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Las eléctricas inician la batalla judicial contra el impuesto a los pantanos de Aragón

Un tributo ambiental, al margen de la producción y la propiedad

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Mequinenza, gestionado por Endesa, es el principal embalse de producción hidroeléctrica ubicado en la comunidad aragonesa.

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@e_bayona

ZARAGOZA .- Las compañías eléctricas han iniciado la batalla judicial contra el impuesto sobre los pantanos de producción energética que Aragón ha comenzado a aplicar este año, tras la reforma fiscal que la izquierda en bloque aprobó en diciembre. El primer recurso contra esta norma se conoce el mismo día que el Supremo, al avalar otro tributo ambiental aragonés, el que grava la explotación de telesillas en las estaciones de esquí, dictamina “la necesaria asunción de un coste por parte de las empresas que (…) dañan el medio ambiente”.

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Un tributo ambiental, al margen de la producción y la propiedad

La primera empresa en llevar a los tribunales el impuesto sobre los embalses ha sido Endesa Generación, la principal afectada por este tributo junto con Acciona. Ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), “en todo lo relativo al impuesto medioambiental sobre determinados usos y aprovechamiento de agua embalsada”, la orden por la que la Consejería de Hacienda estableció los modelos de declaración censal, autoliquidación y pagos fraccionados de este gravamen y del que afecta a las líneas eléctricas de alta tensión. El TSJA ha hecho público un edicto por el que da quince días de plazo para personarse en el recurso a “quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a derecho” de la orden.

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Flecos abiertos en la orden que lo regula

El impuesto grava la explotación de instalaciones de turbinado y de bombeo mixto ubicadas en “cualquier presa situada en el territorio” aragonés de más de quince metros de altura, sin incluir los cimientos y hasta la coronación, y los embalses de más de veinte hectómetros cúbicos de capacidad que estas generen.

El Supremo avala los impuestos ambientales

Por otro lado, la comunidad autónoma obtuvo este martes el aval del Supremo para mantener ese tipo de impuestos. La sentencia, en la que avala el gravamen a los telesillas y funiculares, se refiere al “más intenso daño medioambiental” que causan las estaciones de esquí, ya que “afectan al medio forestal, atraen masivamente la presencia de personas, perturban el ecosistema y la fauna e inciden sobre la calidad del agua que atesoran las montañas en invierno”. Y, en ella, el tribunal abre de par en par la puerta a los impuestos ecológicos al señalar que existen “otro tipo de instalaciones como el transporte de electricidad” susceptibles de un tratamientos fiscal “equiparable” por “poder predicarse de ellas también un daño medioambiental”.

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El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, con Carolina Bescansa y Adolfo Barrena, de Podemos y de IU, el día que los diputados de estas formaciones llevaron al TC la subida del recibo del agua en la capital.

El TC admite el recurso contra la subida del recibo del agua

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite, también este martes, el recurso presentado por más de medio centenar de diputados de Podemos, IU y las mareas contra el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) de Aragón, que desde hace meses enfrenta al Ayuntamiento de la capital, gobernado por Zaragoza en Común (ZeC), con la comunidad autónoma.

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