El equipo económico del Ayuntamiento de Madrid está ganando la guerra a la deuda que heredó del PP. Cuando Manuela Carmena accedió a la alcaldía de la capital en junio de 2015, la ciudad de Madrid debía 5.636 millones de euros; ahora debe 3.424 millones de euros, un 39,26% menos.

Madrid sigue siendo la ciudad más endeudada —cada uno de sus habitantes debe todavía 1.076 euros— pero pese a ese abultado compromiso, también es la ciudad española que más rápido está reduciendo su deuda, tanto en términos relativos como absolutos. Sólo en 2017 la reducción de la deuda alcanzó los 445 millones de euros, un 11,5% respecto al total; ahora debe 2.213 millones de euros de lo que debía al llegar Carmena. 

Esa amplia reducción de la deuda de Madrid ha permitido que en términos generales los llamados ayuntamientos del cambio hayan reducido su deuda un 27,5%. Si no hubiera sido por Madrid, el dato de los municipios del cambio habría crecido en este tiempo en 39,3 millones (un 1,73% más), por el mayor endeudamiento de Barcelona y de Zaragoza.  En Valencia, Joan Ribó ha reducido la deuda desde que tomó la vara de mando en 184,2 millones, un 25.03% menos.

El ritmo de amortización en Madrid es tan sostenido que el objetivo declarado de los gestores económicos del consistorio es tener deuda cero en el año 2030. Además, por primera vez desde 2005 la deuda de Madrid ha caído por debajo de los 3.500 millones de euros. Hay que recordar que la ciudad alcanzó su máximo histórico de deuda en 2012 con 7.733 millones de euros, bajo el mandato de Ana Botella. 

Las perspectivas para el futuro son bastante buenas: el Ayuntamiento de Madrid cerró 2017 con un superávit de 1.120 millones de euros, lo que permite seguir asegurando la reducción de deuda. El año pasado, los ingresos ascendieron a 5.130 millones de euros, un 4,9 % más que en 2016, mientras que los gastos bajaron un 11,1%, hasta los 4.257 millones.

Y todo eso, además  incrementando el gasto social y la inversión por habitante, que en 2017 superó los 128 euros frente a los 84 euros de 2014, cuando gobernaba el PP. La ejecución del gasto social alcanzó los 567 millones de euros, registrando el gasto en programas de educación un crecimiento superior al 20% respecto a 2016.