Corrupción en el Ibex-35 'Plaza', 'Lezo', 'Púnica', 'tres per cent', 'Caso Palau': la corrupción salpica a las grandes constructoras españolas

Acciona, la constructora de la familia Entrecanales, se ha convertido en la primera empresa del selecto Íbex 35 que admite vínculos con la corrupción mientras los tribunales investigan a otras como Indra en los casos Lezo y Púnica, a ACS en Lezo y el ‘tres per cent’ y a FCC, ésta en la Púnica y en el caso Pujol, y el Supremo estudia si dos directivos de Ferrovial deben ser condenados por, presuntamente, canalizar comisiones que acababan en manos de la antigua Convergència a través del Palau de la Música. Fuera del Íbex. OHL, la constructora que preside Juan Miguel Villar Mir, también está bajo la lupa de los investigadores.

Acciona ha aceptado su responsabilidad civil en el llamado caso Saqueo de Plaza, una empresa pública del Gobierno de Aragón en la que tanto este como la Fiscalía Anticorrupción valoran en 147 millones de euros el desfalco perpetrado por una trama en la que participaban varios de sus ejecutivos, entre ellos los exdelegados autonómicos José María Jordán y Miguel Ángel Bretón y el director técnico de la UTE, Miguel Ángel Pérez, junto con altos cargos de la plataforma logística como el exgerente Ricardo García Becerril y una decena de empresarios, entre ellos el constructor Agapito Iglesias, expresidente del Real Zaragoza, y Manuel Colonques, uno de los propietarios de Porcelanosa.

El desvío de dinero se produjo entre 2012 y 2014 en la construcción de la plataforma logística de Zaragoza, ejecutada por una UTE formada por Acciona y MLN y cuyo presupuesto inicial de 167 millones de euros derivó en una liquidación de 367.

Finalmente, Acciona y el Gobierno de Aragón cerraron un acuerdo, bendecido por Anticorrupción y que será convalidado por la Audiencia de Zaragoza el 10 de diciembre junto con las condenas que están negociando una veintena de acusados, por el que la constructora acepta indemnizar directamente a la comunidad autónoma con 60 millones de euros mientras en resto (hasta 87 millones) "se resolverá mediante un proceso arbitral que habrán de decidir tres árbitros especializados en este tipo de obras" en un plazo, en principio, inferior a un año.

El primer reconocimiento

El acuerdo para asumir la responsabilidad civil, que conllevará una rebaja de las condenas para los acusados por la atenuante de reparación del daño, convierte a Acciona en la primera sociedad que cotiza en el selectivo Íbex 35 que admite un vínculo entre su actividad empresarial y la corrupción y que resulta condenada por ello, aunque no en el plano penal sino en el civil.

"La UTE reconoce una responsabilidad por la malversación", explicó el fiscal Juan José Rosa, en un asunto en el que nunca se halló el rastro del grueso del dinero presuntamente desfalcado.

El acuerdo llega después de que el pasado viernes declarara a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) unos beneficios netos de 222 millones en los primeros meses de este año y después de que sus acciones se hayan revalorizado un 37,5% en el último año, en el que han pasado de 57,03 a 78,44 euros. Este lunes llegó a rozar los 80.

Acciona no es la única firma del Íbex 35 que estaba bajo sospecha. Otras tres, como Indra, ACS, FCC y Ferrovial, ocupan lugares destacados en algunos de los principales sumarios por casos de corrupción que se han instruido en los últimos años.

Ferrovial en el caso Palau, Indra en Púnica y Lezo, ACS en Madrid y tres per cent
Así, Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo que modifique la sentencia del caso Palau, en la que la Audiencia de Barcelona absolvió a dos directivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga. La Fiscalía los considera responsables del pago de las mordidas que recibían Félix Millet y Jordi Montull, presuntamente a cambio de adjudicaciones de obras por parte de la Generalitat, y que acababan en las arcas de la antigua Convergència Democràtica.

Indra, cuyo principal accionista es el Estado, aparece tanto en las pesquisas de la Púnica como en las de Lezo. En las primeras, un exalto cargo de la comunidad de Madrid señala a esta empresa como una de las que pagaban comisiones a través del presunto conseguidor Alejandro de Pedro. En las segundas, los investigadores rastrean el recorrido de más de un millón de euros pagados a varias sociedades desde las que el dinero terminó, supuestamente, en la caja B del PP madrileño.

En el caso de ACS, las investigaciones del tres per cent tratan de esclarecer a qué responde una donación de 60.000 euros realizada por la Fundación ACS al think tank convergente CatDem en vísperas de que el Ayuntamiento de Olot (Girona) renovara la contrata de la recogida de basuras a su filial Urbaser (luego vendida al grupo chino Firion Investments). Antes hubo otros pagos que suman 120.000 euros, aunque no ha trascendido que la investigación los relacione con ninguna adjudicación concreta.

Paralelamente, la Audiencia Nacional trata de esclarecer en el caso Lezo por qué motivos ACS subcontrató a Tecnoconcret, una empresa controlada por el expresidente madrileño Ignacio González, su hermano Pablo y tres socios más, para unos trabajos en el polémico proyecto Canal Golf que a su vez esta subcontrató para obtener un beneficio de más de medio millón de euros.

FCC y Pujol, OHL e Ignacio González

FCC, otra de las grandes constructoras que cotizan en el Íbex 35, tampoco se libra de las investigaciones por corrupción: aparece en las pesquisas de la Púnica, como presunta pagadora de sobornos a cambio de adjudicaciones, y del caso Pujol.
En el segundo caso, las investigaciones se centran en esclarecer el origen y el motivo de 25 pagos que suman 710.000 euros que llegaron a una cuenta suiza presuntamente controlada por el hijo mayor del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, desde una sociedad interpuesta llamada Brandtrigde Holdings Limited.

Por otro lado, varios jueces de la Audiencia Nacional tratan de aclarar si la empresa que preside Juan Miguel Villar Mir, OHL, que salió hace unos meses del Íbex, pagó sobornos a políticos y, concretamente, si hizo llegar más de un millón de euros a una cuenta suiza del expresidente madrileño Ignacio González, entre otras operaciones bajo sospecha.

La actividad de este grupo empresarial también se encuentra bajo la lupa de los investigadores en el caso Son Espases, en el que un juzgado mallorquín trata de esclarecer una supuesta trama de corrupción en torno a la construcción del mayor hospital de la isla, y en Cádiz, por la gestión de una red de alumbrado público y la renovación de señales de tráfico.