La sangría no ha hecho más que empezar. Armando Ruah, coordinador de la Asociación estatal de salas de música en directo (ACCES), enumera con pesar algunas de las últimas bajas en el sector: "Ha cerrado Casa Patas y la mayoría de los tablaos madrileños están en serio peligro, ha cerrado el Marula, ha cerrado la sala Opal de Castellón, se ha traspasado el Golden Club de Córdoba... y esto es sólo el principio; va a ser un invierno dantesco para eso que llaman el ocio nocturno". 

El epígrafe "ocio nocturno" les duele. Los profesionales vinculados a las salas de conciertos reivindican su aportación a la cultura del país, una aportación que trasciende el mero entretenimiento y que cumple con una importante función social. "Sentimos que el Gobierno no valora la cultura, no puede obviar que la industria cultural representa el 3'2% del PIB estatal, no puede mantenerse ajeno a eso", apunta Ruah. 

Los datos reflejan la devastación que vive el sector. El punto de partida marcaba una tendencia que se podría tildar de positiva. En los últimos tres años, la música en vivo en nuestro país alcanzaba un crecimiento de entre un 15% y un 20% anual, hasta rondar los 382 millones que este sector facturó en España en 2019. Sobra decir que la pandemia ha truncado esta tendencia al alza, de tal forma que la Asociación de Promotores Musicales (APM) ya calcula en 764 millones de euros la pérdidas en dicho sector.

Tras seis meses de cierre por decreto, interrumpido por un breve periodo de actividad con aforos limitados durante el mes de julio, la situación de muchas de las 280 salas que integran el circuito estatal es, cuando menos, complicada. "Más de 5.000 familias sin ingresos y sin futuro en la improvisada agenda de autoridades, que decretan sin evaluar las gravísimas consecuencias de sus decisiones, familias afectadas directamente por la clausura de las salas, sin contar los otros miles sin trabajo, de todas las empresas auxiliares del sector musical", denuncian desde ACCES.

"La ayuda paliará, pero no va a subsanar"

La incertidumbre es total. Los responsables se quejan de la falta de respuesta por parte de la Administración. Es el caso, por ejemplo, de José Vázquez, al frente del mítico Garufa Club coruñés, con más de un cuarto de siglo programando salsa, flamenco y canción de autor en vivo: "Muchas salas se estarán planteando cuánto tiempo pueden aguantar, nosotros hemos pedido la ayuda del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), si llega paliará, pero no va a subsanar la cascada de pérdidas que se ha producido durante todo este año, pero si no llega todavía es peor porque te planteas si no hubiese sido mejor cerrar en marzo y no seguir endeudándose".

Seis meses pagando alquileres, hipotecas, suministros, tasas, impuestos... Los gastos estructurales de estos locales van en aumento y el plan de contingencia, por el momento, brilla por su ausencia. "Entiendo que la gestión del ministro Uribes está siendo bastante desafortunada, supongo que por desconocimiento, no creo que haya intencionalidad", se queja Vázquez. Un "desconocimiento" que se traduce, tal y como apuntan desde ACCES, en "confusas y contradictorias medidas, que acaban más tarde en restricciones, prohibiciones y más pérdidas económicas y podríamos seguir con la lista de medidas injustificadas y onerosas". 

Por otra parte, el sentimiento en el sector es el de cabeza de turco. Reina la sensación de haber pagado con creces un injusto señalamiento por los rebrotes. "El ocio nocturno lleva cerrado seis meses, no se nos puede achacar, ni se nos puede culpabilizar de ningún rebrote cuando llevamos cerrados desde marzo", añade Vázquez. 

Así las cosas, y como era de prever, la impotencia se ha ido vertebrando en torno a la plataforma Alerta Roja, que ha convocado una gran movilización para el próximo 17 de septiembre, donde reclamarán medidas urgentes que permitan la supervivencia del sector. Además, la Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural Española ha difundido un comunicado en el que manifiestan "su más profunda preocupación por la situación actual, en la que el Gobierno no atiende proporcionalmente a la magnitud de la crisis que asola el sector y a los continuos reclamos que por diversas vías y distintos representantes de éste, se le han trasmitido".