'Propuesta improvisada, frívola, contradictoria', un 'ataque sin precedentes al Pacto de Toledo, un retroceso histórico' de los derechos laborales, una manera 'imprudente de presentar una medida' de tanto calado. De izquierda a derecha, los partidos políticos han ido soltando adrenalina contra el Gobierno desde que el viernes pasado el Consejo de Ministros aprobó la propuesta que incluye retrasar de forma obligatoria a los 67 años la edad de jubilación. Las aguas parlamentarias van volviendo a su cauce, nadie se atreve a ser el culpable de quebrar el consenso del Pacto de Toledo, pero el PSOE está solo en su intención de que seguir trabajando más allá de los 65 sea obligatorio.

Incluso el diputado del PSOE en el Congreso y miembro de la corriente Izquierda Socialista José Antonio Pérez Tapias cree que con medidas de ese tipo 'es difícil salvar la coherencia del discurso acerca de la prioridad de los derechos sociales de los trabajadores'.

Ofensiva de todos los partidos contra las prejubilaciones de la gran empresa

El resto de los partidos se ha enrocado en pedir que se busquen fórmulas para que sea voluntario. Hay partidos, como Izquierda Unida, que se niegan incluso a debatir si no se incluye la voluntariedad.

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, que participó ayer junto a un grupo de parlamentarios del Pacto de Toledo en un desayuno organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), cree que la obligatoriedad hace 'insalvable' el debate y que, sin embargo, si el cambio tiene carácter 'voluntario, el tema se puede debatir'. CiU, encantada siempre de ser bisagra de las grandes decisiones, va a hacer de la voluntariedad el pivote de su postura en el Pacto de Toledo. Josep Sánchez Llibre, diputado del grupo catalán, aseguró ayer que 'es una de las ideas claves que va a aportar CiU'.

La cuestión es que, en España, ya es voluntario prolongar la edad de jubilación más allá de los 65 años, gracias al cambio que se introdujo en 2008, pero 'a la mayoría de los ciudadanos no les compensa seguir trabajando', apuntó Tomás Burgos, del Partido Popular. 'Hay que darles compensaciones' suficientes para que el retraso sea efectivo.

Estudian que la Seguridad Social no cargue con el ajuste de cajas de ahorros

El PSOE va a defender de momento la obligatoriedad, confirmó ayer la portavoz socialista en el Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, que sostuvo que ven 'aún factible convencer' al resto del arco parlamentario. Pero reconoció que es un punto de partida, una 'propuesta del Gobierno para iniciar el debate'.

Si hay algo en lo que los partidos políticos, sean del signo que sean, parecen estar de acuerdo es en poner punto y final a las prejubilaciones masivas de grandes empresas y bancos. 'Hay que hacer real la edad legal' de jubilación, apuntó Burgos. 'La Seguridad Social no puede ser el instrumento para la reestructuración de las grandes empresas, mucho menos cuando son rentables', comentó Llamazares, dejando en la mente de todos las decenas de miles de trabajadores prejubilados en firmas como Telefónica, el Santander o BBVA. 'No es posible que bancos y grandes empresas puedan estar jubilando a la edad que lo están haciendo. Hay que decirles que no es posible aguantar ese ritmo'.

Diferente es el caso de las empresas pequeñas y las microempresas, que aportan 'el 95% del empleo en este país', recordó López i Chamosa. 'Hay que permitir que una persona con 55 años que se quede sin empleo porque su empresa cierra pueda prejubilarse', añadió.

Desempleo en las cajas

Otro tema espinoso es la reestructuración de las cajas de ahorros, en las que se van a suceder las fusiones y las prejubilaciones masivas durante los próximos meses. El peso que tendrá que soportar de nuevo la caja de la Seguridad Social por los dos años de desempleo de cada uno de los trabajadores afectados es un lastre que los partidos quieren quitarle al sistema.

CiU y PSOE coincidieron ayer en que hay que buscar fórmulas alternativas que permitan cargar a los Presupuestos Generales del Estado el coste del ajuste. Con la misma intención de descargar a la Seguridad Social de todo el gasto posible, Llamazares pidió que 'se evite que parte del presupuesto vaya a asuntos que no son de su competencia, como la promoción del empleo'.