Más de 1,3 millones de personas recurren a las 'colas del hambre' para poder llenar su nevera

"Los ingresos de las familias se encuentran muy sostenidos. No están creciendo al nivel que necesitan para hacer frente a sus necesidades, y sus cuentas se están vaciando para pagar lo esencial mientras la vivienda se está convirtiendo en un pozo sin fondo", describe Raúl Flores, coordinador del equipo de estudios de la fundación Foessa, cuyos trabajos apuntan a que "un 31,5% de los hogares se queda muy lejos de lo que sería un presupuesto de referencia para unas condiciones de vida dignas", que consistiría en cubrir los gastos de alimentación, ropa y calzado, vivienda y suministros, higiene, transporte y educación.

Los tres primeros grupos de esa lista han pasado en dos años de requerir el 61% de los presupuestos de las familias con menos recursos a llevarse el 81% como consecuencia, principalmente, de la superposición de una inflación desmesurada, y que está teniendo especial incidencia en productos básicos como los alimentos, con una fase de congelación salarial generalizada. 

Esa confluencia de factores está obligando a miles de familias a acudir a las 'colas del hambre' y a los dispositivos que organizan distintas oenegés como último recurso para poder llenar sus neveras y despensas y poder mantener una alimentación que, incluso sin llegar a ser medianamente equilibrada al no incluir las entregas género fresco como fruta, verdura, hortaliza, carne o pescado, al menos ofrezca los aportes nutritivos mínimamente necesarios.

"Ha habido mucha demanda, la inflación está afectando a todo el mundo", explican fuentes del Banco de Alimentos de Madrid, que ahora mismo atiende a diario a 165.000 personas. Son 15.000 menos que en 2021 y 65.000 menos que en 2020, el año de los confinamientos y el parón de la actividad, pero al mismo tiempo suponen un aumento de más de 30.000 sobre los registros previos a la crisis sanitaria.

"Hemos bajado, pero no hasta los niveles previos a la pandemia. Estamos claramente por encima de ellos", añaden las mismas fuentes.

El volumen actual de usuarios del Banco de Alimentos de Madrid vendría a equivaler, según los datos del INE, a que los habitantes de provincias enteras como Ávila (158.140 habitantes), Palencia (158.155), Segovia (153.803), Teruel (134,421), el doble de los que viven en la de Soria( 88.377), o los de ciudades como Alcorcón (170.296) o Marbella (150.725) necesitaran ayuda para poder llenar sus neveras y despensas.

En el conjunto del Estado, solo el Programa Operativo de Ayuda Alimentaria del Fega (Fondo Español de Garantía Agraria) atendió el año pasado a más de 1,3 millones de personas en cada una de sus dos fases, en las que llegaron a repartirse a través de una red de más de 5.000 oenegés entre las que se incluyen la red de Bancos de Alimentos y Cruz Roja casi 80.000 toneladas de alimentos 'secos' adquiridos mediante licitaciones.

Los registros del programa, cuyo número de beneficiarios equivale a la población de Aragón y supera a la de Asturias, Cantabria, Baleares, Extremadura o Navarra, apuntan en la misma dirección que los del Banco de Alimentos madrileño: los 1,32 millones de usuarios suponen un descenso sobre los 1,46 y 1,45 de los años anteriores, pero siguen situándose claramente por encima de los 1,26 y 1,29 de los años previos a la pandemia.

Esos usuarios, para los que por otro lado está disminuyendo el volumen de donaciones de alimentos que los particulares entregan a los Bancos de Alimentos, llegan derivados desde los servicios sociales municipales, a menudo cuando ya han agotado otras estrategias para hacer frente a sus escasez de recursos económicos. 

Entre estas destaca la de pedir dinero a familiares y amigos, algo que, según un reciente estudio de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) hizo en la segunda mitad del año pasado un 32% de los hogares, mientras un 60% tiró de ahorros y un 18% optaba por pedir un crédito al banco, con frecuentes combinaciones de varias de esas opciones.

Según el último Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora el INE, un 35,5% de los hogares llega justo a fin de mes, otro 13,2% ha tenido que tirar de ahorros y un 5,2% más se ha endeudado, mientras la mitad (49,6%) percibe una situación peor que hace seis meses, y lo achaca a la inflación el tres de cada cuatro casos, y otro 36,5% no advierte cambios.

"Cuando las familias llegan a los servicios sociales o a entidades como Cáritas llegan agotados. Han recurrido a familiares y amigos, pero eso se agota y cualquier gasto inesperado resulta inasumible", señala Flores, que destaca cómo "en los últimos tres años hemos detectado dos elementos que presionan hacia un aumento de la desigualdad y de la exclusión": la combinación de ingresos bajos y gastos altos, con la vivienda como factor de presión destacado, y el propio desarrollo de las llamadas "estrategias de afrontamiento".

Las estrategias de afrontamiento de los hogares

Se refiere a las elecciones que los hogares van haciendo para afrontar la escasez, que "no son inocuas, sino que generan estrés y ansiedad", como ocurre cuando comienzan a descartarse los alimentos frescos, los tratamientos sanitarios que no cubre la Seguridad Social como los del dentista y el oculista, y "la reducción del ocio no como actividad de diversión sino de encuentro con los demás".

En esa tesitura, "las decisiones más tomadas por los hogares con ingresos que no superan el 85% de su PRCVD (Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas) para hacer frente a sus carencias económicas son las correspondientes a alimentación, ropa y calzado (75,9%), la obtención de ingresos y reducción del ahorro (73,6%) y las relacionadas con los suministros de la vivienda (73,5%)", concluye el informe "El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo" de la fundación Foessa, que añade que "según la etapa vital de los miembros del hogar, la presencia de algún miembro en etapa escolar o en edad de estudiar incide también en una mayor necesidad de recurrir a alguna de estas estrategias".

Paralelamente, anota el estudio, las áreas "a las que en términos relativos menos se acude" para recortar son las de educación y de vivienda, aunque, al mismo tiempo, "son las que presentan mayores incrementos [entre los hogares con menos recursos con] respecto al conjunto de los hogares de España".

"La toma de decisiones en el ámbito de la vivienda obliga a una planificación compleja en la vida de la familia y sus miembros", o cuando menos más complicada que la que requieren "otros ámbitos de ahorro o renuncia, como son la ropa, el calzado o el ocio". Sin embargo, añade, "una vez activadas, estas estrategias pueden ser prácticamente irreversibles y por ello se dejan para el final, agotando primero otras decisiones y maniobras económicas".

El precio de la vivienda y la garantía de rentas

"De lo primero que prescinden las familias es de los alimentos frescos, y lo siguiente es no poner la calefacción o no refrigerar; y todo eso va generando peores condiciones de vida" según la época del año, indica Flores, que señala en dos direcciones como vías para tratar de solucionar el aumento de la vulnerabilidad: el precio de la vivienda y la garantía de rentas.

"Hay que afrontar de una vez la cuestión de la vivienda, no puede ser que se trague los recursos de las familias como lo está haciendo", indica el coordinador de estudios de Foessa, que advierte que “o resolvemos el tema de la vivienda o va a ser difícil que puedan resolverse el resto”, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona, donde el año pasado llegaron a darse aumentos del 12% y el 25% en los alquileres según los datos del portal Idealista. 

Paralelamente, añade, "debemos asegurar unos ingresos mínimos a las familias que no los tienen por el desempleo y por la parcialidad no deseada. Hay muchos sistemas, el ingreso mínimo, la renta básica, la garantizada, que deberíamos probar y evaluar" para después poder decidir cuál es el que se despliega.

Y, por último, aboga por el sistema de tarjetas monedero para garantizar el acceso a la alimentación a las familias que tienen problemas para llenar la cesta de la compra. "Hemos de garantizar formas de satisfacer el derecho a la alimentación, y no se trata tanto de garantizar el derecho a comer como el derecho a una dieta equilibrada", apunta.