El Banco de España ha detectado que casi 1,2 millones de españoles no contaban a finales de 2020 con un punto tradicional de acceso a efectivo en su municipio, si bien indica que, en término agregados, existe en España un elevado porcentaje de población que dispone de un punto de efectivo a una distancia "relativamente baja", en concreto, de cinco kilómetros.

Así se recoge en su artículo Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España, publicado este miércoles y elaborado por Diana Posada, economista del organismo supervisor.

En este sentido, Castilla y León es la comunidad autónoma con una cobertura menos amplia, con Zamora (27,8% de la población sin acceso sobre el total), Ávila (21%), Segovia (19,9%) y Palencia (18,2%) como las provincias que presentan menores ratios de población con un punto tradicional de acceso al efectivo en un radio de cinco kilómetros.

El supervisor explica esta situación por la menor densidad de población, así como por otros factores, entre ellos, la orografía del territorio, que ha hecho que, históricamente, la cobertura de la red de oficinas y de cajeros automáticos en estas zonas del país haya sido menor y se hayan utilizado soluciones alternativas, como agentes financieros u oficinas móviles.

A esto, el Banco de España suma el proceso de consolidación bancaria de los últimos años, que "ha intensificado una situación cuyo punto de partida ya era menos favorable".

Oficinas de correo como alternativa

Otra alternativa que señala Banco de España es el uso que están realizando algunas entidades financieras de la red de oficinas de Correos como medio alternativo para disponer de efectivo.

En su artículo, destaca que, en países como Irlanda, Reino Unido o Australia, el uso de las oficinas postales con este fin está muy extendido en zonas rurales, mientras que en España "es todavía poco habitual".

El Banco de España también recoge la implementación de otros medios alternativos, como el cashback y el cash-in-shop (retirada o depósito de efectivo en un establecimiento comercial) cuya implementación en España es reciente, pero que está ganando mayor relevancia en núcleos urbanos, o el uso de la red de estancos y los establecimientos de loterías y apuestas del Estado.

Una de las conclusiones del artículo es que el supervisor prevé la reducción del número de oficinas y de cajeros automáticos, motivado por la digitalización y la búsqueda de mayor eficiencia por parte de las entidades bancarias.

Por ello, considera que el impulso de este tipo de soluciones alternativas "puede ser un importante complemento que permita garantizar el acceso al efectivo al conjunto de la población", si bien destaca que, por sus limitaciones actuales, no pueden sustituir completamente los servicios que prestan los canales tradicionales de acceso al efectivo.

Índice de vulnerabilidad

Por otro lado, el supervisor ha observado que la vulnerabilidad en el acceso tradicional al efectivo en España es "relativamente baja" en gran parte del territorio, si bien ha detectado que hay aproximadamente 1,3 millones de personas en una situación "vulnerable".

Se trata de una cifra obtenida a través del Índice de Vulnerabilidad en el Acceso al Efectivo (IVAE), que tiene en cuenta indicadores tanto de oferta como de demanda de efectivo. En concreto, se han tenido en cuenta cuatro factores: el número de puntos tradicionales de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes para cada municipio; la distancia a ellos; la renta disponible media por persona; y la proporción de personas mayores de 60 años en cada localidad.

El Banco de España señala que, según el grado de vulnerabilidad, la mayor parte de la población española vive en localidades con un nivel "bajo o muy bajo de vulnerabilidad". No obstante, aproximadamente un 3% de los ciudadanos se encontrarían en una situación de vulnerabilidad media o alta en términos de acceso al efectivo.

Además, cerca de 340.000 personas residirían en municipios con una vulnerabilidad alta, lo que supone un 0,7% de la población española. Se trata, en general, de localidades pequeñas, con una población media de 400 habitantes, con personas mayores de 60 años que superan el 40% del total, con una distancia media de 9,4 kilómetros a un punto de acceso al efectivo, y una renta disponible por debajo de la media nacional.

Las provincias de León, Salamanca y Zamora concentrarían la mayor parte de la población en municipios considerados de muy alta vulnerabilidad en el acceso al efectivo.

Sobre la infraestructura, Banco de España recoge que a finales de 2020, el número de oficinas bancarias y de cajeros automáticos de todo tipo en España se situaba en 22.299 y en 49.481, respectivamente, lo que supone 1,5 puntos de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes del territorio español.

El análisis del supervisor recoge que los cajeros pertenecientes a operadores independientes se concentran generalmente en grandes núcleos urbanos de la vertiente mediterránea, en el sur y el centro peninsular.

A nivel provincial, Cuenca es la que dispone de un mayor número de puntos tradicionales de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes, con 2,4 puntos, aunque se encuentran concentrados en un número relativamente bajo de municipios dentro de la provincia.

En el lado opuesto se encuentra Cádiz, con 1,1 puntos de acceso por cada 1.000 habitantes, si bien distribuidos geográficamente de forma relativamente más homogénea.

El supervisor señala que no observa grandes variaciones entre provincias en el número de puntos de acceso al efectivo por habitante, aunque sí se dan por nivel de concentración.

En concreto, sostiene que en la mitad norte peninsular --salvo la cornisa cantábrica y Galicia-- se aprecia una distribución geográfica más desigual de los puntos de acceso, frente a la mitad sur, donde la distribución es más igualitaria. El mayor grado de concentración se localiza, principalmente, en las provincias de la comunidad autónoma de Castilla y León.