Deliveroo ha vuelto a los tribunales a causa de su relación laboral con sus repartidores, los riders. El Juzgado de lo Social nº 2 de Zaragoza ha albergado un juicio este viernes para dirimir si 55 repartidores, que trabajan con la empresa como falsos autónomos, deben mantener esta relación con la empresa de reparto, o bien pasan a ser considerados trabajadores asalariados.

"Salimos muy contentos porque se han conseguido demostrar todos los elementos del acta de liquidación por parte de la Inspección de Trabajo", comentaba tras esta primera jornada Rubén Ránz, coordinador de la plataforma del sindicato turespuestasindical.es, un servicio que ofrece asesoramiento laboral a las personas que trabajan para plataformas digitales. Ahora, el proceso judicial queda pendiente de la aportación de una última parte de la prueba por la Administración, en relación al expediente de la Inspección de Trabajo.

Desde la plataforma sindical esperan que esta última fase del juicio tenga lugar en unos quince días, siendo entonces también el momento para las conclusiones finales y el dictamen de la sentencia, ante la cual los denunciantes se muestran optimistas, pero prudentes. 

Ránz asegura que desde la plataforma de reparto no han sido capaces de rebatir los argumentos propuestos desde la parte contraria y su estrategia se ha basado en "desacreditar la Inspección de Trabajo". Para ello, han cuestionado la fiabilidad del sondeo realizado a los trabajadores, habiendo entrevistado la inspección a 45 de los 55 implicados. En general, ha sido "un intento de individualizar un procedimiento que va en conjunto de todos los trabajadores afectados", comenta. 

Más allá del desarrollo del contencioso, el propio comienzo del mismo suponía ya la primera buena noticia para los repartidores, puesto que los representantes legales de Deliveroo habían solicitado una serie de informes a Hacienda, con los que pretenden demostrar que los riders no trabajaban de forma exclusiva para su plataforma, algo que apoyaría la postura de la empresa en este proceso. La solicitud buscaba imitar la maniobra legal empleada por Glovo en septiembre para posponer un juicio muy similar hasta 2020.

El litigio nace a raíz de una inspección de Trabajo y la Seguridad Social en 2018, que sostenía que los repartidores de la plataforma eran falsos autónomos. La tesis es apoyada desde UGT Aragón, como ha explicado Ránz. "La mayor seguridad que pueden tener los trabajadores es el convenio colectivo", ha sostenido Ranz antes de entrar a los juzgados. 

"Estas plataformas digitales -Deliveroo, Glovo, Uber Eats...- dejan de cotizar a la Seguridad Social 98 millones de euros a nivel estatal. Vamos a determinar cómo cotizamos el reparto de la riqueza y cómo se mantiene un sistema que protege los derechos de los trabajadores", ha aseverado Ránz.

Estos riders mantenían en el periodo inspeccionado -entre febrero y octubre del año 2017- una relación laboral conocida como trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE), que se da cuando estos autónomos perciben, al menos, el 75% de sus ingresos de un único cliente o empresa. 

Para Ránz, el intento de demorar el litigio tiene como objetivo ganar tiempo para que haya "una legislación favorable con el TRADE digital". "Están haciendo lobby en el Congreso para conseguir una legislación que les valide su modelo de trabajo, porque son conscientes de que están cometiendo una ilegalidad manifiesta".

En el contencioso se ha personado la plataforma Asoriders, otros abogados de oficio y el sindicato UGT, que comparte la tesis de Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.