Los trabajadores autónomos están creando prácticamente el mismo volumen de empleo que las administraciones públicas desde el inicio oficial de la recuperación: casi 100.000 puestos de trabajo en tres años, desde que a principios de 2014 comenzaron a mejorar las magnitudes macroeconómicas del país.
Las estadísticas del Ministerio de Empleo revelan cómo entre el primer trimestre de 2014 y el mismo periodo de 2017 el número de asalariados contratados por autónomos pasaba de 776.830 a 872.245. Ese aumento de 95.415 empleos, que supone una media de más de 600 semanales, procede únicamente de las contrataciones de los 1,9 millones de “autónomos puros”, sin incluir a los integrados en sociedades y cooperativas, que son alrededor de 1,2 millones.

Las condiciones laborales de estos asalariados, contratados como trabajadores por cuenta ajena, están sujetas a los convenios de los sectores en los que operan como autónomos sus empleadores, que son quienes asumen la cuota empresarial de sus cotizaciones sociales.

En ese mismo trienio de inicio de la desigual salida de la crisis , la aportación de las administraciones públicas se quedó, según la EPA (Encuesta de Población Activa) en 53.300, al pasar de 2.920.500 a 2.973.800 el número de personas que en esos trimestres habían trabajado para alguna Administración, ya fuera como funcionarios o como laborales, interinos incluidos.

No obstante, el sector público llegó a alcanzar a principios del año pasado un pico de 3.018.300 trabajadores que situaba el incremento en 97.800 en dos años, según esa misma EPA. Y, por otro lado, la Estadística de Flujos de la Población Activa, que viene a ser una EPA revisada, aporta una cifra ligeramente superior: 105.500, al pasar la cifra de empleados públicos de 2.924.900 a 3.030.400.

Mayor estabilidad laboral

Sin embargo, hay diferencias notables entre el tipo de contratación que realizan los autónomos y el de las administraciones: el primero crece de una manera sostenida, mientras el segundo, como consecuencia de las incorporaciones y ceses en bloque de interinos y temporales, registra horquillas anuales de más de 40.000 y 60.000 personas, como ha ocurrido en los dos últimos años.

También fue muy distinto el efecto de la crisis en uno y otro, agravado en el caso de las administraciones por las políticas austericidas de contención del déficit: estas perdieron casi 400.000 empleos (de 3.306.600 a 2.909.400, un 11,4%) entre el verano de 2011 y el otoño de 2013, mientras que la merma se redujo a un 4,3% (33.825, de 784.902 a 751.077) en la época de mayor dureza de la crisis, entre el inicio de 2009 y mediados de 2013.

“Hemos aguantado carros y carretas durante la crisis, pero apenas se perdió empleo entre los trabajadores contratados por autónomos”, explica Eduardo Abad, secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), que recuerda que el sector se ha movido históricamente en el entorno de los 800.000 empleados aunque “está situación ha ido a más con los brotes verdes”.
Los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ratifican esa tesis. Entre los primeros trimestres de 2014 y de 2017, la cifra de trabajadores “autónomos puros” pasó de 1.915.734 a 1.973.028, mientras la de estos con asalariados subía de 401.929 a 433.225. Es decir, que el equivalente a más de la mitad de los nuevos autónomos (31.296 de 57.294) se anima a contratar empleados.

La mitad, con un empleado

Llama la atención cómo, dentro de estos, el grupo que más crece es el de los que tienen cinco o más trabajadores (8.398, para alcanzar los 41.481), seguido, en cualquier caso, de los que solo contratan a uno, los cuales, con 227.490, siguen suponiendo más de la mitad del sector.

El grueso de los autónomos que contratan opera en los sectores de la hostelería, el comercio y los servicios a la ciudanía, en el que se incluyen los de mantenimiento y limpieza, además de los pequeños talleres. “Mientras no se anime el consumo no se va a activar más la contratación”, sostiene Abad, que reclama a ayuntamientos y comunidades autónomas “políticas sensatas e inteligentes” en materia de comercio.

“Al final hemos visto que la principal zona comercial de una ciudad es su área urbana –señala-, mientras los ayuntamientos, con un erróneo afán de modernidad, se han dedicado a crear guetos de consumo con los centros comerciales en lugar de peatonalizar calles y mejorar el transporte y la movilidad dentro de la ciudad”.

La lenta Ley del Trabajo Autónomo

Por otro lado, la ponencia de la Comisión de Empleo del Congreso que debe tramitar la proposición de Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo registrada por Ciudadanos en noviembre sigue sin reunirse para iniciar sus trabajos.

El presidente de C’s, Albert Rivera, anunció el miércoles la existencia de un preacuerdo con el PP para desbloquear la tramitación. Ese principio de acuerdo incluiría, según explicaron fuentes de la formación naranja, al menos cuatro puntos: reducir del 20% al 10% el recargo por impago de la cuota de cotización el primer mes y extender a todo tipo de empresas la penalización del 20% a partir del segundo; recuperar la posibilidad de aplazar o fraccionar el pago del IVA y el IRPF hasta el cobro de las facturas (ahora se pagan según la fecha de emisión); desvincular la cuantía de las cuotas de los autónomos societarios del Salario Mínimo Interprofesional, lo que evitaría subidas como la del 8% aplicada en enero, y, por último, ampliar de seis a doce meses la tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos y abrir la posibilidad de acogerse a ella dos años después de haber cesado en la anterior actividad profesional, frente a los cinco actuales.

Sin embargo, el retraso en la tramitación de esa norma y en activar la subcomisión que debe tratar el sistema de cotizaciones y de protección social de los trabajadores por cuenta propia está provocando malestar en el colectivo.
Así, UPTA calificó esta semana de “decepcionante el retraso que mantenemos para abordar algunas de las medidas de reforma del sistema de trabajo de los autónomos”, las cuales temen que, pese a contar oficiosamente con el apoyo de PP, PSOE y C’s, “difícilmente podrán ver la luz en esta legislatura”.

Ese retraso, que la organización vincula con “tácticas electorales o acuerdos políticos en otras materias” de los partidos, “hace que esta pueda ser una legislatura perdida en las reformas más urgentes que en materia fiscal, de jubilación o de cotización a la Seguridad Social necesitan los autónomos españoles”.