"No conocemos a ninguna compañera que haya comenzado a cobrar el subsidio extraordinario anunciado por el Gobierno", afirman diversas representantes de organizaciones de empleadas del hogar. La respuesta se repite de la misma forma desde distintas comunidades autónomas y desde distintos colectivos que agrupan a estas trabajadoras. Cinco meses después de la declaración del estado de alarma por la covid-19, la situación que viven decenas de miles de estas trabajadoras es "desesperada", afirman. Aquellas que han sido despedidas el 14 marzo, día en que se decretó el confinamiento, llevan todo ese tiempo sin tener ningún ingreso, algo "dramático" en sector que de por sí ya era altamente vulnerable antes de la pandemia.

Los datos, no son fáciles de rastrear porque el Gobierno apenas da información sobra la evolución de estas cifras. El pasado 2 de julio el propio secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, desvelaba que hasta esa fecha un total de 32.020 trabajadoras domésticas habían solicitado este subsidio especial, pero no daba ninguna cifra sobre a cuántas de ellas se les había admitido la solicitud, ni si se habían comenzado a desembolsar las ayudas. Sólo se limitó a asegurar que antes del 10 de julio (fecha del mes en que el SEPE hace efectivas las nóminas), se comenzarían a transferir los subsidios.

Tal es la opacidad en los datos, que el pasado 16 junio miembros de Más País Andalucía decidieron interponer una pregunta en el portal del Transparencia (un mecanismo por el que el Estado está obligado a dar respuesta a consultas de la ciudadanía). Pedían al Gobierno (concretamente al ministerio de Trabajo y Economía Social) conocer "el número de personas en cada provincia que han solicitado el subsidio de desempleo excepcional por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la seguridad Social". También solicitaba conocer el número de personas "a las que se les ha concedido el subsidio en cada provincia y el número de personas a las que se les ha desestimado", así como el "importe total acumulado por provincia que se ha pagado por este concepto desde la entrada en vigor de la medida".

La escueta respuesta del SEPE llegó aproximadamente un mes más tarde. En la nota fechada el 8 de julio este organismo, dependiente de Trabajo, sólo respondía que hasta esa fecha se habían recibido un total de 32.020 solicitudes de las cuales sólo se habían admitido 67. El organismo público explicaba en su respuesta que desde el 31 de marzo en que se adoptaron las medidas urgentes, se comenzó a desarrollar la resolución que permitiera este subsidio, así como "el diseño de la aplicación informática necesaria para dar soporte a este nuevo subsidio extraordinario de empleadas del hogar". De hecho, en su respuesta de julio, el SEPE afirma que los datos que suministra forman parte de una "prueba piloto" para comprobar el correcto funcionamiento de la herramienta. 

Fuentes del ministerio de Trabajo afirman que se trata de un subsidio "histórico" puesto que "nunca se había habilitado una protección igual, y que se suma al trabajo de ratificación del convenio 189 de la OIT", y aseguran que existe un "firme compromiso de este Ministerio con las empleadas de hogar y con la defensa de sus condiciones de trabajo". Explican que al tratarse de "un subsidio ex novo, ha exigido un desarrollo informático nuevo y muy complejo, en el que hubo que armonizar y calcular las bases reguladoras de todos los empleos que puede tener una persona empleada de hogar, que suele tener varios empleadores". 

La necesidad de estos desarrollos retrasaron la puesta en marcha de este subsidio extraordinario, que sólo se pudo comenzar a solicitar desde el 5 de mayo, más de un mes después de anunciado y publicado en el BOE, y que podía pedirse hasta el 21 de julio. Pero la respuesta del SEPE a la petición de información de miembros de Más País implica que las pruebas sobre la idoneidad de la herramienta se seguían realizando dos meses después de haberse iniciado el plazo de presentación de solicitudes. De hecho, Más País había presentado ya en el Congreso una enmienda para modificar el mecanismo por el que se solicitaba la prestación, exigiendo que ésta pudiera ser tramitada por la persona trabajadora, la empleadora o por una tercera persona debidamente autorizada, con el fin de garantizar este derecho. 

Fuentes sindicales de CCOO resaltan que el SEPE no era la mejor institución para gestionar estos fondos. No sólo por encontrarse colapsada debido a la ingente cantidad de trabajo por la gestión de los ERTES, sino, tal como explica Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de este sindicato, porque "no ha tenido ninguna relación con este colectivo de trabajadoras, puesto que nunca habían tenido derecho a la prestación por desempleo". Por ello este sindicalista ya abogaba en un artículo de opinión en Público en abril pasado, porque fuera la propia Seguridad Social quien tramitase las subvenciones.

"No existen datos oficiales porque el Gobierno no los hace públicos. La sobrecarga del SEPE nos hacía temer desde el principio que las subvenciones para las empleadas del hogar se cobrarían muy tarde, y así ha pasado", añade Bravo. Según este sindicalista, los datos recabados por Más País coinciden con las estimaciones que maneja CCOO. "Sabemos que hasta julio una ínfima cantidad de personas pueden haber cobrado la subvención. Se trata de un  número tan irrisorio que podría medirse en unas pocas decenas de personas", añade Bravo.

 De la euforia a la decepción

Fuentes del Ministerio de Trabajo afirman que, gracias a un acuerdo con las entidades bancarias se han comenzado a reconocer y a pagar esta subvención de forma adelantada, aunque no aportan datos de cuántas peticiones se han aceptado hasta la fecha ni cuántas son las que se han comenzado a desembolsar. 

Por su parte, las organizaciones de trabajadoras del hogar y de los cuidados están indignadas. Lo que parecía el inicio de un reconocimiento de derechos largamente reclamados por este colectivo, afirman que se ha tornado en "decepción y frustración". "Nosotras celebramos la puesta en marcha de este subsidio como un avance, pero lamentamos grandemente la falta de capacidad que ha tenido el SEPE para gestionarlo. Ha habido falta de personal y sobre todo de formación de éste, que no entiende las condiciones y los problemas de las empleadas del hogar", explica a Público Carolina Elías, responsable de la organización Seadoac. 

Uno de estos desencuentros radica en la creación de la herramienta para solicitar las subvenciones, un cuestionario muy complejo pensado para ser remitido online, que no tiene en cuenta la falta de medios y de formación en sistemas electrónicos de estas trabajadoras. Esto obligó a que muchas de las solicitudes fueran enviadas por correo, lo que ha retrasado el proceso. "Tampoco entienden la situación de desprotección, de desinformación y de vulnerabilidad de las empleadas del hogar", abunda Elías, que como el resto de sus compañeras consultadas por este medio, lamenta la falta de información sobre el proceso que han tenido que suplir como han podido las organizaciones.

Más rotunda en su respuesta es Silvia Carrizo, portavoz de la asociación Malén Etxea del País Vasco. "Esta subvención es una estafa, una burla. El estado de alarma se decretó a mediados de marzo y le llevó a las autoridades más de un mes darse cuenta de que en el mundo no había sólo ERTES y empresas, sino también trabajadoras que si ya estaban en condiciones muy malas, esta situación vino a empeorarla aún mas".

"El subsidio para las Trabajadoras del hogar no ha tenido en cuenta las condiciones extraordinarias de este colectivo y sus limitaciones. Porque se trata mayoritariamente de empleos irregulares; las mujeres que lo ejercen son mayoritariamente inmigrantes, muchas de ellas sin papeles. Las mujeres autóctonas trabajan por horas. El subsidio ya limitaba el número de posibles solicitantes a que estas estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social, lo que reducía considerablemente el número de destinatarias. Pero tampoco tuvo en cuenta que las que están dadas de alta en la Seguridad Social cotizan muy por debajo de las horas reales que trabajan. Si a esto se le suma que el subsidio sólo cubría el 70% de la base reguladora, esto supone que el ingreso que iban a cobrar era muy reducido", añade Carrizo.

"El lema de que no se dejaría a nadie atrás y la puesta en marcha de este subsidio son una mentira. Porque hay muchas mujeres que se están quedando atrás", añade Carrizo. Y cita especialmente a las que trabajan como internas. "Muchas internas han soportado secuestradas en su trabajo la pandemia. Ellas han sido esenciales para que no se contagiaran los ancianos y es de justicia que reconozca que su labor ha sido esencial. No hay una crisis de los cuidados, sino una explotación de mujeres inmigrantes. Vamos para cinco meses y no conocemos más que miseria", explica.

Sin noticias del SEPE ni del Gobierno

Si de una cosa se quejan amargamente las resperesentantes de las organizaciones es de la falta de interlocución con el Gobierno y el SEPE. La plataforma Grupo Turín (que agrupa a las organizaciones de empleadas del hogar de todo el Estado) lleva tiempo intentando solicitar una reunión con directivos del SEPE, especialmente con la subdirectora general, Isabel Torrente Tortosa, pero no lo han logrado.

"Se suponía que en junio teníamos que empezar a cobrar y todavía estamos esperando. Hay compañeras que hace más de cinco meses que han sido despedidas y no cobran nada; que están enfermas, que han enfermado también por la covid. Estamos presionando bastante desde los colectivos para tener una reunión con el Gobierno o con el Ministerio de Trabajo y de Inmigración para contarles las dificultades que estamos sufriendo las trabajadoras del hogar para acceder al subsidio. Esta era una medida económica que se hizo para que las trabajadoras del hogar no tuviéramos las condiciones que tenemos con los despidos. Pero la realidad es que son muchas las que no tienen ni siquiera para comer y lo único que las ha salvado son las ayudas económicas de los barrios que han estado con los bancos de alimentos", afirma Rafael Pimentel, del colectivo Territorio Doméstico.

Pero el problema va más allá de los colectivos. "El problema no es sólo que se han admitido pocas solicitudes hasta la fecha, sino que todas las solicitudes que por algún motivo no han reunido todos los requisitos, pasan automáticamente a una carpeta de espera, se archivan y no se tramitan", explica Elías.

Esta activista relata que la mayor parte de sus colegas no han recibido ninguna notificación sobre su expediente. "Estamos en contacto con asociaciones de todo el Estado Español y sabemos que no han recibido ni un mensaje que indique que se ha recibido el expediente, ni tampoco ningún número para hacer seguimiento de la solicitud para reclamar. Nos han dicho que el SEPE hará los requerimientos que no estén bien cumplimentados, pero no sabemos cuando. Y en muchos casos se trata de datos subsanables, como el DNI del empleador, pero no se les ha pedido a las compañeras".

"Nos parece una vergüenza total que para una vez que se hace algo con las trabajadoras del hogar, estemos todavía así y que nadie nos responda a nada. Ni a las organizaciones ni a las compañeras que llaman por teléfono y nadie las atiende. No hay forma de saber si te han concedido o no el subsidio.  A los colectivos no se nos llama ni se nos tienen en cuenta para ver como podemos mejorar las situaciones de la gente y las gestiones. Nosotras llevamos casi dos meses exigiendo esa reunión pero no nos contestan nada", afirma Pimentel.

Las trabajadoras del hogar en nuestro país siguen incluidas en un régimen especial de la Seguridad Social, que les impide disfrutar de muchos derechos laborales, como por ejemplo a la subvención por desempleo. Desde hace años este colectivo viene reclamando al Gobierno Español que ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege sus derechos laborales. Sin embargo España lleva nueve años sin firmarlo. Para algunas ,como Elías, ya ni siquiera se trata de dar esa batallas. Exige de formal urgente la equiparación de derechos y la inclusión en el régimen general de la Seguridad social.

Para esta activista este sería un buen momento para que el Gobierno acometiera estos cambios. "La inversión realizada por el SEPE para desarrollar el modelo de subvención para la covid-19 resultaría en un despilfarro si esta infraestructura no se aprovecha para "dignificar la situación de las empleadas del hogar", afirma.

Nota: este artículo fue completado después de su publicación para incorporar las aportaciones del Ministerio de Trabajo.