El Departamento de Estado de EEUU ha publicado su nueva normativa para exigir a solicitantes de visado de todo el mundo datos sobre las redes sociales que han usado en los últimos años, una política que podría afectar a 14,7 millones de personas. La nueva normativa entrará en vigor dentro de 60 días, una vez que haya superado el proceso de revisión en el que ciudadanos y organizaciones pueden expresar su opinión sobre la medida.

Una vez que entre en vigor, aquellos que planeen solicitar un visado para viajar a Estados Unidos deberán rellenar un cuestionario que les pide sus nombres de usuario en redes sociales, direcciones de correo electrónico y números de teléfono en los últimos cinco años. Además, tendrán que precisar los números de todos sus pasaportes anteriores, los nombres y fechas de nacimiento de sus familiares, y los datos de sus empleadores en los últimos 15 años, así como los países que hayan visitado y todas las direcciones en las que hayan vivido en ese mismo periodo. 

La medida responde a una orden emitida el 6 de marzo de 2017 por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que exigía que se endureciera el escrutinio de los solicitantes de visado en el extranjero, con el fin de bloquear la entrada a posibles terroristas y "otras personas que pudieran amenazar la seguridad nacional". Ya en junio de 2016, EEUU había comenzado a exigir los datos de redes sociales a unos 65.000 solicitantes de visados.

El Departamento de Estado ya pide a todos los solicitantes de visado en todo el mundo su información de contacto, su historial de viaje, sus direcciones previas y detalles sobre sus familiares, pero para un periodo mucho menor al del nuevo cuestionario. En 2017, Estados Unidos ya comenzó a pedir a los viajeros sometidos al programa de exención de visado "visa waiver" que proporcionen de manera voluntaria los nombres de sus cuentas en redes sociales para aumentar los controles.

El cambio ha generado críticas de organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una de las más críticas con las medidas de Trump para endurecer los controles migratorios, que consideró el plan como "ineficaz" y "profundamente problemático". "Este plan infringe los derechos de los inmigrantes y de los ciudadanos estadounidenses al vulnerar la libertad de expresión y asociación, particularmente porque la gente ahora se preguntará si lo que dicen online puede ser malinterpretado por un agente del Gobierno", opinó en un comunicado Hina Shamsi, directora del proyecto de seguridad de ACLU.