Aragón El Gobierno pretende gastar 125 millones en anegar un valle cuyo turismo genera 5 millones al año

Los números no cuadran en torno al proyecto del pantano de Biscarrués, en el prepirineo oscense: el Gobierno pretende gastar 125 millones en inundar un tramo del río Gállego en el que el deporte de aventura genera cada año un negocio de cinco, además de crear 200 empleos directos y 500 indirectos, y destinar el escaso volumen de agua que regulará esa presa a un sistema de regadío cuyos beneficiarios, con el actual sistema de tarifas, no pagarán más de 46.000 euros por campaña.

Los vecinos de La Galliguera, el principal foco de turismo activo del Pirineo central con 80.000 visitantes anuales, han convocado para este domingo en Zaragoza a través de la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, una manifestación de rechazo al proyecto del pantano, que lleva tres décadas amenazando el desarrollo de una de las escasas zonas rurales de Aragón que está logrando frenar la despoblación hasta el punto de que los vecinos menores de 20 años han aumentado un 10% (de 367 a 407) tras el cambio de siglo.

Cientos de personas secundaron una protesta similar la semana pasada en Huesca, mientras una iniciativa para parar el embalse lleva recogidas más de 80.000 firmas en Change.org .El proyecto, pendiente de que la Comisión Europea dictamine sobre su adecuación a sus directivas y de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre su legalidad, ya ha dado lugar en su vertiente ambiental a un pleito histórico por haber sido el primero en el que las cinco principales organizaciones ecologistas españolas (Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO-Birdlife, WWF y Amigos de la Tierra) impulsaban juntas una demanda, en este caso junto con los ayuntamientos de Biscarrués, Murillo de Gállego y Santa Eulalia.

La Galliguera recibe al cabo del año la visita de más de 80.000 turistas.

Paralelamente a la vía judicial y a la movilización, en la que están recibiendo el apoyo de organizaciones ambientales, movimientos sociales y partidos políticos como Podemos, Chunta Aragonesista, IU o Equo, los vecinos de la zona afectada han comenzado a poner el foco en las contradicciones económicas del proyecto, algo no muy habitual en este tipo de conflictos, aunque en este caso las cifras cuestionan seriamente la rentabilidad, tanto monetaria como social, de la presa.

46.000 euros al año por una obra de 125 millones

El pantano, presupuestado en 124 millones de euros, tenía inicialmente un plazo de amortización de 40 años que requeriría recuperar en cada ejercicio una media de 5,14 millones de euros procedentes de sus beneficiarios, que serían los agricultores de Riegos del Alto Aragón, un sistema cuya superficie regable ha pasado en 30 años de 80.000 a 174.000 hectáreas sin que haya aumentado su disponibilidad de agua. La Declaración de Impacto Ambiental de la obra exige identificarlos cartográficamente, parcela por parcela.

Sin embargo, los cambios en el proyecto inicial, del que ha desaparecido la central eléctrica prevista al pie de la presa y en el que la pared compacta ha dejado paso a un sistema que debe dejar circular cualquier caudal que supere los 90 metros cúbicos por segundo, han reducido notablemente sus expectativas de rendimiento, ya que no generaría energía y su capacidad efectiva para regular el río no superaría los diez hectómetros cúbicos anuales, según un estudio realizado por Pedro Arrojo, diputado de Podemos, catedrático de la universidad de Zaragoza y miembro destacado de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Ese volumen de líquido, que apenas supondría un 1,25% de los 825 millones de metros cúbicos que consume anualmente el sistema de Riegos del Alto Aragón, generaría, con los actuales precios del agua, un retorno de apenas 49.600 euros anuales para la Administración. “En 15 de los 24 años que hemos estudiado no se represaría nada, sería una presa perfectamente inútil”, señaló Arrojo.

"Ninguna empresa podrá mantenerse si se acorta el río"

Eso no impediría que la presa, de 41 metros de altura y de un kilómetro de longitud, mantuviera inundada bajo una lámina de agua de hasta doce metros de altura 14 de los 20 kilómetros de río que ahora explotan las empresas de la zona. “Se inunda el 60% del tramo comercializado”, explica José María Sopeña, uno de los pequeños empresarios turísticos que operan en la zona, que advierte que el atractivo de La Galliguera quedaría amputado, ya que se trata del área que menor exigencia técnica requiere para navegar.

“Ninguna de las empresas se podrá mantener si se acorta; y, además, el aprovechamiento del resto quedaría supeditado al nivel de llenado del pantano”, señala. “Es un río muy específico que posiciona a Aragón en el panorama internacional”, añade.

El turismo activo genera un volumen de negocio superior a los cinco millones de euros anuales, y crea 700 empleos, en la zona del río Gállego en la que el Gobierno proyecta el embalse.

La Galliguera concentra, tras el desarrollo de la oferta local desde hace 25 años, 80.000 de los 180.000 servicios anuales de turismo activo de la comunidad, con una importante cuota de turismo extranjero. De hecho, está considerado, junto con el leridano Noguera Pallaresa y el oscense Ésera, uno de los tres principales ríos de España para la práctica de los deportes de aventura.
Un estudio encargado por los empresarios de la zona cifra en cinco millones de euros el volumen de negocio que generan las actividades turísticas en torno al río en la comarca, sin incluir sus efectos en zonas cercanas como Huesca o Jaca, para cuya oferta actúa como complemento.

"Segura en sitios con malas condiciones geológicas"

Jesús Estachod, presidente de la coordinadora, llama la atención sobre otro de los efectos negativos que la construcción del pantano tendría para el sistema económico de la zona, ya que de los campos de cultivo de Erés, núcleo cercano a la presa, serían extraídos 1,42 millones de metros cúbicos de gravas y arenas.
Los afectados por el proyecto, que este lunes ofrecieron una rueda de prensa en Zaragoza con el apoyo de Coagret (Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases), también mostraron sus dudas sobre la seguridad del proyecto, en el que “se admite que hay movimientos de laderas” en la zona que el Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto inundar, explicó Estachod.

“No hemos detectado fallas ni terrazas” en la zona, señala el documento, que, al mismo tiempo, recoge que los técnicos se inclinan por construir presa de tipo relleno-cementado porque “se consideran una alternativa económica y segura en sitios con malas condiciones geológicas”, incluye gráficos con referencias a “inestabilidades de laderas” y a “algunas inestabilidades” y, en otro pasaje, muestra un esquema con cálculos sobre las olas (y sus efectos) que causaría un eventual desprendimiento de tierras dentro del pantano.

“En el vaso hay 117 deslizamientos de laderas, y el embalse va a causar un aumento de la inestabilidad”, explicó Marcos Marcén, del Departamento de Ciencias de la Tierra de la universidad de Zaragoza, que añadió que “nuestros estudios señalan que son altamente inestables” esas paredes.
Algunos aspectos del proyecto apuntan en esa dirección, como la previsión de construir varias escolleras, una de ellas de 50 metros de altura, para proteger el casco urbano y el cementerio de Erés.