En el mundo hay 800 millones de personas sin acceso al agua potable y un 40% de la población no cuenta con sistemas básicos de saneamiento. Sin este acceso garantizado, el ejercicio de los derechos humanos más básicos es una quimera. Ahora, un proyecto español busca aplicar una gestión sostenible de los recursos hídricos en varias comunidades rurales de Nicaragua. Además de ayudar a los lugareños a hacer efectivo su derecho al agua, sus conclusiones se convertirán en un libro destinado a las ONG para el desarrollo.

En Nicaragua, como en muchas otras zonas del mundo, la degradación ambiental y el cambio climático están teniendo un duro efecto sobre la disponibilidad de agua. La zona se está recalentando más que otras latitudes y, según el Ministerio del Ambiente de Nicaragua, la temperatura media podría subir 5ºC en 2050. Esto está acarreando una aceleración de los procesos de erosión, con 70.000 hectáreas de masa forestal menos cada año. Además de afectar a la captura de carbono, esto provoca que los ecosistemas naturales pierdan su capacidad de generar agua.

Nicaragua pierde 70.000 hectáreas de masa forestal al año

'El agua es un elemento fundamental para el desarrollo', dice Alberto Guijarro, de la organización ONGAWA , dedicada a la ingeniería para el desarrollo humano. 'Del acceso al agua depende la salud, y una mayor o menor presencia de las enfermedades, y la educación, un derecho que no se puede ejercitar si tienes que recorrer kilómetros para llevar agua a casa', añade. La interacción entre medio ambiente y derechos humanos es evidente.

'Sin embargo, no siempre fue así. Hasta la Declaración del Milenio, las agendas del desarrollo y los derechos humanos iban por separado', sostiene Guijarro. ONGAWA quiere volver a unirlas en varias comunidades del Bosawás, una reserva situada al norte de Nicaragua. Con la ayuda de la Fundación Biodiversidad van a trabajar con los llamados Comités de Agua Potable, responsables de la gestión de los recursos hídricos en las zonas rurales para integrar la sostenibilidad en esa gestión. 'Buscamos favorecer el derecho humano al agua, reconocido por la ONU, pero que hay que hacerlo efectivo', explica Guijarro.

No se trata sólo de obtener y canalizar agua potable. También trabajarán en sistemas autónomos de saneamiento de las aguas residuales. Y todo de una forma sostenible, sin sobreexplotar los recursos.

Del trabajo sobre el terreno saldrá un libro destinado a otras ONG

De ese trabajo sobre el terreno deberá salir una serie de buenas prácticas que, esperan, sean usadas como modelo en el resto del país. Además, serán la base para unas jornadas sobre derechos humanos y sostenibilidad ambiental en España. Por último, una publicación recogerá sus resultados para que otras ONG para el de-sarrollo conviertan esta experiencia local en un modelo global. No en vano, la puesta en práctica del derecho al agua se lleva el 8% de la cooperación española.