La habilidad ahorradora de los sucesivos gestores de las Cortes Generales, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, que han sido capaces de ir almacenando como hormigas una importante suma de millones de euros generada por los superávits que año a año arrojan las cuentas parlamentarias, choca con la nula capacidad demostrada como gestores financieros de los fondos de las denominadas 'cuentas de remanentes', verdaderos 'fondos reservados' de la institución parlamentaria.

La rentabilidad de sumas de millones de euros depositados en cuentas del Banco de Santander, entidad que tras un concurso se hizo con la prestación de los servicios bancarios y financieros desde el año 2009, es ridícula. Según los documentos oficiales a los que ha tenido acceso este periódico, los intereses ingresados por los depósitos bancarios tanto por el Congreso de los Diputados como por el Senado y las Cortes Generales apenas llegan al 1%.

'Es sorprendente lo que está ocurriendo desde hace años con estas cantidades depositadas en la entidad financiera que preside Emilio Botín. Nadie ha puesto el más mínimo interés por encontrar una rentabilidad razonable, habitual en el mercado. Incluso los bancos lo ofrecen a los clientes preferentes para asegurar su fidelidad, pero parece que en las Cortes Generales debemos tener cara de tontos o de primos porque lo que esos fondos públicos están financiando, gratis, la actividad financiera del banco de Botín', asegura a Público una fuente parlamentaria conocedora de las cantidades ingresadas por las instituciones parlamentarias en concepto de intereses por sus millonarios depósitos.

Las cifras reflejadas en los estados contables de las 'cuentas de remanentes' en concepto de ingresos por intereses son reveladoras. En el caso de la cuenta 'secreta' del Congreso de los Diputados los ingresos por intereses, en el ejercicio de 2010, fueron de 516.626,10 euros. Por el contrario, el saldo de la 'cuenta de remanente' en ese ejercicio osciló entre los 46,85 millones iniciales y los 54,06 al final del año, es decir un saldo medio ponderado de unos 50 millones de euros. El interés percibido apenas supera el 1%.

En el ejercicio anterior, en 2009, los intereses percibidos no llegan al 1% del hipotético saldo medio: 328.087,16 euros a cambio de unos depósitos entre los 36,65 millones iniciales y los 46,85 de final de año. Desde el año 2001 hasta el 2008 -entonces la 'contrata' bancaria era con el BBVA- los intereses llegaron a ser algo más elevados, pero siempre por debajo de los criterios de marcado aplicados a los grandes clientes.

En el caso de la 'cuenta de remanentes' del ente Cortes Generales los ingresos por intereses no llegan tampoco al 1%. En el ejercicio contable entre el 31 de marzo de 2010 y el 31 de marzo de 2011 la cuenta tuvo un saldo medio de más de 36 millones de euros (entre los 31,77 iniciales y los 40,57 del final). Pues bien, percibió intereses por un importe de 348.715,06 euros, según se expone en la documentación oficial a la que ha tenido acceso Público.

La inexistencia de un 'trato' preferencial como cliente llama todavía más la atención por el hecho de que los servicios bancarios del Banco de Santander se prestan en el ámbito del conjunto de las Cortes Generales, esto es para el Congreso, para el Senado y para el propio ente de Cortes Generales. Es decir, un único cliente que maneja cantidades millonarias y que ofrece un perfil financiero perfecto: ingresos constantes y ausencia de cualquier tentación especuladora.

La evolución de las cantidades depositadas en las tres 'cuentas de remanentes' ha ido en aumento en los últimos años, según indican las fuentes consultadas. En estos momentos las tres instituciones parlamentarias almacenan no menos de 150 millones de euros en una estimación 'conservadora', agregan las citadas fuentes. 'Es una cantidad impresionante en estos momentos de crisis y más para una institución, la parlamentaria, que no tiene actividad económica propiamente dicha', explica otra de las fuentes.

Sobre el tratamiento financiero y la rentabilidad de estos depósitos no existe ningún informe oficial; tampoco se ha elaborado un memorando de actuación para afrontar este estado de cosas. Ni lo ha encargado ninguna de las Mesas de las instituciones implicadas, ni el presidente del Congreso de los Diputados, que lo es también de las Cortes Generales, ni desde la secretaría general, instancia responsable, por delegación, de la administración de las instituciones parlamentarias.