La UE exime a las redes sociales de perseguir las descargas ilegales

Las redes sociales no pueden ser también redes policiales. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, publicada ayer, consideró ilegal que grandes webs de internet como Facebook o Twitter instalen sistemas de filtrado para detectar cuáles de sus usuarios utilizan los servicios de la página para intercambiar o difundir material protegido por los derechos de autor. "Establecer un sistema de filtrado implicaría supervisar, en interés de los titulares de derechos de autor, la totalidad o la mayoría de la información almacenada en la red" de forma "ilimitada en el tiempo", señala la sentencia. Ello implicaría "una vulneración sustancial de la libertad de empresa" que es incompatible con la legislación europea, según la sentencia.

El caso enfrentaba a Sabam, una empresa de gestión de derechos de autor en Bélgica, con Netlog, una red social. Según la sentencia, imponer una obligación de filtrado de la actividad de los clientes "obligaría a Netlog a instalar un sistema complicado, costoso y permanente a su propio cargo", una exigencia que va mucho más allá de las funciones de la empresa.

Es el segundo pronunciamiento judicial en menos de tres meses en el que se recuerda que la directiva europea de comercio electrónico prohíbe un filtrado general de la red. La última también tenía como protagonista a Sabam, que llevó a los tribunales a una empresa proveedora de conexión a internet para que filtrara las actividades de sus clientes. El resultado fue prácticamente el mismo. El copyright no puede "garantizarse en términos absolutos", ya que su protección a todo precio podría conducir "al bloqueo de comunicaciones de contenido lícito" y suponer un grave perjuicio para la libertad de expresión, dijo entonces el tribunal. Además, convertiría a las empresas que ofrecen internet o tienen un negocio en ella, como las redes sociales, en policías de delitos que escapan a su responsabilidad.

Cómo controlar la violación del copyright y qué medios son legítimos es una pregunta que orbita desde hace años sobre los despachos de Bruselas. Desde ellos se han redactado las principales leyes que regulan el sector de las telecomunicaciones, matizadas y modificadas por los gobiernos y la Eurocárama. Son las que usa el tribunal de Estrasburgo para eximir a operadoras o redes sociales de vigilar internet y las que tumbaron hace año y medio parte del canon digital español. Sin embargo, la posición de la Comisión ha cambiado en los últimos años para endurecerse, según sus críticos, por la presión del lobby de la industria cultural. Los plazos de protección de las obras fonográficas han aumentado en dos décadas y la UE ha firmado, junto a 22 países, un acuerdo global contra la piratería conocido como ACTA que contradice dictámenes como el de ayer.

"Es una sentencia crucial y oportuna, justo cuando iniciativas como ACTA y la revisión de la directiva de derechos de propiedad intelectual pretenden generalizar la censura de internet privada y automática para proteger un modelo de copyright caducado", señaló en un comunicado La Quadrature du Net, una de las asociaciones europeas de derechos de los internautas más activas.

El acuerdo ACTA, cuya entrada en vigor depende de su ratificación por la Eurocámara en otoño, contempla obligar a "un proveedor de servicios en línea" a "divulgar de forma explícita información suficiente para identificar a un suscriptor cuya cuenta se presume fue utilizada para cometer una infracción", sin especificar quién podrá acceder a esa información o si será tutelada por un juez. El pacto ha desencadenado numerosas protestas en Europa. Se suman a las recibidas por el Congreso y el Senado de EEUU por sus leyes antipiratería, SOPA y PIPA.