Ni partido político, ni plataforma reivindicativa. Fue una ciudadana, Ana María Méndez, dueña de una pequeña tienda de informática de Barcelona llamada Traxtore, la que movió los hilos y originó el fallo del Tribunal de Luxemburgo contra el canon digital. Ayer, poco después de conocer la sentencia, Méndez dijo sentirse, sobre todo, "aliviada". "He sentido mucha impotencia durante estos últimos años", explicó.

La batalla judicial comenzó en 2004, cuando la SGAE realizó una auditoría en su tienda, un negocio familiar regentado junto a su madre, su hermano y su marido. Dos semanas después, recibió un correo en el cual se le reclamaba 48.000 euros en concepto de canon digital. "Nos reclamaban el canon desde el año 2002, con carácter retroactivo. Lo único que nos enviaron fue un fichero Excel, y decía que teníamos que satisfacer el pago de la multa en 15 días".

Ana María y su familia decidieron oponerse a esta decisión y poner una denuncia, primero, directamente a la SGAE. El importe reclamado se redujo poco a poco hasta unos 16.700 euros. "Pero nos parecía injusto y decidimos interponer una demanda". El argumento de Padawan, la empresa propietaria de la tienda, era que no todos los CD, DVD, MP3 y tarjetas de memoria que vendía se utilizaban para copiar música u otros contenidos sobre los cuales se aplica el canon. Sin embargo, el tribunal mercantil condenó en primera instancia a la empresa. La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que pidió consultar la Justicia europea.

Durante los años de batalla judicial, la decisión de la SGAE afectó al negocio de Padawan cuando tuvo que cerrar una de sus dos tiendas y despedir a los cinco empleados. "Decidimos dejar de vender todo lo que eran CD y DVD", confiesa. "Ahora somos básicamente una tienda de refrigeración líquida de ordenadores, pero esta adaptación nos ha costado tiempo".

Además de Traxtore, la decisión del Tribunal de Luxemburgo afectará a muchas tiendas de la zona, una parte del barrio de Sant Antoni de Barcelona donde la tiendas de informática son mayoría. Algunas, que recibieron también una multa por parte de la SGAE, se agruparon en la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT).

"Al final se ha hecho justicia", apuntó Marta Nogués, dueña de cuatro tiendas en Sant Antoni. "Pero es una pena que se tuviera que ir a Europa para defender cosas que ocurren aquí", añade, aunque matiza que no está en contra del principio del canon digital sino de su aplicación.

La Audiencia de Barcelona tendrá la última palabra, pero Ana María ya celebra el fallo europeo: "Nos han dado la razón en algo que decíamos desde el principio".