Filtrar internet está prohibido. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea gravó ayer esa frase en su patrimonio jurídico a través de una sentencia inusualmente contundente que antepone el derecho a la privacidad y a la información al de propiedad intelectual. La resolución, celebrada por las asociaciones de internautas como una gran victoria, acaba con el enfrentamiento que desde 2004 mantenían Scarlet, empresa proveedora de conexión a internet, y Sabam, una sociedad de gestión de derechos de autor. Ambas empresas tienen su sede en Bélgica, pero el cumplimiento de la sentencia es obligatorio en los 27 países socios y contrarresta con la defensa de los valores más fundamentales de la UE las victorias que los grupos de presión de la industria de contenidos han logrado en los últimos años.

A raíz de una denuncia de Sabam, un juzgado de Bruselas obligó a la teleoperadora a instalar un sistema de detección y neutralización de violaciones de copyright a través de las principales plataformas de intercambio de archivos, conocidas como peer to peer, o P2P. El mandato judicial o cualquier ley con el mismo fin viola "los derechos fundamentales de sus clientes, su derecho a la protección de datos de carácter personal y su libertad de recibir o comunicar informaciones, derechos que se encuentran protegidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea", sentenció ayer el Tribunal, con sede en Luxemburgo.

El copyright no puede "garantizarse en términos absolutos", dice la sentencia

La resolución no menoscaba el derecho a la propiedad intelectual que, según recuerda la Justicia comunitaria, también está protegido por la ley europea. Sin embargo, el fin no justifica los medios y el copyright no puede "garantizarse en términos absolutos". Especialmente si se trata de un fin cuya aplicación técnica es más que dudosa. Las operadoras que ofrecen conexión a internet no están en condiciones de garantizar que sólo bloquean el intercambio de archivos protegidos, "lo que podría dar lugar al bloqueo de comunicaciones de contenido lícito", advierte el texto.

Además, una obligación en ese sentido "implicaría una vulneración sustancial de la libertad de empresa", ya que "obligaría a establecer un sistema informático complejo, gravoso, permanente y exclusivamente a sus expensas", algo que viola la directiva sobre comercio electrónico.

La compañía Belgacom, de la que depende Scarlet, agradeció una sentencia "esencial para salvaguardar la coexistencia de los pilares de la sociedad de la información: acceso libre a internet, protección de los derechos de propiedad intelectual, derecho a libertad de expresión e información, ausencia de censura, derecho a la privacidad y libertad de comercio electrónico". También los operadores españoles, agrupados en torno a Redtel: "La protección de la propiedad intelectual no puede pasar por criminalizar a los usuarios y los operadores no pueden ser la policía de internet". Según la organización, "la solución a la piratería pasa por fomentar una oferta legal atractiva de contenidos digitales, informa Miguel Ángel Criado.

La resolución no menoscaba la propiedad intelectual, ya protegida en la UE

Las asociaciones de usuarios y en defensa de los derechos civiles tienen una opinión muy parecida. Edri, una organización que agrupa a 28 de ellas en toda Europa, recordó que "el valor de los derechos fundamentales y el valor económico de internet se deben a una característica: su carácter abierto". Según un comunicado de la asociación, "la sentencia subraya la importancia de un internet neutral, abierto" que debe respetar online derechos como el de la libertad de las comunicaciones o la privacidad, fuertemente delimitados en otros ámbitos.

Para la Quadrature du Net, una organización de derechos de los internautas muy activa en Bruselas, la sentencia es "una bofetada a la Comisión Europea, que ha apoyado implícitamente el filtrado que las industrias del entretenimiento exigen", en palabras de Jérémie Zimmermann, uno de sus fundadores. Según él, "la guerra a la cultura del intercambio es más feroz que nunca", llevando a los teleoperadores a exigir la censura o la creación de sistemas que quieren hacer de los intermediarios un Gran Hermano que todo lo vigila al servicio de sus intereses económicos.

Asociaciones de usuarios y en defensa de los derechos civiles celebraron la decisión

No lo ve así la Federación Internacional de Productores Fonográficos (IFPI), que podría haber rentabilizado una sentencia en sentido contrario. Para la organización, lo principal es que los operadores todavía pueden "ser requeridos para tomar medidas contra violaciones (de los derechos de autor) existentes o futuras", en palabras de Frances Moore,su jefe ejecutivo. Un buen ejemplo es la legislación española, que puede obligar a un operador a retirar una web con enlaces a contenido protegido si existe una denuncia previa ante la comisión gubernamental creada por la llamada ley Sinde. Otro es la ley conocida como "de los tres avisos" o "Hadopi", que en Francia permite desconectar al usuario tras tres advertencias sobre sus intercam-bios de material protegido.

La portavoz comunitaria de Mercado Interior, Chantal Hughes, aseguró a Público que la sentencia "no tiene consecuencias para la ley Hadopi, que no incumple la ley europea", ya que, en este caso, es una autoridad gubernamental "la que hace todo el trabajo, transmitiendo la información a los proveedores y, por lo tanto, sin obligarles a hacer un seguimiento del tráfico". La industria discográfica representada en IFPI coincide en la defensa de la polémica ley. El fallo "no afecta a las formas de cooperación de los proveedores que defiende IFPI, incluyendo la respuesta gradual (en referencia a Hadopi) y el bloqueo de páginas, que ya están siendo aplicadasen países de toda Europa".

La sentencia subraya "la importancia de un internet neutral y abierto"

En los últimos años, Bruselas ha aceptado ampliar el tiempo de protección de obras musicales y apoyado leyes de control del usuario, pero la influencia de la industria sobre las decisiones de la Comisión podría dar un salto de gigante el año que viene, cuando se presentará una amplia propuesta para revisar la directiva de respeto a las leyes de propiedad intelectual. Fuentes de la institución aseguraron ayer que la propuesta será motivo de un agrio combate entre los comisarios más sensibles a la industria de contenidos y los que anteponen los derechos de los internautas a la privacidad y el libre intercambio de información.

Entre los segundos está la comisaria a cargo de la regulación de internet y las telecomunicaciones, Neelie Kroes. Para ella, la "aclaración" del tribunal es una buena noticia, porque es una llamada de atención indirecta a la búsqueda de un nuevo modelo de negocio en la Red. "Muestra que hay argumentos para promover el contenido legal al mismo tiempo que el respeto de la ley". Kroes, defensora pública de una red abierta, ha amenazado en varias ocasiones con legislar sobre la neutralidad para evitar que los intereses de la industria perjudiquen a los derechos de los usuarios. Su advertencia se dirige también a las operadoras, que, aunque ayer se mostraron como entusiastas defensoras de los usuarios, en otras ocasiones han exigido cobrar más a los que utilicen servicios como el P2P, que consume más recursos técnicos.