La última tecnología que preocupa al mundo ecologista en España se llama fracturación hidráulica o fracking. La proliferación el último año de planes de investigación de gas de esquisto (shale gas, en inglés) ha motivado la aparición de movimientos contrarios en Euskadi, Cantabria y Castillay León, tres de las comunidades que estudian su explotación. El principal temor de los ecologistas es que las perforaciones las primeras están previstas para este año contaminen acuíferos subterráneos.

El fracking consiste en la inyección concentrada en la tierra de agua, arena y productos químicos para provocar el flujo de gas. Esta técnica se empezó a extender en EEUU hace diez años, pero su uso apenas convence en Europa, con la salvedad de Polonia. Los movimientos contrarios constituidos en Cantabria, Euskadi y Castilla y León denuncian que estas comunidades autónomas apuesten por esta técnica, cuando está cuestiona-da en otras partes del mundo.

Denuncian la apuesta en España por el gas de esquisto, cuestionado en la UE

En Cantabria, colectivos ecologistas y ciudadanos han formado la Asamblea contra la Fractura Hidráulica. Su mayor preocupación es el proyecto Arquetu. El consejo de Gobierno de Cantabria otorgó en abril de 2011 a la empresa Trofagás Hidrocarburos SL, filial de la compañía estadounidense BNK Petrolium Inc, un permiso de investigación, por un periodo de seis años, sobre una superficie de 24.876 hectáreas que se extiende por nueve municipios, entre ellos, San Vicente de la Barquera y Cabezón de la Sal.

Por ahora, la empresa se ha dedicado a recopilar información, pero, según el permiso del Gobierno de Cantabria, este año debería acometer la perforación del primer pozo, de los cuatro previstos, a través de una acuífero subterráneo que llega a los 2.000 metros de profundidad. La Asamblea contra la Fractura Hidráulica denuncia que estainvestigación, junto al Parque Natural Saja-Besaya, puede provocar la contaminación del "gran acuífero subterráneo", que alimenta los ríos Saja y Nansa, catalogados de Interés Especial, y que, además, tiene captaciones de agua para el consumo doméstico,la ganadería y la agricultura.

El Gobierno vasco matiza que apoya la «investigación», pero no aún la explotación

El permiso de investigación está recurrido por distintos colectivos, como Ecologistas en Acción Cantabria. En sus alegaciones, apuntan que "gran parte del territorio afectado tiene diferentes calificaciones de protección forestal, paisajística o agropecuaria".

Aparte del proyecto Arquetu, la Asamblea contra la Fractura Hidráulica teme que otros cuatro permisos de investigación de hidrocarburos concedidos ya en Cantabria estén relacionados con el fracking. Se trata de Luena (75.000 hectáreas), Bezana (87.000), Bigüenzo (91.000) y Usapal (75.000). "Debido a la ocultación de información, todavía no sabemos si estos permisos son para extraer gas mediante fracking", denuncia.

El Gobierno de Cantabria, del PP, mantiene su apuesta por el gas de esquisto, un proyecto heredado del anterior Ejecutivo de PRC y PSC-PSOE. El Gobierno cántabro considera que las inquietud generada se debe a la "falta de información" del anterior Ejecutivo.

Las ONG temen que se contaminen acuíferos subterráneos

Sin valorar los informes científicos que cuestionan la viabilidad medioambiental del fracking, el Ejecutivo cántabro asegura que los trabajos se someterán a estudios de impacto ambiental y a la Ley de Control Ambiental Integrado de Cantabria.

En Euskadi, los proyectos de investigación habían pasado desapercibidos hasta que, el pasado 14 de octubre, el lehendakari, Patxi López, anunció prospecciones en Araba durante una visita en Dallas (EEUU) a un campo de extracción de gas natural de la compañía Heyco, socia del proyecto con la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi. Según López, si se confirmaran los datos, el hallazgo equivaldría a unos 180 bcm de gas, lo que supone el consumo de gas en España durante cinco años (60 años, en el caso de Euskadi). El problema radica en que para llegar ahí hay que atravesar el acuífero subterráneo de Subijana, el mayor de Araba.

El Gobierno vasco se ha encontrado ya con la oposición de la plataforma Fracking Ez Araba, recién constituida. Según denuncia su portavoz, Andrés Illana, la primera problemática es que las autorizaciones de investigación para la perforación de tres pozos, localizados en Vitoria, se han concedido sin una evaluación de impacto ambiental.

En el caso de los dos primeros pozos previstos, de 5.150 metros y 5.300 metros de profundidad, el Ministerio de Medio Ambiente resolvió, ya en marzo de 2010, para no exigir una evaluación de impacto ambiental, que "los impactos esperados por la perforación son de poca magnitud y complejidad". Y el pasado 21 de noviembre, llegó a la misma conclusión sobre el tercer pozo previsto en Vitoria, de 4.864 metros de profundidad: "No es previsible", arguye, "que el proyecto para la exploración de hidrocarburos () vaya a producir impac-tos adversos significativos".

La plataforma Fracking Ez Araba no entiende cómo, ante una técnica tan discutida en Europa y por expertos científicos de todo el mundo, el Ministerio de Medio Ambiente ni siquiera haya considerado preceptiva la evaluación de impacto ambiental para hacer la exploración: "La única diferencia entre la exploración y la explotación del pozo es que en esta última se almacena el gas extraído ya en la superficie y ahora lo tendrán que que-mar", asegura Andrés Illana.

Este movimiento teme que un error provoque la contaminación del acuífero de Subijana, "el mayor recurso de agua que tenemos". Su cuenca se extiende sobre 170 kilómetros cuadrados, hasta la frontera con Burgos, y sus aguas se usaron para paliar la sequía que sufrió Euskadi en 1990.

La plataforma Fracking Ez Araba ha reclamado ya al Ayuntamiento de Vitoria, que este año es Capital Verde Europea, que no conceda la licencia de actividad a las empresas promotoras ante la falta de la evaluación de impacto ambien-tal. Confía en que el Consistorio no dé, al menos, la licencia hasta la celebración de unas jornadas sobre fracking, previstas para febrero. Precisamente, ayer mismo, el alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), anunció un recurso contra la decisión de no exigir una evaluación de impacto ambiental para llevar a cabo dichas prospecciones en Subijana.

El viceconsejero vasco de Industria y Energía, Xabier Garmendia, defiende la posición "matizada" del Gobierno de Patxi López sobre el gas de esquisto. Según su explicación, el Ejecutivo no ha tomado ninguna decisión sobre su explotación, sino que ha promovido su investigación. "Esto es muy importante, porque el proyecto de explotación no se va a autorizar si no cumple tres condiciones: la viabilidad técnica, la viabilidad económica y la viabilidad medioambiental. Se tiene que demostrar que se puede hacer sin peligro para el medio ambiente".

A juicio de Garmendia, el hecho de que el Ministerio de Medio Ambiente autorizase investigar los tres pozos sin una evaluación ambiental no resulta trascendental por dos razones. La primera, según esgrime, es que la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi ya realizó un estudio que se asemeja a una evaluación de impacto ambiental: "La diferencia es mínima".

La segunda razón, según el viceconsejero de Industria y Energía, radica en que, en el supuesto de que se produjera un "desastre" en la perforación de un pozo, su "impac-to sería mínimo y asumible por el medio. Esto no es una explotación, sino un experimento. Estamos hablando de un pozo, mientras que en una explotación hablaríamos de cientos de pozos".

Según Garmendia, la investigación sobre el gas de esquisto en Araba se limitará por ahora a dos pozos en Vitoria y, si su estudio arroja "resultados concluyentes", no se investigará el tercero y último autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente.

En Castilla y León, también acaba de surgir una asamblea contraria en Burgos. En esta provincia, el Ministerio de Industria concedió, el pasado septiembre, un permiso a Trofagás Hidrocarburos para la investigación de hidrocarburos mediante fracking. Es el proyecto Urraca, sobre 94.815 hectáreas que se extienden por los municipios de Villarcayo, Medina de Pomar y la Merindad de Valdivielso y Frías. Pocas semanas después, la Junta de Castilla y León concedía a la misma compañía otro permiso de investigación, llamado Sedano, sobre 34.765 hectáreas, que afecta a una veintena de localidades.

La asamblea de Burgos denuncia que, "detrás de la fractura hidráulica, se esconden oscuros intereses y pocas bondades: empresas se enriquecen a costa del saqueo y destrucción de nuestros valles, medios rurales, montes". Este diario trató de conocer, sin éxito, la versión de la Junta de Castilla y León.