La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso votó ayer, tras cuatro aplazamientos y con siete horas de retraso, la supresión de la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible (LES). Esta contemplaba que un órgano administrativo del Ministerio de Cultura pudiese ordenar el cierre de páginas web que fomentasen la distribución de contenidos sujetos a derechos de autor. Aunque el texto recogía que un juez de la Audiencia Nacional tenía que dar el visto bueno a la decisión tomada por la Comisión, esta intervención judicial era el principal escollo entre los diferentes grupos parlamentarios, que consideran que el texto podía llegar a no ser garantista con otros derechos, como la libertad de expresión.

La votación se saldó con 18 votos a favor, todos del PSOE, y 20 en contra (16 del PP y cuatro del resto de partidos). Marta Gastón, del PSOE, no descartó ayer que su partido vuelva a presentar la ley Sinde, esta vez como enmienda, en el Senado. 'Más que derrota, que lo es, lo que más nos duele es que no hemos encontrado una propuesta alternativa', afirmó.

La llave para la supresión de la disposición estuvo en manos del propio Gobierno, que no accedió a las peticiones de CiU. Sí contaba con el apoyo de EAJ-PNV para sacar adelante el resto de la ley, un respaldo que el grupo le había negado para la ley Sinde.

La negociación, ya en la tarde de ayer, estaba en vía muerta. Fuentes de CiU aseguraron que, una vez que hicieron oficial su no a la ley Sinde, no hubo más conversaciones, y desmintieron 'tajantemente' que hubiesen exigido para mañana la abstención del PSC en la segunda vuelta de la investidura de Artur Mas como president en el Parlament. Mientras, el PNV también negaba que hubiese retomado los contactos con los socialistas. Fuentes del grupo nacionalista se remitían a su postura oficial, expresada a través de un comunicado: sí a la LES en general, pero negativa a tragar con la disposición final segunda, informa Juanma Romero. Fuentes del sector cultural aseguran también que el PP ofreció su apoyo a la disposición si el PSOE retiraba el canon digital, a lo que el partido en el Gobierno no accedió, informa Sara Brito.

Durante el debate previo a la votación de ayer, el PSOE se encontró solo defendiendo su fórmula para frenar la descarga de archivos. Con el argumento de 'sustentar la economía en la propiedad intelectual y no en el ladrillo', Gastón recordó que el Gobierno había introducido una tutela judicial efectiva en el proceso de cierre de páginas web. Esta aclaración no ha sido interpretada así por los internautas y la oposición, que siempre han defendido que el juez no entra a valorar el caso y se limita a comprobar si se han vulnerado derechos fundamentales del creador de la página.

El diputado del PP José María Lasalle aseguró que 'se trata de una tutela judicial que es meramente maquilladora'. Siguió el turno del portavoz de Economía del EAJ-PNV, Pedro María Azpiazu, que recalcó la idea que su grupo ha mantenido a lo largo de todo el proceso: en la LES deberían abordarse otros temas, como la creación de nuevos modelos de negocio que puedan convertirse en una alternativa a las descargas. La portavoz de ICV, Nuria Buenaventura, fue más radical, llegando a calificar la ley Sinde como 'ley de la patada en el módem'.

Buenaventura se sumó a la petición de Azpiazu de pedir que la ley Sinde fuese votada por separado, algo que también solicitó el portavoz de ERC, Joan Ridao, que calificó la disposición final segunda de 'emplasto y chapuza'. Ana María Oramas, de CC, expresó sus dudas sobre la constitucionalidad de la disposición.

Con la petición de ERC, EAJ-PNV y CC (a los que se sumarían PP y IU-ICV mostrando su rechazo al texto), todos los ojos estaban puestos en CiU. Con un discurso abierto a todas las posibilidades, Sánchez Llibre defendió la promoción de nuevos modelos de negocio. Más tarde comunicaba a los periodistas que las conversaciones con el Gobierno no habían prosperado. 'CiU ha decidido votar en contra de toda la LES', declaró.

Todos los ojos están ahora fijos en la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que calificaba por la mañana en el Senado de 'insostenible' que España sea 'el único país que tiene un ADSL potente a la vez que unas reglas del juego inexistentes' sobre internet. Fuentes cercanas a la ministra aseguran que nunca fue partidaria de incluir esta disposición en la LES.

La disposición que recoge la ‘ley Sinde' queda suprimida de la LES.

El Senado tiene un plazo máximo de dos meses para tramitar la ley en su conjunto. Se abre entonces un plazo de enmiendas. Si el PSOE, que no es la primera fuerza en la Cámara Alta, consigue negociar con otros grupos, podrá sacarla adelante.

Volvería al Congreso, con las enmiendas aprobadas. Este puede ratificarlas o tumbarlas.