El Gobierno usará el superávit actual del sistema eléctrico para devolver a las principales eléctricas del país las cantidades abonadas en concepto de bono social durante los años 2015 y 2016 para cumplir con las últimas sentencias en este sentido del Tribunal Supremo.

Esta solución, que se recoge este martes en el Boletín Oficial del Estado, fue habilitada dentro de los presupuestos generales de 2017 aprobados a principios del verano y supondrá la devolución de unos 500 millones de euros a Iberdrola Endesa, Gas Natural, Viesgo (antes E.On España) y EDP España.

El bono social es una tarifa reducida específica para consumidores sociales vulnerables que tiene un coste aproximado de 200 millones de euros al año, cuya financiación el Gobierno busca ahora extender a todo el sector eléctrico.

España, que llegó a acumular una deuda de casi 30.000 millones por el denominado déficit de tarifa o desequilibrio entre los ingresos y costes regulados del sistema eléctrico, lleva registrando superávits tarifarios desde 2014 como consecuencia de los recortes introducidos con la reforma eléctrica (acumula más de 1.000 millones, a los que habrá que sumar la cantidad correspondiente a 2016). Esta misma ley establecía que cualquier superávit debía destinarse íntegramente a amortizar el déficit acumulado, que todavía es superior a los 20.000 millones de euros. 

En un reciente auto, el Tribunal Supremo ya había estimado que estas indemnizaciones a las eléctricas por las cantidades abonadas por el bono social debían realizarse con cargo al sistema eléctrico, y no al Tesoro Público o a las comercializadoras.

A finales de octubre del año pasado, el Supremo ya había estimado los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo -la antigua EON España- y reconoció el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del real decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación, e impugnado hasta la fecha de ejecución de la sentencia.

A este respecto, el Gobierno ya había incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017 en las que recogía la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector.