Este artículo se publicó hace 13 años.
Expertos españoles reclaman la ley de transparencia
Bruselas presenta su propuesta para liberar millones de datos, un posible remedio a la pasividad de los países
Publicar en internet los datos que atesoran las administraciones públicas es "un voto de confianza en el pueblo europeo", aseguró ayer la vicepresidenta de la Comisión a cargo del sector de las telecomunicaciones. "Confiamos en que haréis cosas buenas con esos datos por los que además ya habéis pagado", en palabras de Neelie Kroes en la presentación de una reforma legal que, de ser aprobada, obligará a los 27 estados miembros a desnudar la mayoría de sus datos en internet. Además de un avance en la calidad de la democracia, Bruselas defiende una oportunidad de negocio directa de 40.000 millones de euros gracias al desarrollo de sectores como el de la reutilización con fines comerciales de los datos en aplicaciones para teléfonos móviles, por ejemplo.
"No tener una ley de transparencia es un déficit democrático", dice un experto Su discurso y su propuesta, adelantada ayer por este diario, fue bien acogida por dos de los expertos legales más activos en la reivindicación de una red abierta en la que las administraciones públicas den ejemplo. "En España no tenemos una ley de transparencia, es un valor anecdótico que depende del político de turno", señala el abogado Javier de la Cueva. "No disponer de un instrumento de ese tipo muestra la falta de cultura científica y democrática que arrastramos desde hace décadas", añade. Como ejemplo, los borradores de leyes que se filtran a la prensa en vez de hacerse accesibles a los ciudadanos, con la conocida como ley Sinde como uno de los más recientes. "El año pasado, el Gobierno nos decía que tenía estudios que recomendaban medidas como la limitación a 110 km/h de la velocidad, pero esos estudios no se pusieron a disposición de los ciudadanos", lamenta.
Hay buenos ejemplos, como los de las comunidades autónomas vasca y catalana y organismos como el CETIC, pero falta una ley que garantice globalmente el derecho. Según el abogado Carlos Sánchez Almeida, el anteproyecto presentado tras años de titubeos por el Gobierno en julio es "de vergüenza".
Según otro, un instrumento así "es imprescindible" Por una parte, "con las elecciones en mente se sabía que no llegaría a nada", recuerda. Por otra, "iba más allá de los límites de la Constitución", que garantiza el acceso a los documentos salvo que afecten a la seguridad nacional, la publicación de delitos o la intimidad. "En el texto propuesto se incluían cuestiones como la propiedad intelectual" además de canalizar las peticiones a través de "formularios e instancias" en vez de garantizar un acceso "abierto y transparente". "La transparencia en internet es imprescindible para luchar contra la corrupción", señala Sánchez Almeida. Según él, permite a los ciudadanos o a los partidos en la oposición fiscalizar al poder, "seguir el trámite de leyes desde su embrión".
Para De la Cueva, movimientos como el 15-M han permitido avanzar en la concienciación sobre la necesidad de una mayor transparencia. Sin embargo, "el problema está en la clase política, en la financiación de los partidos, en la creencia de que los datos y documentos les pertenecen", critica. No entienden, según el experto, que "nuestros datos son capital civil que nos permite gobernarnos mejor a nosotros mismos".
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