La impugnación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) que el sindicato CCOO ha presentado ante la Audiencia Nacional tiene más posibilidades de prosperar de lo que esta empresa embotelladora pensaba. La Inspección de Trabajo ha emitido un informe en el que deja constancia de ciertas irregularidades en el proceso que coinciden con algunas de las expuestas por el sindicato.

La inspectora María Foret, firmante del documento al que ha tenido acceso Público, considera conflictivos algunos  puntos del ERE con el que la empresa pretende reestructurarse, cerrando cuatro fábricas y prescindiendo (mediante despidos forzosos, bajas voluntarias y prejubilaciones) de más de mil empleados. En concreto, falta de información y documentación aportada tanto a los sindicatos como a la autoridad, carencia de negociación y una inadecuada representación sindical durante el periodo de consultas del ERE.

CCOO aseguraba que CCIP, resultado de la fusión de siete embotelladoras españolas y una portuguesa, no consolidaba como grupo laboral -única figura capacitada para ejecutar un ERE- sino como mercantil. Este es el principal argumento del sindicato para tumbar el ERE, y aunque el informe de inspección de Trabajo aprecia una 'apariencia externa unitaria, así como una unidad de dirección propios' y ve 'indicios de confusión patrimonial desde junio de 2013 y unidad de caja', también aprecia una 'ausencia o débil consideración de la confusión de plantillas', por lo que este argumento gana peso, puesto que 'tampoco ha aportado documentación que determine que otras mercantiles del grupo deberían estar integradas en el mismo'.

Donde sí es tajante la inspectora es la ausencia de negociación, algo criticado desde el principio por los representantes de los trabajadores. 'Tras analizar el contenido de las actas y las comparecencias habidas en la Inspección, no se ha producido un intercambio de propuestas y contrapropuestas por las partes de manera recíproca', reza el documento. También deja constancia de que la empresa no ha facilitado toda la documentación solicitada por los sindicatos para 'reforzar la causa productiva y organizativa' que alegó para el ERE, de forma que 'no se podrían haber conocido de forma suficiente por las representaciones sindicales la realidad de las causas alegadas'.

También critica la 'complejidad con la que ha elaborado la lista de trabajadores afectados en cada centro de trabajo individualizado' y ve necesario 'un mayor tiempo para el conocimiento de las circunstancias que han propiciado' los despidos.

Por último, el informe critica la composición de la mesa negociadora, que CCOO denunció a los pocos días de que se anunciara el ERE, al entender que debería tener un representante más. El documento dice que 'con independencia de la buena fe alegada por la mercantil, a la hora de determinar el número de representantes que por cada sindicato conformaría la comisión, [...] no ha quedado acreditado en la documentación aportada que existieran secciones sindicales a nivel grupo legítimamente constituida ni tampoco se aporta documentación relativa a la existencia de secciones sindicales a nivel empresa de cada uno de los sindicatos representados en la mesa y por cada uno de los embotelladores'.