La patente unitaria europea entra en un callejón con difícil salida

“Que inventen, pues, ellos y nosotros nos aprovecharemos de sus invenciones”. Estas palabras de Unamuno expresadas en un artículo de inicios del siglo XX se han tornado recurrentes en los últimos tiempos para ilustrar el desprecio histórico de España hacia la ciencia y la tecnología. Esta situación es extrapolable al mundo de las patentes. No en vano, hasta abril de este año el Gobierno mantenía una ley arcaica que permitía la concesión de las patentes sin examen previo y con aplazamiento de las tasas de pago. La combinación de ambos aspectos, eliminados este año con la última reforma, conducía en los casos más extremos a que algunas personas presentaran entre 150 y 200 patentes al año.

“Se decía que el sistema era muy flexible porque permitía que la gente con menos recursos no pagara en el momento de concesión de la patente, pero se la concedían aun contando con un informe negativo porque no cumplía la condición básica de que el invento fuera novedoso. Si realizabas el examen te arriesgabas a que no te otorgasen la patente y el 90% de los solicitantes preferían solicitar la patente sin examen previo, evidentemente”, nos cuenta un extrabajador de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El surrealismo de dicha legislación no es el único elemento que nos diferencia del resto de países europeos. Tras cuatro años de recursos, negociaciones y ratificaciones de los estados miembros, parecía que en 2017 el anhelado proyecto de la patente unitaria europea encaraba su recta final hacia la ratificación. El Gobierno de España, en cambio, lleva más de un lustro anclado en su negativa al nuevo sistema. Desde el gobierno de Zapatero, España se unió a Italia presentando recursos contra el nuevo modelo y reiterando la discriminación lingüística que sufrirá nuestro país con la patente unitaria, que contempla como idiomas oficiales el inglés, el francés y el alemán. Una vez desestimados los recursos, Italia cejó en su empeño y decidió ratificar. Hasta el momento, únicamente España, Croacia y Polonia han reiterado que no firmaran el acuerdo.

La patente europea con efecto unitario no vendría a sustituir a ninguno de los anteriores y nace con el objetivo de que Europa compita como un ente único en los mercados internacionales, frente al poderío de Estados Unidos, Japón o China en materia de propiedad intelectual; dentro de la estrategia de la Comisión Europea para 2020 denominada “Unión por la innovación”.

En la actualidad, cada sistema nacional de patentes de los 28 países que conforman la Unión Europea conviven con el supranacional de patente europea que gestiona la Oficina Europea de Patentes (organismo independiente de la UE). Tanto con la patente nacional como con la europea, la empresa que desea patentar está sometida a la legislación propia de cada país miembro. La patente unitaria vendría a romper con el laberinto jurídico actual, reduciendo costes en las tramitaciones, mediante una única licencia que tenga vigencia en la totalidad de la Unión. Además, el encargado de aplicar la ley será el Tribunal Unificado de Patentes aumentando la seguridad jurídica para las empresas al verse sometidas a una única doctrina.

Frente a las proclamadas bondades del nuevo sistema en materia legal y en ahorro de costes, diversas voces apuntan a que el ahorro no sería real hasta alcanzar la obtención de la patente unitaria. El coste aproximado de la patente europea ahora mismo es de 8.000 euros. El recorrido que va a tener que realizar una empresa va a ser similar, detalla el funcionario especializado en patentes Francisco Moreno: “Para tener una patente europea necesitas: una traducción para llevar a cabo la solicitud en francés, inglés y alemán; un agente que te va a cobrar unos buenos honorarios por llevarte la solicitud ante la EPO; y las tasas que cobra que rondan los 5.500 euros”. Donde si se va a reflejar el ahorro es en los costes post-concesión, subraya: “Cuando tienes tu patente europea tienes que ir a cada país a validarla. España, por ejemplo, pide que pagues una tasa y que presentes una traducción al castellano de la patente. Con este sistema no se necesita esas validaciones y se elimina dicho gasto que suponía unos 3.000 o 4.000 euros”.

Uno de los aspectos que genera discordia es la elección del sistema trilingüe (francés, inglés y alemán), lo que provocará que los costes de traducción de patentes se incrementen para aquellos países cuyo idioma no esté incluido en el nuevo marco. Es el caso de España, en lo que se fundamenta el gobierno –con el beneplácito de la CEOE- para oponerse al marco unitario. Según la patronal de empresarios, el hecho de no poder defenderse en la lengua materna frente a empresas extranjeras “generará unas discriminaciones para las empresas españolas brutales”. Para Magnus Stiebe, agente de patentes europeas en el despacho Balder, la elección del idioma es uno de los peores del nuevo sistema y “puede acarrear que se doblen los gastos en traducciones, intérpretes o de cambios de abogados de una instancia a otra”.

Desde el punto de vista jurídico, el sistema de la patente unitaria se basa en el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas que data de 1973 y que España se vio obligada a ratificar en 1986 con la entrada en la Unión Europea. Arantxa Gandía -investigadora senior en el Instituto Max Planck-, quien prefiere que sus indicaciones permanezcan en el campo de la opinión personal, considera que “es en el marco de dicho Convenio donde la modificación del sistema lingüístico debería hacerse y no en el marco del sistema de la patente unitaria”.

Otra de las sospechas que despierta el nuevo acuerdo tiene que ver con los intereses de las empresas de fuera del territorio europeo. Francisco Moreno sostiene que la patente unitaria está hecha a medida de las grandes farmacéuticas y las multinacionales: “Ahora mismo una empresa estadounidense o china tiene que ir a cada país a patentar y con la unitaria solo hará falta un único registro. Eso provoca que entrar en Europa para proteger sus inventos sea más barato. Para las empresas europeas la diferencia no va a ser tanta porque solo interesa proteger en determinados países clave como Alemania o Reino Unido, no en toda la Unión Europea. Según datos de la Comisión Europea, se está protegiendo de media en cinco países de toda la Unión y solo el 2% de las patentes europeas se validan en toda la UE.

Desde la Oficina Europea de Patentes, su vicepresidente Alberto Casado considera que “el hecho de que actualmente los titulares de patentes solo decidan validar sus patentes en un reducido número de Estados miembros se debe exclusivamente a los costes y la complejidad que implican la obtención y el mantenimiento de la protección en más Estados miembros”.

El pasado mes de febrero, el PSOE –con el apoyo del resto de partidos de la oposición- solicitaba al Gobierno la adhesión al marco de la patente unitaria europea. Mediante la portavoz de Industria Patricia Blanquer, el PSOE exigía “no quedar fuera del sueño europeo de la innovación”. El giro en los postulados del Partido Socialista en esta materia ha sido radical. Hasta el final de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, los socialistas esbozaron los mismos motivos de discriminación lingüística que el Partido Popular para rechazar la patente unitaria. “En el momento en el que se estuvo negociando no se entendía que si lo que se pretendía era simplificar, se adoptarán tres idiomas y no se quedará con el sistema único del inglés. Una vez presentamos los recursos y el acuerdo tira para delante, consideramos que no podemos estar fuera y mantenernos con los brazos cruzados desde 2012”, defiende la diputada socialista.

El abogado de patentes de origen sueco Magnus Stiebe echa en falta un mayor rigor en los políticos españoles cuando se aborda este asunto: “Cuando el PSOE dice que España se tiene que adherir para que las empresas puedan proteger mejor sus inversiones es una tontería. Aunque España no ratifique el acuerdo, todas las empresas españolas podrán utilizar el nuevo modelo; al igual que las empresas americanas o chinas”. En lo que sí está de acuerdo Stiebe es que la negativa de España transmite una clara imagen proteccionista similar a la de los países de Europa del Este: “Polonia hizo un cálculo de costes, vio que salía perdiendo y no ha ratificado. Pero la no adhesión por los motivos lingüísticos que alude España va a afectar a las empresas alemanas o francesas y puede haber represalias por la falta de solidaridad”.

Aunque en cálculo de costes y facilidades idiomáticas puede ser conveniente para España no ratificar, el aislamiento mantenido por el ministro Luis De Guindos puede tener efectos colaterales para la innovación española, así como para los abogados y jueces que no podrán formar parte del Tribunal Unificado de Patentes. Así lo cree el abogado de la propiedad industrial Josep Maria Pujals: “En palabras del propio Luis de Guindos, asegurar el futuro de España pasa por un cambio de modelo productivo y que exportemos productos de alto valor añadido. Al final la propiedad industrial es una herramienta para captar esa diferenciación. Se da la contrariedad de que, estando fuera, las empresas españolas van a poder solicitar la patente unitaria y proteger a nivel europeo; pero nuestro país no va a poder proteger su inversión del resto de países. El problema no es solo para las empresas españolas, sino España como territorio de atracción de inversiones de I+D”.

Respecto a los problemas del idioma, Alberto Casado (vicepresidente de la EPO) asegura que, si España se une al sistema de patente unitaria, podría tener su propia división local del Tribunal Unificado de Patentes que trabajaría en español. “Dicho tribunal podría convertirse en un centro de resolución de litigios en español, no solo para las empresas locales sino para empresas hispanohablantes de todo el mundo. Si España se une al sistema de patente unitaria, aumentaría el atractivo de España como lugar para la innovación y la inversión”, concluye.

El Brexit y un recurso de inconstitucionalidad en Alemania paralizan el acuerdo

Entre los escollos que tiene por delante la patente unitaria, la negativa de España es el menos importante. Para su puesta a punto, el acuerdo necesitaba de un requisito indispensable –explica Jacobo Santamaría, experto profesional en derechos de autor-: “Al menos trece de los Estados miembro tenían que haber ratificado, pero entre ellos tenían que estar obligatoriamente Francia, Alemania y Reino Unido. Que Reino Unido haya salido de la Unión Europea ha generado gran incertidumbre y no se sabe cómo se puede conjugar estar fuera de la UE y estar dentro de la patente unitaria”. 

Entre los escollos que tiene por delante la patente unitaria, la negativa de España es el menos importante. Para su puesta a punto, el acuerdo necesitaba de un requisito indispensable –explica Jacobo Santamarta, experto profesional en derechos de autor-: “Al menos trece de los Estados miembro tenían que haber ratificado, pero entre ellos tenían que estar obligatoriamente Francia, Alemania y Reino Unido. Que Reino Unido haya salido de la Unión Europea ha generado gran incertidumbre y no se sabe cómo se puede conjugar estar fuera de la UE y estar dentro de la patente unitaria”.

​Una de las principales incógnitas que podría determinar la ratificación de Reino Unido radica en saber si la nueva patente se encuentra dentro o fuera del derecho comunitario. En opinión de Arantxa Gandía, la figura de la patente unitaria sí fue creada por un reglamento de la UE: “Lo que es formalmente independiente de la UE es el instrumento que crea el tribunal encargado de resolver las disputas sobre la patente unitaria, esto es, el Tribunal Unificado de Patentes. La instauración de dicho tribunal se ha materializado jurídicamente en un convenio internacional fuera del marco institucional de la UE”. Pese a ello, la primacía del Derecho de la UE es clara dado que el Convenio solo está abierto a la firma de los Estados miembros.

El peso de Reino Unido en el nuevo marco de patentes también queda en evidencia con la elección de Londres como una de las sedes del nuevo tribunal unificado. Aunque el gobierno conservador anunciaba a finales de 2016 que Reino Unido ratificaría a pesar del Brexit, su entrada pasa porque reconozca la función de intérprete del Derecho de la UE del Tribunal de Justicia. “Algo a lo que se ha negado el Gobierno británico expresamente en su White Paper en el que especifica su plan para materializar el Brexit”, detalla Arantxa Gandía.

Por si no fueran suficientes impedimentos, el pasado mes de septiembre se conocía que el Tribunal Constitucional alemán había admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por un abogado de Düsseldorf. Entre los diversos motivos, como que en el momento de la ratificación no existiera quórum suficiente en el Bundestag, se encuentra la posible incompatibilidad del Tribunal Unificado con el derecho comunitario –mencionada por la investigadora Arantxa Gandía-.

Más allá de la futura entrada en vigor condicionada a Alemania y Reino Unido, el nuevo marco de patente unitaria tendrá que hacer frente a problemas jurídicos derivados del diseño del acuerdo. Independientemente de que Reino Unido forme parte de dicho sistema, nos explica la investigadora del Instituto Max Planck, el texto actual no sirve para que el sistema de la patente unitaria se ponga en funcionamiento. Si el gobierno liderado por Theresa May finalmente ratifica, se prevé que sean responsables los países por los posibles incumplimientos del Derecho de la UE por parte del Tribunal Unificado de Patentes. Esta obligación es solo aplicable a los miembros de la UE, de ahí que si Reino Unido firma deba modificarse dicho punto. En caso de que los británicos no ratifiquen, el texto del Acuerdo deberá modificarse para que la ratificación de Reino Unido no resulte imperativa.

La cantidad de impedimentos desarrollados a lo largo del último lustro debería despertar una reflexión acerca de la elaboración del nuevo marco. En opinión de Arantxa Gandía, “tanto las normas de competencia judicial del nuevo tribunal, como que la ley aplicable se regule en un instrumento jurídico al margen de las instituciones europeas, produce cierta inquietud”. Para el agente de patentes Magnus Stiebe, el impasse en el que se encuentra inmerso el acuerdo debería aplazar la entrada en vigor del acuerdo para corregir los errores de diseño.