El Gobierno acepta que las nucleares puedan funcionar más de 40 años

La posibilidad legal de que las centrales nucleares en España operen más de 40 años (el plazo para el que fueron originalmente diseñadas) quedó ayer mucho más despejada. El Congreso aprobó, con el apoyo del PSOE y el PP, una enmienda de CiU y PNV introducida la semana pasada en el trámite de la Ley de Economía Sostenible (LES) que suprime la mención a ese plazo, incluida en el texto que redactó inicialmente el Gobierno.

Es un giro significativo. Por mucho que el Ejecutivo, empezando por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se empeñara ayer en negarlo, denota un cambio de actitud hacia la posibilidad de prorrogar el plazo de funcionamiento de los reactores. Posibilidad que, por otro lado, ya existe: cuando se cierre (en 2013, si no hay cambios al respecto), la central de Garoña (Burgos) habrá cumplido 42 años en marcha.

Excluida Garoña, hasta 2021 ninguna central cumple 40 años de vida

La enmienda aprobada es tan ambigua que permite defender una cosa y la contraria. Para el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida, "pone fin a un debate ideológico innecesario que ha presentado a las renovables como energías de progreso y progresistas y a la nuclear, como anacrónica y retrógrada".

El PSOE no lo ve así. "La enmienda dice lo que dice, es muy general y no afirma ni una cosa ni la otra", repitió ayer, hasta seis veces, el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso. Y lo que dice la enmienda es que la planificación energética a largo plazo (a partir de 2020) deberá fijar el peso de la nuclear en el mix energético "con el calendario de operación de las centrales existentes y con las renovaciones que, solicitadas por los titulares de las centrales, en el marco de la legislación vigente en su caso, correspondan, teniendo en cuenta las decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear" (CSN).

Según Alonso, no hay cambio de criterio, sino "un ejercicio de responsabilidad". En opinión del portavoz socialista, no hay modificaciones a medio plazo. Después (a partir de 2020), todo puede pasar. "En el futuro se abordará la cuestión teniendo en cuenta las necesidades de abastecimiento energético de nuestro país y nosotros [el PSOE] seguiremos apostando por las energías renovables", concluyó, para tratar de sintonizar con el programa electoral socialista de 2008, que prometía la "sustitución gradual de la energía nuclear por energías seguras, limpias y menos costosas, cerrando las centrales nucleares de forma ordenada al final de su vida útil".

Industria quiere que la decisión siga en manos del Gobierno

Por utilizar un símil futbolístico, la enmienda es un "patapún p'arriba", que diría Javier Clemente. Y, cuando toque renovar un permiso pasados los 40 años, que decida quien gobierne en ese momento. Como dijo ayer el ministro de Industria, Miguel Sebastián, "será el Gobierno que esté en 2021 el que tome esa decisión", porque no será hasta entonces cuando la central de Almaraz I (Cáceres), la segunda más antigua, cumpla 40 años en marcha.

El argumento de Industria es que una cosa es la "vida de diseño" (los citados 40 años) y otra, "la vida útil", que EEUU, por ejemplo, ha decidido elevar desde los 40 años iniciales hasta 60. Sebastián defendió "que sea el Gobierno y no el CSN el que tome la decisión en función de una serie de condicionantes". Que sea, por tanto, una decisión política. Industria quiere que, en este aspecto, las cosas se queden como están, porque actualmente el Gobierno puede cerrar una central aunque el CSN aconseje lo contrario, como ha hecho con Garoña. El dictamen del regulador (que los nacionalistas pretendían hacer vinculante) sólo es de obligado cumplimiento si pide el cierre.

El lobby eléctrico tiene claro que ha logrado una victoria. Ayer, el presidente de Endesa, Borja Prado, dijo que el cambio introducido, "positivo" para la Sociedad Nuclear Española (SNE), es "bueno". "Yo creo en lo nuclear y creo que resolvería muchos problemas en el futuro, por lo que es una buena actitud y una buena disposición", añadió Prado.

Tras el cambio de postura del Ejecutivo está, entre otras muchas cuestiones, la necesidad de controlar el denominado déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes del sistema eléctrico), que debería estar solucionado en 2013. "Nuestro deseo es que todas las fuentes energéticas sean lo más baratas posible sabiendo que partimos de un hándicap muy importante, nuestra enorme dependencia energética", reiteró ayer Sebastián, que nunca ha ocultado su apoyo a la energía nuclear.

La decisión de cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en 2013 "está tomada", según fuentes del Ministerio de Industria. No hay giro a la vista, pues, pese a que el cambio legal aprobado ayer por el Congreso "permite ampliar el plazo de Garoña", según dijo el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida. Poco antes, su homólogo del PNV, Josu Erkoreka, rechazó esa posibilidad, que no está ni mucho menos cerrada (si el PP gana las próximas elecciones, podría anular el cierre). Garoña centrará hoy buena parte del debut en el Congreso del nuevo secretario de Estado de Energía, Fabrizio Hernández, que deberá rendir cuentas sobre la polémica generada después de que la consultora en la que trabajaba antes de su nombramiento, Nera, defendiera que el Estado debe pagar a Endesa e Iberdrola (propietarias de Garoña) 951,4 millones por el cierre de la central.