La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) han indicado este miércoles que el Ministerio de Trabajo y Economía Social queda "invalidado como interlocutor fiable" tras pactar con EH Bildu una enmienda a la Ley de Empleo que devuelve el control a Trabajo de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

En un duro comunicado, la patronal considera que recuperar el control administrativo de los ERE que la reforma laboral de Rajoy se llevó por delante es una "traición" al acuerdo alcanzado en la reforma laboral de principios de este año. Los empresarios piden a Trabajo una rectificación para poder retomar el diálogo en un fin de año marcado por temas clave como el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI).

"En la medida que este asunto fue debatido en los trabajos de la reforma laboral, y apartado de mutuo acuerdo en aras del consenso, la actuación del Ministerio a través de la enmienda de EH Bildu supone una ruptura de la buena fe negocial que obliga a las partes a respetar y defender los acuerdos alcanzados", afirma la CEOE en su nota. Esta actuación, añade el texto, "invalida al Ministerio de Trabajo como interlocutor fiable".

A la espera de una rectificación, incide la nota, "los empresarios españoles rechazamos la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla tramposa y contraria a la buena fe".

La CEOE esperará esta rectificación de Trabajo y lanza una advertencia: afirma que verá en la junta directiva del próximo 21 de diciembre cómo afrontar esta nueva situación ante las negociaciones aún abiertas como el SMI, las pensiones o el Estatuto del Becario.

En su comunicado, la patronal también advierte de que esta modificación "tiene como fin intervenir las decisiones empresariales, es contraria a la Constitución y al derecho a la libertad de empresa y contraviene la normativa europea".

Trabajo y Bildu han acordado, vía enmienda en la Ley de Empleo, un cambio en el Estatuto de los Trabajadores para que la Inspección de Trabajo elabore un informe sobre cada ERE en el que constate la concurrencia de las causas especificadas por la empresa para alegar el despido colectivo.