Después del anuncio atropellado, la Comunidad de Madrid ha convocado a los representantes sindicales para intentar pactar la reducción de liberados. Así lo pusieron ayer de manifiesto en los pasillos de la Asamblea tanto la presidenta regional, Esperanza Aguirre, como su número tres, Francisco Granados. Ambos exhibieron su confianza en que los sindicatos estén a la altura de las circunstancias las de la crisis económica para llegar a un acuerdo. 'No contemplamos no alcanzar un acuerdo', insistió Granados.

Tal y como anunció muy escuetamente la presidenta madrileña el martes, la idea de su Ejecutivo es aplicar estrictamente 'la ley' en lo que al número de liberados sindicales se refieren. Los cálculos de la Comunidad, ratificados por el propio Granados, hablan de reducir de 3.500 a 1.490 los liberados que hay en la Administración regional. Es decir, que se eliminarían 2.010.

En el Gobierno regional no hablan de plazos. Pero ayer ya dieron el primer paso con la convocatoria a los sindicatos a una reunión de la Mesa General de la Función Pública. Este órgano está integrado por representantes de CCOO, UGT y CSIT-UP. Previsiblemente, el primer contacto tendrá lugar mañana.

Respecto a la polémica por las cifras, en el Ejecutivo regional aseguran que 'la práctica totalidad' de esos 3.500 liberados que existen en la Comunidad lo son a tiempo completo. 'Hay muy pocos a tiempo parcial, dado que los sindicatos tienen la potestad de juntar las horas de los liberados y que se puedan transmitir de unos sindicalistas a otros'. En este sentido, insisten en que 'las cuentas cuadran' y la cifra de más de 3.000 liberados también. 'Se trata de personas con nombre y apellidos'.

La CEOE cifra en un informe que se dio a conocer ayer que en España hay 4.127 sindicalistas liberados en las empresas españolas. Si se estima un coste laboral medio de 50.000 euros anuales, el coste se elevaría a más de 250 millones de euros. Las cifras de la patronal contrastan con las del Gobierno regional de Madrid, que cifra sólo en la Administración regional en 3.500 el número de liberados, de los que pretende librarse de 2.010 con un ahorro anual de 70 millones.

El consejero de Presidencia de la Comunidad volvió a insistir ayer en que la reducción de sindicalistas prevista por el Gobierno regional se adapta a la ley. Concretamente, al artículo 38 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Granados expresó que su voluntad es llegar a un acuerdo con las fuerzas sindicales; no obstante, no ocultó que de no producirse el consenso, el Gobierno regional podría aplicar la ley sin más.

Según explicó, la cifra de 1.490 responde a los sindicalistas liberados 'elegidos por los trabajadores en las elecciones sindicales', mientras que el resto son consecuencia de 'abusos' o de 'acuerdos adoptados por encima de la ley en época de bonanza económica'. Unos 'abusos' a los que, por cierto, no puso freno la Comunidad de Madrid en los últimos años.

El tema ocupó parte de la segunda jornada del debate del estado de la región en Madrid. Gregorio Gordo (IU) recriminó a Aguirre que trate a los sindicalistas como 'desharrapados a los que se les da permiso para tocarse las narices'. Maru Menéndez aseguró que en Madrid 'nunca ha habido 2.000 liberados sindicales'.