Cabify Admiten a trámite el recurso de la CNMC por las restricciones a servicios como Uber

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra la normativa que regula los servicios de alquiler de vehículos con conductor, como Uber, y que según este órgano limita la competencia.

El recurso, interpuesto el 11 de abril de 2016 ante la Audiencia Nacional, ha sido admitido a trámite por diligencia con fecha de 7 de junio de 2017 de la Sección Tercera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tras declararse competente por auto de fecha 8 de mayo de 2017, según informa hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La CNMC decidió interponer el recurso tras detectar "obstáculos a la competencia" en el real decreto que aprobó el Gobierno el 20 de noviembre de 2015 y que modificaba el reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres sobre arrendamiento de los vehículos con conductor (VTC) como la posterior orden con la que lo desarrolló.

Entre estos obstáculos, que a juicio de la CNMC "deben ser eliminados por no estar suficientemente justificados", figuran los límites cuantitativos a las licencias de VTC, la obligación de contratación previa del servicio y la prohibición de competir de forma directa en la vía pública.

Asimismo, la Competencia ve obstáculos en las restricciones geográficas a la prestación del servicio que fragmentan el mercado nacional y el establecimiento de un número mínimo de vehículos para operar, así como una serie de restricciones innecesarias y discriminatorias para los nuevos entrantes relacionadas con la representatividad y la antigüedad de los vehículos.

Según informa el BOE, se conceden nueve días, computados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, para que puedan personarse en dicho recurso, como demandados, quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la actuación recurrida.

La CNMC decidió interponer el recurso después de que el Ministerio de Fomento no respondiese a los dos requerimientos de anulación de varios artículos incorporados al real decreto enviados que remitió al Gobierno.