El debate sobre si en la Comunidad de Madrid se pagan muchos o pocos impuestos ha irrumpido con fuerza en la precampaña de las elecciones del 4 de mayo después de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunciara el pasado martes por segunda vez "la mayor rebaja fiscal de la historia", algo que ya hizo en la campaña electoral de mayo de 2019. Desde el otro extremo, Unidas Podemos le respondía con el anuncio de su propuesta fiscal: subir impuestos a las rentas altas para recaudar 3.350 millones más al año en Madrid. El PSOE de Ángel Gabilondo también terció en dicho debate al asegurar que su intención es mantener los impuestos tal como están y no tocarlos.

En realidad esta nueva controversia arrancó el lunes, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció una reforma fiscal que contempla la armonización a partir de 2022 de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, cuya gestión está cedida a las comunidades autónomas, y que en el caso de Madrid están bonificados total o parcialmente: 100% en el caso del Impuesto de Patrimonio y 99% en el caso del de Sucesiones y donaciones para familiares directos. La ministra Montero declaró que el objetivo de esta armonización fiscal es evitar que la descentralización "deje vacíos algunos impuestos" como ya ocurre en Madrid.

El anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez probablemente implicará una subida de los impuestos en Madrid, sobre todo en el de Patrimonio, que en este territorio no se paga, lo que rompería con lo que ya se ha convertido casi en una tradición: entre 2004 y 2018 todos los Gobiernos autonómicos del PP bajaron los impuestos ininterrumpidamente. Tras dos años en la Puerta del Sol, Ayuso aún no lo ha hecho, pero no porque no quiera, sino porque la pandemia se cruzó en su camino.

Lo cierto es que la propuesta de Ayuso vuelve a poner de actualidad una pregunta que desde hace ya algunos años se plantean partidos y expertos en fiscalidad: ¿Hay margen para bajar aún los impuestos en Madrid, una comunidad autónoma que ya tiene la presión fiscal más baja de España y a la que incluso otro territorios han llegado a acusar de hacerles dumping fiscal?

En su propuesta, Unidas Podemos acusa al PP y a Ayuso de haber convertido Madrid en "un paraíso fiscal". Una acusación que se repite por parte de Más Madrid aunque recurriendo a otra expresión: la candidata Mónica García dijo también el martes que "el desajuste fiscal de Madrid es conocido por todos". Es más, muy gráficamente, García añadió que Madrid no puede ser "la comunidad de apadrina un millonario".

Estas acusaciones no carecen en absoluto de fundamento. Desde hace varios años, los datos del Ministerio de Hacienda así como diversos informes y expertos certifican que la política fiscal de Madrid beneficia a los más ricos y capta a contribuyentes de rentas altas de otras regiones.

Es más, la propia Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid alardea de ello: el pasado mes de diciembre, el consejero, el ultraliberal Javier Fernández-Lasketty, afirmó que desde 2004 "los madrileños se habían ahorrado" 48.292 millones de euros en impuestos, a una media de 15.000 euros por ciudadano. Lo que para el PP es "un ahorro", para la oposición es un claro privilegio para los más ricos y una renuncia en toda regla a unos ingresos que servirían para pagar servicios públicos fundamentales en un Estado de bienestar.

"Si no podemos hablar propiamente de paraíso fiscal, sí que podemos decir que los impuestos en Madrid son bajos y que son los ricos y los muy ricos los que salen más beneficiados", certifica Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y experto en fiscalidad.

Cruzado recurre al ejemplo más ilustrativo: describe que en 2018 más de 15.000 personas en Madrid se libraron de pagar 905 millones de euros en el Impuesto de Patrimonio. "En España hay unas 7.000 personas con un patrimonio de más de seis millones de euros y la mitad no pagan el impuesto porque viven en Madrid. Si vamos a los muy ricos, de las 600 personas que hay en España con un patrimonio superior a 30 millones de euros, 400 están en Madrid y tampoco pagan. Y lo mismo ocurre con el Impuesto de Sucesiones".

Una tendencia regresiva que Ayuso plantea reforzar. La presidenta madrileña quiere bajar medio punto menos en el IRPF en todos los tramos, sin hacer distinciones entre los ingresos de los ciudadanos. En este sentido, Cruzado recuerda que el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta "tiene ya la tarifa menos progresiva de toda España, tanto es así que los contribuyentes que ganan más de 60.000 euros, que apenas suponen el 7% del total en Madrid, se llevan casi el 50% de la rebaja fiscal en este impuesto". Esa bajada de medio punto volvería a favorecer a aquellos ciudadanos con una renta más alta.

Consecuencias en las políticas sociales

Un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas cifró a finales de 2020 la cantidad de dinero a la que renuncia cada año la Comunidad de Madrid por estas bonificaciones y rebajas fiscales respecto a otros territorios: unos 4.100 millones de euros. De esa cantidad unos 900 millones –905 millones en 2018– correspondieron al Impuesto de Patrimonio, unos 2.600 al Impuesto de Sucesiones y Donaciones y algo más de 500 millones al IRPF. Ese mismo informe, apunta Cruzado, "recoge que Madrid es la Comunidad Autónoma que menos impuestos recauda per cápita".

Cruzado, de hecho, recuerda que esta "espiral a la baja" comenzó hace ya muchos años con Esperanza Aguirre, quien presidió la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012 aplicando una política económica marcadamente liberal. "En 2006 se dieron más competencias a las comunidades autónomas en materia fiscal y ya en 2007 el Gobierno de Aguirre baja el Impuesto de Sucesiones. En 2010 ya se modifica el impuesto sobre la renta y en 2011 ya se establece la exención del Impuesto de Patrimonio", rememora Cruzado. Desde entonces y sólo con la supresión de este Impuesto de Patrimonio la Comunidad de Madrid ha dejado de ingresar casi 7.000 milllones de euros.

Una renuncia que, pese al manido mensaje del PP de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, tiene consecuencias claras y visibles en las políticas. La casuística es amplia, pero hay un dato demoledor: Madrid, que ya concentra el 19,2% del Producto Interior Bruto (PIB) de España y es la comunidad autónoma más rica del país, es la penúltima en inversión sanitaria por habitante, sólo por delante de Andalucía, según las estadísticas del ministerio de Sanidad: en 2019 apenas invirtió 1.340 euros por habitante frente a los 1.682 de Extremadura o los 1.873 de Euskadi.

Frente a estas bonificaciones, exenciones y rebajas fiscales, Unidas Podemos pretender recuperar 3.180 millones al año "para ser destinados a servicios públicos y derechos sociales". La formación liderada por Pablo Iglesias propone eliminar la exención del Impuesto de Patrimonio para quienes tengan más un millón de euros y lo mismo para quien herede por más de esa cantidad. En cuanto al IRPF, propone subirlo un 6% para los que ganen más de 150.000 euros anuales, un 4% a los que ingresen entre 60.000 y 150.000 euros, mantener el tipo actual para los que ganen más de 12.450 euros y bajarlo medio punto a los que ingresen menos.