La banca acumula desgravaciones que le permiten recuperar todo lo que ha pagado en impuestos desde el rescate

Los bancos españoles, cuyas patronales han recurrido esta semana ante los tribunales el impuesto extraordinario que los de mayor tamaño deben pagar como medida de apoyo para hacer frente a las exigencias de la crisis y en un año de beneficios récord, acumulan bases fiscales negativas suficientes como para compensar los impuestos que han pagado a lo largo de la última década y recuperarlos, mediante cobros en metálico, de las arcas de Hacienda.

El modelo bancario español ha desarrollado a lo largo de esta última década de rescate y concentración una particularidad en el ámbito tributario como son los DTA, o activos fiscales diferidos por sus siglas en inglés, una fórmula de descuentos tributarios específica (y 'a medida') de las entidades financieras que entró en vigor en 2013 por decreto del Gobierno de Mariano Rajoy y que les ofrece la posibilidad de descontarse 42.073 millones de euros de sus impuestos o, si no los consumen antes de 2032, de canjear la cifra restante por deuda pública.

El peculiar diseño de los DTA bancarios, que incluye las dotaciones que la entidades se anotan en previsión de impagos, el coste de las prejubilaciones y las aportaciones a planes de pensiones de empleados y directivos, ha permitido a los bancos sumar esos 42.000 millones a las bases negativas 'estándar' de más de 31.000 que ya arrastraba de ejercicios con pérdidas, en una fórmula que aplican todo tipo de sociedades.

La suma de esas dos cifras prácticamente equivale a la factura tributaria de caso 75.000 millones de euros que las entidades financieras españolas han ido pagando por sus resultados en los ejercicios de la década que siguió al rescate iniciado en 2012.

Esas cantidades ingresadas por la Hacienda pública acabarán viéndose compensadas por esas bases negativas, que en el caso de los DTA los bancos van cobrando conforme se van dando las circunstancias que establece la normativa: presentar "pérdidas contables", ser "objeto de liquidación", lo que incluye las fusiones, o ser declaradas insolventes por un tribunal, mientras que los 'estándar' se van descontando por su propio procedimiento.

De hecho, el descuento superará en la práctica la cuantía de los impuestos de una década, ya que a los pendientes de ejecutar se les deben sumar los que han ido cobrando en los últimos años, como los 4.000 millones de 2022 o los 1.300 de 2019.

Y, por otra parte, la factura tributaria que contabilizan las dos patronales del sector, Aebanca por los bancos 'de siempre' y Ceca por las cajas de ahorro bancarizadas, incluyen las que liquidan en otros países Santander y BBVA, que tienen el 80% de su negocio fuera de España.

El escaso refuerzo del patrimonio pese a los beneficios

Al margen de bicocas como la señalada, ¿aprendió la banca española las lecciones de la crisis desatada tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, que propició un rescate y un proceso de concentración cuya factura ronda los 120.000 millones de euros entre las inyecciones directas de fondos y la puesta en marcha de instrumentos como el 'banco malo'? Quizás no todas, o al menos eso parece desprenderse de la evolución de un indicador clave de sus balances como es el patrimonio neto, el epígrafe que, al mostrar la diferencia entre los activos y los pasivos exigibles, entre ellos los fondos de los clientes, muestra la capacidad de resistencia a las adversidades económicas.

En septiembre de este año, fecha de cierre de los últimos estados financieros consolidados que elaboran las dos patronales del sector, el patrimonio neto ascendía a 235.916 millones de euros, que son solo 32.789 más de los que figuraban en ese epígrafe al terminar 2012, el año en el que comenzó la operación de rescate, y únicamente 22.826 más de los que figuraban a finales de 2008, el ejercicio en el que empezó la crisis financiera que derivó en la 'gran recesión'.

"Se trata de un 'gigante con los pies de barro'", sostiene el economista Carlos Sánchez Mato, que recuerda cómo a lo largo de la última década, la del rescate y los procesos de fusión que no acaban de terminar, "ha habido una reordenación de balances en la que es muy complicado atribuir las pérdidas y quebrantos a unas entidades u otras. Pero en cualquier caso a los bancos les ha salido muy bien el rescate, porque hablamos de quebrantos limitados y de beneficios elevados".

Los beneficios acumulados por la banca española en el decenio de 2013 a 2022 suman 122.575 millones de euros, a los que se añaden otros 57.664 del lustro anterior (2008-2012) para hacer un total de 180.239, buena parte de ellos procedentes del negocio en el exterior de las dos grandes multinacionales financieras del Íbex35, Santander y BBVA.

El cruce de esos resultados con las anotaciones del patrimonio neto sitúan en el 26,7% el peso del crecimiento de ese epígrafe sobre los beneficios netos para la última década y en el 12,6% si el cálculo se realiza para el periodo de 2008 a 2022.

Eso significa que las entidades financieras solo han dedicado uno de cada cuatro millones ganados, o de cada ocho, a reforzarse, lo que, por pasiva, indica que tres de cada cuatro, o siete de cada ocho, han tenido otro destino; principalmente, la remuneración de unos accionistas cada vez más exigentes en la exigencia de rendimientos para su capital y, también, una recompra masiva de participaciones cuya finalidad es la misma por la vía de reducir la presencia de inversores minoritarios en el accionariado.

El aumento del patrimonio neto, del 16% para el periodo corto y del 10% para el largo, resulta indicativo del grado de refuerzo que se ha aplicado el sector en los últimos años, en los que su modelo de negocio ha cambiado de manera notable con la digitalización y la competencia de los neobancos.

La banca española ha cerrado en la última década casi la mitad de las sucursales al pasar de las 33.527 de 2013 a las 18.110 del pasado mes de septiembre, aunque el ratio se dispara a tres de cada cinco frente a las 45.662 de 2008, mientras las plantillas se reducían en algo más de la tercera parte al pasar de 236.504 empleados a 168.352, unas políticas comerciales y de personal que se han dejado notar en la atención a los clientes.

El modelo de negocio también ha ido variando a lo largo de la década, y lo ha hecho en una dirección que las entidades no parecen tener prisa por cambiar pese a que sí han variado las circunstancias en las que se apoyaron para comenzar a aplicarlo.

Las políticas expansivas del BCE (Banco Central Europeo) provocaron un desplome de los intereses que los bancos cobraban a sus clientes, lo que llevó a sus responsables a disparar las comisiones que les aplicaban por gestionar su dinero: se colocaron por encima de los 20.000 millones ya en 2014 y alcanzaron su mayor marca el año pasado, cuando superaron las 26.000 al mismo tiempo que el margen de intereses volvía a pasar de 70.000 como consecuencia de unas subidas de tipos que están poniendo a prueba la solvencia de las familias y de las empresas en plena ola inflacionista.

Es decir, que los dos principales componentes de la política comercial de la banca española alcanzaban el mayor volumen de la última década de manera simultánea pese a que la narrativa del sector llevaba años argumentando que si subía las comisiones era solo porque el negocio de los intereses no daba de sí, una realidad que está provocando las críticas y denuncias de las organizaciones de consumidores.

"Esos niveles de rentabilidad son insostenibles sin ayuda pública"

"Ha aumentado el tamaño de los bancos a costa de las cajas, y eso afecta a las posibilidades de generar beneficios", explica Sánchez Mato, tal y como ha quedado de manifiesto este año con el inicio de la subida de tipos.

Los activos del sector pasaron de 3,58 billones en 2012 a 4,09 en 2022, con un aumento del 14,2% que se ha concentrado en los bancos (de 2,44 a 3,08, +26,2%) mientras el tamaño de las cajas iba menguando con su bancarización (de 1,13 a 1, -11,5%), con las progresivas absorciones por otras entidades, que obligaban a tasarlas de nuevo, y con el endose de títulos al 'banco malo' y la venta de inmuebles a fondos de inversión.

Otra cosa es que ese aumento de la rentabilidad vaya a ser sostenible por sí solo: "sólo va a serlo si hay un respaldo a través de políticas públicas que ayude a las familias a pagar las hipotecas", plantea el economista, que considera el escenario "insostenible. La mejora de los márgenes de la banca sale de arrebatarle la renta a las familias y a las empresas, y eso va a afectar al consumo de las primeras y va a situar a muchas de las segundas ante elevados riesgos de continuidad por su deuda. Se mantendrá mientras las familias aguanten y el mercado de trabajo se sostenga".

La situación, en cualquier caso, comienza a presentar paralelismos con la de 2007, cuando la dificultad del acceso a la vivienda venía de sus elevados precios mientras ahora las dificultades de pago están más vinculadas al aumento de los intereses.

"La renta disponible no ha generado elementos adicionales que permitan a las familias soportar una presión como la que se está produciendo con los márgenes de la banca, no da para soportarla", añade Sánchez Mato, quien apunta la posibilidad de que, de mantenerse las tendencias de encarecimiento del crédito puede darse a medio plazo un cuadro de parón de la actividad y del consumo y de aumento de la morosidad.

"Eso solo se pueden conjurar con políticas públicas que blinden a los bancos o que protejan a las familias", anota. Y, a su vez, tanto los eventuales remedios como su combinación solo son sostenibles mediante la movilización de recursos públicos que deben ser previamente ingresados vía impuestos.