actuaron como peritos contratados por cinco fondos y sicavs de Luxemburgo y Francia defendidos por otro despacho de abogados que acabaron logrando una indemnización de 35 millones de euros.

Resulta llamativo cómo, por otro lado, los gastos de defensa (abogados y peritos) ante el Iscid y la corte sueca generados por el Estado, que contrató bufetes privados hasta que decidió crear una unidad específica para este tipo de pleitos en la Abogacía del Estado, suponen, como media, menos de la mitad que los de los demandantes.