Colau multará a las eléctricas si no garantizan los suministros básicos a las familias más vulnerables

BARCELONA.- . El gobierno municipal encabezado por Ada Colau, desde que iniciara su mandato en Barcelona, no ha dejado de presionar a bancos y grandes empresas para garantizar los derechos básicos de la ciudadanía incluidos en su plan de emergencia social. Primero empujaron a las principales entidades bancarias a ampliar el parque de vivienda social. Ahora, indivisible a este derecho, amenazan con sancionar a las compañías suministradoras Gas Natural y Endesa si no cumplen la vigente ley 24/2015 para combatir la pobreza energética, que recoge evitar los cortes de suministros a las familias en situación de vulnerabilidad. Las sanciones serán tramitadas por los equipos jurídicos de la Administración y oscilarán entre los 10.000 y los 100.000 euros.

Colau ha advertido que la ley 24/2015 contra la pobreza energética -aprobada el 29 de julio a través de una ILP impulsada por la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC-, se debe aplicar de forma “obligatoria” y “corresponsabiliza a la Administración y a las empresas suministradoras” en la garantía del acceso a los suministros básicos a las rentas más bajas. “Endesa y Gas Natural no han querido firmar ningún acuerdo y han dejado que toda la responsabilidad para evitar los cortes recaiga en la Administración”, se ha lamentado, “cuando son las grandes beneficiarias de los últimos años de crisis económica”. Las ayudas del Ayuntamiento para evitar los cortes de suministros han ascendido un 22% en el año 2015, lo que equivale a 5.062 familias cubiertas según el consistorio.

Valoración positiva de la Alianza contra la Pobreza Energética

Desde una de las organizaciones impulsoras de ley 24/2015, la Alianza contra la Pobreza Energética, consideran “positivas” las medidas lanzadas por el gobierno municipal. Hacía meses que esta asociación reclamaba a la Administración el cumplimiento de la ley contra la pobreza energética y la imposición de sanciones para las compañías suministradoras que no acataran el principio de precaución recogido en la ley, por el que no se pueden hacer cortes de suministros a las familias en situación de vulnerabilidad.