El PP denuncia "intencionalidad política" en la detención de Marta Domínguez

El PP ha exculpado a Marta Domínguez de cualquier responsabilidad en la operación Galgo, al tiempo que extiende la sospecha de que detrás de la investigación de la Guardia Civil hay "una intencionalidad política".

En una columna de opinión publicada en el Diario Palentino, el portavoz del PP en la comisión de Interior del Congreso, Ignacio Cosidó, afirma que "Marta ha sido ahora desvinculada de la trama de dopaje, aunque siga imputada por una supuesta irregularidad fiscal". "La pregunta es quién puede compensarla por el enorme daño personal que se le ha hecho. A ella, al deporte español y a Palencia", asegura Cosidó, quien es diputado por esa provincia.

La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, Mercedes Pérez Barrios, hizo público un auto el pasado viernes, un día antes de que Cosidó publicara su columna —aún encabeza su blog personal—, en el que desgaja en cuatro la operación Galgo y en el que reitera la imputación a Domínguez por tráfico de sustancias ilícitas y por un delito contra la Hacienda Pública. El primero lo vincula a la presunta entrega que Marta Domínguez hace de sustancias prohibidas a otros dos atletas. El delito fiscal responde a cuentas abiertas en paraísos fiscales, evitando así indiciariamente declarar a las arcas públicas españolas.

Además, la jueza revela en el auto que Domínguez recibió dos sustancias prohibidas "con el fin de aumentar su rendimiento deportivo", una de ellas trece días antes de colgarse la medalla de plata en unos Europeos. "La simple sospecha de que pueda haber una intencionalidad política en toda esta historia produce una enorme tristeza democrática", dice Cosidó en su artículo La inocencia de Marta.

El diputado se suma a la interpretación de la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, quien tres días después del arresto, afirmó que no dejaba de "ser casualidad" que la operación coincidiera con la intervención en el Congreso de José Luis Rodríguez Zapatero para explicar la declaración del estado de alarma, motivado por la huelga de controladores. La Guardia Civil hizo pública una nota explicando que la fecha de la operación fue acordada por la jueza instructora y el fiscal a mediados de noviembre.

"El caso de Marta Domínguez debe hacernos reflexionar sobre la escasa vigencia que tiene en nuestro país la presunción de inocencia, un principio básico en todo Estado de Derecho. Es enorme el daño que se puede hacer a una persona con juicios paralelos que sentencian antes incluso de que la Justicia se haya pronunciado. No puede ser que sumarios declarados secretos aparezcan filtrados interesadamente a determinados medios de comunicación. Las investigaciones policiales y los procesos penales no pueden ser utilizados como armas arrojadizas en luchas políticas o personales", añade Cosidó. El diputado conservador fue jefe de gabinete del director de la Guardia Civil durante el Gobierno de José María Aznar.