El órgano administrativo creado por el Gobierno francés para luchar contra las descargas en internet, la Alta Autoridad de Difusión de Obras y Protección de Derechos en Internet (Hadopi), no funciona tan rápido como le gustaría a la industria. Esta autoridad es la encargada de enviar hasta tres avisos a los inter-nautas que descargan contenidos sujetos a derechos de autor y, si estos no cesan en su actividad, solicitar a un juez que ordene el corte de su conexión a internet.

Con un presupuesto global de 6,7 millones de euros y cuando se cumplen tres meses desde que empezaron a enviarse los primeros correos electrónicos de advertencia, la Hadopi ha mandado, según informa el diario Le Figaro, 100.000 mensajes a internautas sospechosos. La industria presenta unas 70.000 denuncias al día, pero los integrantes de la Hadopi solo envían 2.000 avisos cada jornada, según destaca el diario francés.

Los magistrados justifican esta disparidad en las cifras alegando que aún están en fase de pruebas y quieren evaluar cómo reaccionan los que reciben las notificaciones. Un 15% de los destinatarios contestó al aviso, y una parte de ellos preguntaba sobre los detalles de la infracción, ya que el correo es genérico.

El envío de estos avisos es el primer paso de la ley Hadopi, modificada tras la decisión del Consejo Constitucional que obligó al equipo de Nicolas Sarkozy a retocar la ley y no aceptó que se otorgase a una autoridad administrativa la potestad de cortar el acceso a internet a los usuarios. Tras esta primera notificación, los reincidentes recibirán un segundo aviso, acompañado de una carta certificada. Es la última fase antes de que su caso llegue a un juez, que puede optar por cortar temporalmente la conexión a internet del usuario, aunque este tendrá que seguir pagándola.