La Comisión Europea (CE) propuso este jueves nuevas normas para conceder ayudas públicas al cine y obras audiovisuales en general, que amplían el margen de maniobra de los Estados miembros a la hora de definir las actividades culturales que podrán recibir subvenciones.

Entre otras novedades, la propuesta de la CE incluye la posibilidad de conceder ayudas más elevadas a las coproducciones entre diferentes países o la promoción del patrimonio cinematográfico.

'El objetivo es fomentar una creación audiovisual vibrante en Europa a la vez que preservar la diversidad cultural en toda la UE', destacó en una rueda de prensa el vicepresidente de la CE y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.

Subrayó que la iniciativa también persigue garantizar la 'viabilidad y competitividad' del cine europeo.

Las nuevas reglas extienden el alcance de las formuladas en 2001, que se aplicaban únicamente a las ayudas estatales para la producción cinematográfica, de forma que se incluyan también las diferentes etapas de una obra audiovisual, desde su concepción hasta su difusión, explicó la CE.

En principio, la ayuda que puede concederse a una película seguirá estando limitada al 50% del presupuesto de producción, mientras que los costes de distribución y promoción podrán beneficiarse de una ayuda en la misma proporción.

Bruselas señaló que las coproducciones financiadas por más de un Estado miembro puedan ahora beneficiarse de ayudas públicas de hasta el 60% del presupuesto de producción.

Por otro lado, la CE propone que no haya límite para las ayudas a la escritura de guiones o al desarrollo de proyectos cinematográficos, ni para los apoyos a 'obras audiovisuales difíciles' que cada país defina así en línea con el principio de subsidiariedad de cada estado.

Las nuevas reglas extienden el alcance de las formuladas ya en 2001

La Comisión también destacó que, bajo las nuevas normas, los países podrán seguir imponiendo condiciones de gasto de los apoyos en su territorio, una 'restricción de las reglas del mercado único de la UE justificada por la promoción de la diversidad cultural' que requiere la preservación de los recursos y del saber hacer de la industria nacional o local.

Según Bruselas, las normas garantizan que la obligación de 'territorialización' de los gastos sigan siendo 'proporcionales' con sus objetivos.

Así, los países pueden exigir que el 160% del montante de la ayuda acordada sea gastado en su territorio y que, independientemente de la cantidad, una 'parte mínima' de la actividad de producción se efectúe en su territorio como condición para que el proyecto se beneficie del apoyo público (un nivel que nunca podría sobrepasar el 50 % del presupuesto de producción).

Se mantiene que, en cualquier situación, la obligación de invertir la ayuda en el territorio de ese Estado miembro no sobrepase el 80% del presupuesto de producción del filme.

Con vistas a mejorar la conservación y accesibilidad del patrimonio audiovisual, las nuevas normas también enfatizan que los Estados miembros deben promover y apoyar que los productores depositen una copia de las obras que hayan recibido ayudas para su preservación y uno no comercial.

La CE apuntó que los Estados miembros tendrán dos años para adaptar sus esquemas de apoyo al cine a estas reglas.