El Gobierno no esperará más: si no hay acuerdo en próximos días entre los sindicatos y la CEOE, habrá una reforma laboral impuesta por el Ejecutivo. La vicepresidenta Elena Salgado se ha mostrado tajante al respecto durante la clausura de la XXVII Asamblea Anual de Socios del Instituto de la Empresa Familiar (IEF): 'Si las conversaciones no tiene resultados, pondremos en marcha la reforma laboral a corto plazo, en junio'.

Salgado ha asegurado que el Ejecutivo no ha cambiado de política, 'sólo que ha variado el ritmo y la prioridad de las medidas'; y la reforma laboral es una de ellas.

En esa idea ha insistido también, desde Bruselas, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, está 'apurando el plazo' y 'haciendo todos los esfuerzos' para lograr un acuerdo con la patronal y los sindicatos sobre la reforma laboral, pero avisó de que actuará 'en solitario' si no se llega a un compromiso esta semana. Los sindicatos ya han advertido de que si el Gobierno hace una reforma por decreto, habrá una huelga general.

A tenor de las declaraciones de los agentes sociales, no parece fácil que se alcance el acuerdo. El presidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, ha subrayado hoy en Los desayunos de TVE que es 'muy difícil' que los sindicatos acepten pactar una reforma laboral para aplacar las exigencias de la UE y los mercados internacionales, por lo que auguró que 'lo más normal' es que el Gobierno tenga que asumir una reforma 'intensa'.

Aún así, el líder de la patronal de pymes confió en que 'mientras haya negociaciones' cabe la posibilidad de que el diálogo social culmine en acuerdo, tras la ampliación una semana más del plazo fijado por el Gobierno para alcanzar una reforma consensuada, si bien reconoció que 'lo más normal' es que el Ejecutivo acabe recurriendo al decreto. 

Las fuerzas políticas van tomando posiciones en vista de la inmediatez de la reforma. El Partido Popular presiona para que el Gobierno la acometa cuanto antes.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha mostrado su deseo de que la reforma laboral se haga por consenso, pero ha advertido de que, de lo contrario, 'el Gobierno tiene que cumplir su obligación y gobernar'.

La petición que llega desde los conservadores es una reforma laboral como la que acometió el PP en 1997. El vicesecretario de Política Local y Autonómica del PP, Javier Arenas, los socialistas siempre han sido 'expertos' en reformas laborales que han culminado en huelgas generales, en contraposición con 'el modelo del 97' en el que se produjo un 'acuerdo pleno' con los sindicatos y los empresarios.

Según el dirigente popular, en aquel acuerdo se plantearon contratos de los que surgieron 'millones de contrataciones', los trabajadores ganaron mucha estabilidad en el empleo y los empresarios lograron mucha 'flexibilidad' en sus empresas.

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha preguntado hoy a los empresarios por qué llaman reforma laboral a su 'empeño' de hacer el despido más barato y ha confiado en que éstos no consigan sus objetivos en la reunión que mantendrán hoy Gobierno, patronal y sindicatos para encarar la fase final de la reforma laboral.

Lara ha hecho estas declaraciones en Toledo, donde hoy participa en un acto organizado por IU de Castilla-La Mancha, bajo el lema 'Contra la crisis, más democracia', alternativo al institucional del Día de la Región que se celebra en Albacete.

Tras afirmar que todas las reformas laborales que se han hecho en España han recortado conquistas y derechos laborales de los trabajadores, Lara ha indicado que, en ésta, los empresarios se han empeñado en hacer el despido más barato, lo que espera que no consigan.

Y ha confiado en que, si finalmente, el Gobierno tiene que decretar su propia reforma laboral 'no lo haga recortando los derechos de los trabajadores, porque de esa manera no se van a resolver los problemas que tiene este país'.

En este punto ha reiterado el mensaje lanzado por Izquierda Unida en las últimas semanas de que, 'si hay recortes de derechos laborales, no hay ninguna duda de que los sindicatos convocarán una huelga general y, por tanto, habrá que conseguir que la ciudadanía consiga en la calle lo que otros están consiguiendo en los despachos'.