Con la crisis de la SGAE abierta ya sobre el tapete político, el PP anunció ayer una ofensiva con trazas de partida billar. Los conservadores intentaron afinar por elevación hasta situar en la cúspide de su demanda de explicaciones al número dos del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba, diana preferente de sus ataques tras su advenimiento como candidato socialista.

Los conservadores pidieron ayer cuentas a los ministerios de Industria, Cultura y a las vicepresidencias segunda y tercera sobre su conocimiento y control de los hechos que investiga la Audiencia Nacional. Y puesto que son varias las carteras concernidas a juicio del PP, 'el asunto se eleva a la vicepresidencia política del Gobierno, que tendrá que dar cuenta de cuál ha sido su coordinación e impulso en este asunto', concluyó la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, para rematar la carambola.

Dos iniciativas que se discutirán la próxima semana en la Cámara completarán la estrategia del partido de Mariano Rajoy, que pedirá la eliminación del canon digital e intentará alentar un improbable cara a cara con Rubalcaba, en una interpelación en la que, con la ley en la mano, es el Gobierno el que dispone quién responde a la oposición en el hemiciclo.

Aunque la decisión está por cerrar, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que ya ha pedido comparecer ante el Congreso para analizar lo ocurrido, ocupará la tribuna frente al PP, según avanzaron fuentes del Grupo Socialista.

El Gobierno encajó con distancia la atribución de responsabilidades políticas que escenificó el PP en relación con la SGAE. 'Pedir responsabilidad al Ministerio del Interior porque se investiga la comisión de un presunto delito es para nota, a no ser que el PP quisiera que se ocultara', replicó desde Sevilla el ministro de Fomento.

José Blanco reprochó al partido conservador que 'culpe de todo, hasta del caso de la SGAE, a Alfredo Pérez Rubalcaba'. El también número dos del PSOE se preguntó si al primer partido de la oposición 'le molestan' las detenciones practicadas hasta ahora en relación con la investigación. 'Si lo que quería decir el PP es que no se debería investigar, que lo digan', retó a los conservadores el vicesecretario general socialista.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, trató mientras tanto de imponer distancia entre el Gobierno y la SGAE para abrir un cortafuegos frente a las acusaciones del PP. Caamaño aseguró que una sentencia del Tribunal Constitucional, contraria a un artículo de la Ley de Propiedad Intelectual referido a la vigilancia de la SGAE por parte de Cultura impide a este departamento ejercer esta labor de tutela. 'El Estado no tiene ningún elemento de vigilancia o supervisión sobre organizaciones como la SGAE o cualquier otra de derechos de autor', trató de zanjar Caamaño.

El senador de ICV Jordi Guillot instó al Gobierno a que presente una propuesta sobre una nueva formulación de los derechos de autor. En un comunicado, Guillot apuntó que 'las circunstancias que rodean la SGAE hacen evidente que se tienen que buscar fórmulas alternativas que se adapten a la nueva realidad digital'.

Así, ICV reclamó al Gobierno que haga pública su propuesta y que la comisión del Congreso que trabaja en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual consensúe nuevas propuestas para defender los derechos de autor.