Eléctricas El Supremo avala que las eléctricas paguen por el carbón que queman

El Tribunal Supremo avala que las eléctricas paguen un impuesto adicional por los efectos contaminantes de la quema de carbón en sus centrales térmicas y de ciclo combinado. Lo ha hecho al respaldar la legalidad del tributo de emisiones atmosféricas de Aragón, que desde 2006 grava el lanzamiento a la atmósfera de dióxido de carbono y de óxidos de nitrógeno y de azufre desde este tipo de instalaciones.

Endesa había tratado de tumbar ese tributo, que grava genéricamente la emisión de gases de efecto invernadero en actividades industriales, al reclamar la anulación de las liquidaciones de 2006, 20007 y 2008 correspondientes a la térmica de Andorra (Teruel) y que suponían el grueso de los más de seis millones de euros que el Gobierno autonómico presupuestaba por este concepto en sus primeros años de aplicación.

Sin embargo, el Supremo ha avalado la legalidad de ese impuesto, similar a los que se aplican en varias comunidades, tal y como previamente habían hecho la Junta de Reclamaciones y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que rechazaron que ese tributo vulnere las normativas europeas sobre medio ambiente y sobre energía, que constituya un episodio de doble tributación y, también, que suponga una carga excesiva y discriminatoria para las compañías que operan en la comunidad y frente a las que utilizan otras tecnologías. De hecho, la sentencia que zanja el pleito descarta elevar una consulta al Tribunal de Justicia de la UE.

“Mediante el gravamen de las actividades que contaminan la atmósfera, se está propiciando el desincentivar determinados usos o procedimientos industriales y la búsqueda de una operatoria empresarial más armónica con el medio ambiente”, sentenció el TSJA en la resolución que ahora avala el Supremo.

Más de 300 millones de toneladas de CO2

Los sectores del transporte y de la generación de electricidad son en España, como en el resto de Europa y de los países desarrollados y emergentes, los principales emisores de gases de efecto invernadero al ser los principales consumidores de combustibles fósiles (carbón, petróleo y derivados) en sus procesos productivos.
Las elevadas inversiones, de hasta 380 millones de euros, necesarias para reducir sus emisiones de óxidos de nitrógeno y de azufre y adecuarlas a las exigencias comunitarias han llevado a Enel a plantearse para 2020 el cierre de las térmicas más contaminantes  de Endesa, las de Andorra y de Compostilla, que queman carbón de las cuencas de Teruel y El Bierzo.

El año pasado las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeron en España, aunque por motivos coyunturales como una mayor aportación del sector hidroeléctrico y un año después de haber sido el país de la UE en el que más crecían, con un 11,4% en doce meses.

Las centrales térmicas son uno de los principales focos de emisión de gases de efecto invernadero en todo el mundo occidental.

El Avance de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero que el Gobierno hizo público hace unas semanas cifra el 323,8 millones de toneladas equivalentes de CO2 lanzadas en todo el país a lo largo de 2016. Ese volumen, para cuya absorción serían necesaria una superficie boscosa de más de 43.000 kilómetros cuadrados (más del doble de la que hay en todo el país), supone un descenso del 3,5% con respecto a 2015, pero también indica que se mantienen un 13% por encima de las de 1990 cuando, en aplicación del Protocolo de Kioto, deberían haberse reducido un 5% en 2012.

Deberes sin hacer

Los datos oficiales cifran en un 19,7% la reducción de las emisiones del sector eléctrico, que sigue generando entre la quinta y la sexta parte del total (18%), por la combinación de varios factores como “una ligera disminución de la generación” del 2,2% y “un descenso marcado en el uso de carbón (-29%) que ha sido compensado por el aumento de la generación hidráulica (+25,5%) en un año hidrológicamente húmedo (5% por encima de la media)”.

Por el contrario, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron en el transporte, que avanzó un 3,1% para alcanzar el 27% del total, principalmente por el tráfico por carretera, y en la industria, que las incrementó un 1,4% para llegar al 13% con un llamativo repunte en la actividad contaminante de las cementeras, por su mayor producción al animarse el sector del ladrillo.

Las centrales térmicas son uno de los principales focos de emisión de gases de efecto invernadero en todo el mundo occidental.

Para Ecologistas en Acción, el país “sigue sin hacer los deberes” en esta materia, ya que “no se aprecian transformaciones relevantes en el sistema productivo español que puedan considerarse adecuadas a la realidad del cambio climático”. De hecho, anotan, el descenso de las emisiones “es mayoritariamente atribuible al incremento en un 25,9% de la producción hidroeléctrica durante 2016, más que a un cambio en la estructura del modelo energético”.

Paralelamente, el resto de sectores “obtienen peores resultados que el año anterior”, algo especialmente destacable en el tráfico rodado por la “falta de medidas reales que frenen el uso del vehículo particular y el transporte de mercancías por carretera”.

La mitad de las comunidades

Además de Aragón, otras comunidades como Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia han establecido gravámenes sobre la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera en actividades industriales, mientras otras como Asturias se centró en la distribución de energía, Catalunya se plantea gravar los efectos contaminantes de los automóviles y Baleares trabaja en su propio modelo.

El único de estos tributos que no ha salido adelante fue el la ecotasa de Extremadura, anulada por el Constitucional al considerar que su fórmula para gravar los efectos contaminantes de la generación, distribución y almacenamiento de energía suponía un caso de doble tributación paralelo al IAE (Impuesto de Actividades Económicas), argumento que fue rechazado en el pleito aragonés.
En la actualidad, y tras la reforma fiscal de hace dos años, esta comunidad grava con 50 euros cada tonelada de óxido de nitrógeno y de azufre que vierta cada instalación industrial y con 20 céntimos las de CO2, con una exención para las 100 y las 150 primeras en el caso del NOx y el SOx, respectivamente, y para las 100.000 iniciales de dióxido de carbono.