Francia lanza un aparato de propaganda contra las descargas

El Ministerio de Cultura francés ha lanzado un concurso público para encontrar la agencia publicitaria capaz de cumplir una misión que se plantea complicada: que los usuarios acepten la tarea de la futura autoridad antidescargas, que consiste en delatar a los que obtienen y comparten en la Red archivos sujetos a derechos de autor. La noticia, publicada por pcinpact.com, ha caído como una bomba entre los internautas, que han combatido contra la ley Creación e Internet que instaura la Hadopi.

La ley se promulgó hace seis meses, después de una censura parcial del Consejo Constitucional que obligó al Gobierno a reconocer que una autoridad administrativa sólo podrá sancionar con la desconexión a un internauta si un juez así lo acepta.

La convocatoria insiste sobre todo en "concienciar a los jóvenes"

El plazo de presentación de candidaturas para la futura campaña de "consultoría y realización de acciones de comunicación y sensibilización" terminará el próximo 25 de enero, y el contrato durará un año. Contactado por Público, el departamento del Ministerio de Cultura encargado del concurso no reveló la cantidad que el Gobierno va a abonar por la campaña. "El presupuesto global aprobado para la Hadopi en el proyecto de ley de finanzas es de 6,7 millones de euros, y el monto del contrato con la agencia publicitaria estará comprendido dentro", explicó esta fuente.

Además de este concurso, el Ministerio ya ha cerrado el plazo para otras dos convocatorias, cuyo monto tampoco se ha revelado. Se trata, por un lado, de la creación de la futura web de la Hadopi y, por otro, del diseño del logotipo de la autoridad administrativa. Si a esos costes se suma la reciente revelación de que la Hadopi va a disponer de locales en París con el abono de un alquiler de unos 480.000 euros anuales, y que dispondrá de siete funcionarios de Cultura, la cuenta resultante de perseguir a los que descargan es bastante elevada.

La agencia agraciada con la adjudicación del contrato deberá elaborar un calendario de acciones publicitarias y estará sometida a una cláusula de confidencialidad que la obligará a respetar "el secreto" de todas las cuestiones internas de la autoridad y de su propio trabajo y costes. "El prestatario deberá tener en cuenta muy particularmente la sensibilización de los jóvenes", señala el pliego de condiciones, que añade que deberá concebir un programa de concienciación "de los alumnos sobre los peligros que representa, para la creación, la apropiación ilícita de obras protegidas por el derecho de autor".

El Gobierno gastará 480.000 euros en alquilar locales para vender la ley

Los sondeos realizados durante la tramitación de la Hadopi demostraron que parte de la opinión pública era hostil a su implantación. Asociaciones como La Quadrature du Net y la Ligue Odebit realizaron informes en los que apuntaban a que la legislación represiva con los internautas protegía, sobre todo, los intereses de las grandes multinacionales. La formulación escogida por el Ministerio parece destinada a zanjar el debate, produciéndose en un momento en el que un número creciente de artistas franceses empiezan a posicionarse contra la Hadopi y a favor del libre intercambio.

Tras la victoria de la industria cultural con la implantación de la Hadopi, dos sociedades de autores, Adami y Sacem, han empezado a reclamar una tasa a los proveedores de acceso a Internet que representaría un euro al mes por internauta.

La Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), autoridad de protección de datos, está negándose a proporcionar al Gobierno francés su dictamen sobre un decreto relativo a la ley Hadopi. Sin él, el Ejecutivo no puede comenzar a actuar contra los que descargan.

El dictamen de la CNIL es sólo consultivo y, una vez emitido, Sarkozy podrá sacar adelante la Hadopi. Pero que exista ese dictamen (positivo o negativo) es obligatorio. La Comisión debe pronunciarse sobre la propuesta de que la Hadopi conserve un fichero de internautas. En la versión inicial de la ley y de su decreto, ese fichero debía servir para que la Hadopi los castigara directamente con la desconexión.

Como el Consejo Constitucional ya censuró esa posiblidad exigiendo que intervenga un juez, ahora hacen falta dos decretos, uno sobre el fichero de la Hadopi y otro sobre su transmisión a los jueces. La CNIL estima ahora que es mejor que ella pueda analizar los dos decretos a la vez. El problema es que el segundo todavía no está en tramitación. Tras los diferentes retrasos, este nuevo golpe contra la Hadopi impide que la caza de los que descargan comience, en el mejor de los casos, hasta abril de 2010.