Los Juegos del Hambre, una lotería o una tómbola son algunos de los conceptos con los que los jóvenes en Catalunya han hablado de las ayudas de alquiler del Estado de 250 euros. Y viendo cómo se han terminado en menos de 24 horas, es comprensible. Se pueden pedir hasta el próximo 17 de junio, pero más de 15.000 personas ya lo hicieron el primer día -este miércoles- porque se darán por orden de petición hasta agotar la financiación y se preveía que volarían. La Generalitat daba por terminada la suma total el mismo martes por la noche. Catalunya ha sido la primera comunidad autónoma en abrir la convocatoria después que el Estado le transfiriera los fondos para ello.

Conscientes de que se terminaría muy rápido, algunos ya estaban preparados frente al ordenador el día 8 a las nueve de la mañana, cuando se abría el plazo. "Parece que estemos comprando entradas por un concierto cuando estamos hablando de un derecho básico", denuncia Julia Rosanna Sánchez-Valverde, presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC).

Uno de los que lo hizo es Ernest: "O vas rápido o no quedará dinero. Los que estaban pendientes lo habrán podido hacer bien, pero los que lo vean en las noticias ya llegan tarde", explica por teléfono a Público unas horas después de solicitarlo. Vive en un piso que cuesta 600 euros en Girona, con dos compañeras de piso. Elisabet, que vive en el barrio barcelonés de Sant Andreu en un piso de 765 euros, explica que lo vivió con "muchísima angustia" porque no dejaba de pensar que "cuanto más tardaba, más oportunidades perdía".

Y es que los datos no dejaban margen para el optimismo: cubrirá alrededor de 9.500 jóvenes, cuando en Catalunya hay más de un millón de entre 18 y 35 años, los candidatos a pedirlo. El objetivo de la ayuda era fomentar la emancipación y por eso podían optar a ella tanto los que ya están alquilando un piso como los que todavía viven con la familia y se quieran independizar, con el compromiso de suscribir un contrato de alquiler en los próximos meses. La rapidez con la que se han agotado, sin embargo, ha convertido de facto en imposible esta opción.

Por este motivo, sumado a la escasa cifra de beneficiarios, entidades como el Sindicat de Llogateres y el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) tachan la medida de "parche" y avanzan que no servirá para revertir la baja tasa de emancipación, situada en el 17% en Catalunya: "Es una situación dramática y está bien que se hable de ella y se hagan medidas al respecto, pero no así", asegura la presidenta del CNJC.

Crónica de un desastre anunciado

Desde el principio se trató de un desastre anunciado. Tras una proclama grandilocuente a finales del pasado año por parte del Gobierno, en prácticamente seis meses no ha habido noticias. Ha sido el tiempo en el que las comunidades autónomas han tenido que adaptar el marco estatal e impulsar sus propias convocatorias.

Hasta ahí todo bien. El problema fue cuando se anunciaron las bases con una semana de antelación respecto a la apertura de la convocatoria con una serie de requisitos y documentación que, por un lado, son difíciles de preparar en una semana y, otra, a simple vista, cualquier persona menor de 30 años sabe que son complicados de cumplir y justificar. "No contempla muchas realidades que siendo una ayuda para jóvenes era imprescindible que lo hiciera", señala Elisabet. La primera, los topes fijados para el alquiler, por debajo de la media: Son 900 euros en la ciudad de Barcelona, 650 en el resto de la demarcación y también en la de Girona, y 600 en las demarcaciones de Tarragona, Lleida y Terres de l'Ebre.

Unos precios que, en el caso de pisos compartidos por tres o cuatro personas -una situación bastante extendida por la precariedad laboral- no reflejan la realidad del mercado de la vivienda y son, directamente, un "despropósito", según Sánchez-Valverde. No es ningún secreto que el precio de los alquileres ha escalado en los últimos años y que precisamente eso fuerza a los jóvenes a compartir. Ernest, por ejemplo, reconoce que su piso es "bastante barato" en cuanto a la situación general del alquiler en la ciudad, donde el tope se ha fijado en 650 euros. "Por ese precio cuesta mucho encontrar algo".

Otra base más acertada establece que se podrá optar a la ayuda para el alquiler de una habitación. Esto, que a priori parecía mucho más adecuado a la realidad de jóvenes y no tan jóvenes, choca con un texto que no aclara cómo demostrarlo y deja entrever que no había políticos ni técnicos menores de 35 años en el diseño de esta política. Muy poca gente tiene un contrato de habitación que demuestre exactamente la cuantía pagada cada mes, como dejaba vislumbrar el texto. La mayoría simplemente tiene un contrato de piso y el pago se realiza a través de una cuenta bancaria común.

Unas bases largas, complicadas y poco adaptadas a la realidad actual, difíciles de descifrar, sobre todo a este respecto, han hecho que mucha gente directamente optara a no pedirlo.

Mariona, precisamente, pensaba que quedaba fuera porque ella está en un piso de 700 euros, sólo 50 por encima del límite establecido para Girona: "Llevaba muchos días pendiente y preparándolo todo para pedirlo", lamenta en una llamada con Público. Sin embargo, intentó pedirlo igual, porque realmente ella alquila una habitación, aunque no tenga un contrato aparte.

Los topes de alquiler de una habitación están fijados en 450 euros en Barcelona, 350 en el resto de la demarcación y en Girona, y 300 en las demarcaciones de Tarragona, Lleida y Terres de l'Ebre. Unos precios mucho más ajustados a la realidad. Mariona lo justificará por esta vía, pero no sabe si se lo aceptarán. Es el mismo caso que Clara, que vive con tres chicas más en un piso de 650 euros en Tarragona, 50 euros por encima del máxima. A ella, el teléfono de información de la Generalitat, el 012, le dijo directamente que ni lo pidiera porque no se lo darían, contradiciéndose con otras instancias de la Administración.

Otro requisito difícil de cumplir en una semana es estar empadronado. La mayoría de jóvenes no lo están, por diferentes motivos, pero mayoritariamente porque en muchas situaciones no saben hasta cuándo estarán en ese piso o bien porque prefieren seguir empadronados en el barrio o ciudad de origen para mantener el centro de votación u otros servicios.

La dificultad para encontrar citas disponibles -online el trámite puede demorarse- hace que con una semana vista sea complicado corregir la situación, aunque no imposible. "Yo me tuve que empadronar el día antes con las prisas. Creo que hubiera estado bien que los criterios hubieran estado claros antes", apunta Elisabet.

Sin impacto en la emancipación

Se trata de una yincana burocrática que, además, no ayudará a impulsar la emancipación. "Puede haber personas que se beneficien, pero con unas cifras tan escasas y la poca eficiencia de esta política política, no supondrá una mejora de la emancipación en general", sostiene Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres. Otras medidas similares, como las ayudas para jóvenes durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero o una llevada a cabo en Francia, encarecieron de facto el mercado de la vivienda.

En el caso del país vecino, 80 céntimos de cada euro destinado acabaron en los bolsillos de los arrendadores, y sólo 20 fueron para los inquilinos. "Esto no es eficiente, porque sólo una quinta parte del gasto público acaba beneficiando a quien tú quieres", afirma Aragonès. Por todo ello, las organizaciones advierten que, sin una regulación de los alquileres, la ayuda podría acabar haciendo que se encarecieran los precios. Sin embargo, la baja financiación destinada a esta ayuda hace dudar al propio sindicato del impacto global que puede tener en el conjunto del mercado.

La principal ayuda para la emancipación sería, precisamente, regular los precios y paliar una precariedad laboral que atenaza de forma especial a los jóvenes, con una tasa de paro del 22%, más del doble que el del conjunto de la población. Hasta la reforma laboral aprobada en 2022 que eliminaba los contratos de obra y servicio, la mitad de contratos firmados por los jóvenes eran temporales.

Esto, de entrada, ya es una barrera para los jóvenes para acceder al derecho a la vivienda, recuerda la presidenta del CNJC. La organización reclama, también, aumentar el parque de la vivienda pública y que al menos un 30% se destine a los jóvenes. Sánchez-Valverde apunta que quienes reciban la ayuda se verán beneficiados, "podrán ahorrar", pero lamenta que cuando finalice, dentro de dos años, "no se habrá arreglado la situación".

Las dificultades para acceder al mercado de la vivienda no las afrontan únicamente los jóvenes, por lo que las organizaciones defienden ir más allá y blindar este derecho con medidas estructurales, como la regulación de los alquileres y también alargando la duración de los contratos, así como apostando por su renovación automática. "Debemos contraponer medidas como estas a la oportunidad que existe con la Ley de la Vivienda, donde nos jugamos muchísimo más", sostiene Aragonès respecto a la negociación actual sobre esta ley estatal que sí tendrá un impacto global.