Los correos electrónicos de Miguel Blesa recogen 'indicios racionales de una actuación delictiva continuada' del exbanquero que podrían constituir 'una administración desleal de la entidad Caja Madrid y posible fraude al interés general que afecta a toda la colectividad del pueblo de Madrid'.
Así lo recoge el juez Elpidio José Silva en el recurso de apelación que ha planteado a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que se revoque la prohibición de acceso a esos e-mails y de utilización en el ejercicio de su derecho de defensa, al incluir elementos que tuvo en cuenta para mandar a Blesa a prisión.
En el escrito, el juez cita 8 hechos que evidencian los correos electrónicos:
1.- La ruptura del organigrama legal para adoptar decisiones por parte del sr. Blesa.
2.- La ruptura de los sistemas de control para culminar dichas decisiones esquivando la supervisión del regulador.
3.- La falta de documentación económica justificativa que sustenten las decisiones adoptadas de riesgo.
4.- La adquisición de negocios por cuantías elevadísimas sin cobertura de riesgos y asumiendo el faltal desenlace.
5.- Un comportamiento irreflexivo sistemático en el manejo de las variables de relevancia - riesgo.
6.- La compra de lealtades o el acómodo de voluntades ajenas al interés de la caja.
7.- Existencia de intereses de terceros instrumentalizados a través o por vía de la entidad que presidía el sr.Blesa, que sólo tenían razón de ser en función de ser éste quien tenía poder de decisión en la entidad.
8.- La existencia de negocios de carácter sospechoso o indiciariamente delictivos a través de la Caja.
El recurso añade que la referencia a los correos no pretende ser una simple manifestación ajena a las decisiones que adoptó --y que le han costado una querella de la Fiscalía por prevaricación--, 'sino un elemento justificativo de la grave trascendencia que podia alcanzar el procedimiento, que requería de medidas de protección de la propia causa'.
Asimismo, expone que esas maneras de proceder de Blesa se pusieron de manifiesto, indiciariamemte, en la compra por Caja Madrid en abril de 2008 del City National Bank of Miami, que fue la causa por la que envió al exbanquero a la cárcel. Así, subraya que el entonces presidente de la entidad aprobó la compra antes de que los órganos de gobierno de la caja lo autorizasen; se partió la operación para evitar el control de la Comunidad de Madrid; y supuso una pérdida de más de 500 millones de euros.
Además, señala que sin la existencia de compra de voluntades no se habría llegado a obtener la votación favorable a la compra del banco estadounidense, y añade que de los correos electrónicos se deduce que la operación 'pudiera enmascarar intereses de terceros ajenos a la entidad financiera'. Asimismo, en los mails habría indicios de la posibilidad de que la compra del banco 'respondiera a intereses relacionados con operaciones comerciales a primera vista sospechosas de constituir uno o varios delitos'.
Debido a esa conexión de los indicios delictivos que se desprenden de los correos con la causa de la compra del Banco de Miami, el juez Silva señala que es preciso el examen y análisis de esos mails, ya que no son irrelevantes como argumenta el instructor de la querella contra él, el magistrado del TSJ de Madrid Jesús Gavilán.
El recurso pretende precisamente que se anule el auto del juez Gavilán que prohibió el acceso a los mails por considerar que eran innecesarios para el derecho de defensa del juez Silva. Éste acepta en el escrito la condición de que el instructor de la querella revise primero los mails y excluya los que tengan carácter íntimo (que según el recurrente no son más del 10%, de un total de más de 8.000). Esa fue la decisión de Gavilán inicialmente, cuando había aceptado el acceso a los mails, pero posteriormente, y después de que Blesa se opusiese a que se diese traslado de los mismos a las demás partes, cambió de criterio y vetó los correos.
En el mismo recurso, la defensa de Silva aprovecha para decir que la declaración de Blesa como testigo en la causa contra el juez que le encarceló se produjo 'con absoluta irregularidad', por darle opción a acogerse a su derecho a no declarar por estar imputado en causas penales. Se creó así, según el abogado del juez Silva, 'una nueva figura 'hermafrodita' entre testigo e imputado, que podía declarar todo lo que perjudicase a mi mandante, pero guardar silencio sobre lo que le beneficiase'.
La Fiscalía se querelló contra el juez Silva por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la administración de justicia y dos delitos contra la libertad de Blesa (los dos autos de prisión contra él). El juez Gavilán ha imputado formalmente al magistrado y ha dado plazo a las partes para presentar escrito de acusación. El juez recurrirá el último auto del juez instructor del TSJ de Madrid, y además se plantea recusarle.
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