La banca acreedora de Duro Felguera negocia con la dirección de la compañía prorrogar el acuerdo de espera (standstill), que expiraba el 30 de septiembre, al objeto de dar oxígeno a la firma para poder sortear la inviabilidad.

En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Duro Felguera explica que dicha prórroga, que el consejo de administración de la ingeniería "ha aceptado", se encuentra en fase de tramitación interna por los correspondientes órganos de las entidades financieras participantes "con el objetivo de formalizarlo a la mayor brevedad y con efectos a partir del próximo 1 de octubre de 2017".

Aunque la firma no detalla el plazo en el que se extendería la prórroga, fuentes del mercado indicaron que se ampliará hasta el 31 de enero de 2018. En concreto, según las mismas fuentes, la banca ha puesto encima de la mesa 31 millones en avales para que la firma asturiana pueda seguir con su actividad y el cobro de las nóminas por parte de los empleados esté garantizado.

Este nuevo plazo de espera daría más tiempo a la compañía que preside Antonio del Valle para impulsar los proyectos en marcha y negociar con posibles interesados en su adquisición. Otras ingenierías como Elecnor o TSK figuran en las quinielas para hacerse con Duro Felguera, además del gigante chino de la construcción China State Construction Engineering (CSCEC) o el fondo de inversión británico Bybrook.

La compañía suscribió un acuerdo inicial de espera con Banco Santander, Popular, Caixabank y Banco Sabadell, al que se adhirieron Bankia y BBVA, que tenía una duración máxima hasta el 30 de septiembre 2017. El banco que preside Ana Botín es el líder indiscutible del 'pool' bancario, al acumular un 54% del riesgo financiero de la empresa.

La exposición total de la banca a Duro Felguera, incluidos avales, asciende a 1.068 millones. La deuda de Duro Felguera en balance correspondiente al Santander y a su filial Banco Popular asciende a 164,9 millones, la de la Caixa a 33,4 millones, la de Bankia a 25,9 milllones, la de Sabadell a 61,72 millones, la de BBVA a 23,38 millones y la de Liberbank a 25 millones.

La empresa, mientras está intentando reestructurar su deuda ante la caída del negocio, ha sido objeto de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el grupo de ingeniería por los delitos de blanqueo de capitales y corrupción internacional, que afectan a varios de sus directivos.