Artistas piden un impuesto a los proveedores de ADSL por la descarga de música

Un grupo de compositores y cantantes británicos pedirá hoy la introducción de un impuesto para los proveedores británicos de banda ancha en función de la cantidad de música que permiten descargar a través de sus servidores, según adelanta el Financial Times. Will Page, portavoz de la Performing Right Society (PRS) -asocición que aglutina a compositores, músicos y cantantes británicos-, asistirá hoy a una conferencia en la que argumentará que este impuesto es la "mejor manera" de alinear los intereses financieros de los proveedores de internet con los derechos de autor.

Artistas como Lilly Allen han criticado en numerosas ocasiones las páginas para compartir archivos como The Pirate Bay que permiten la descarga de canciones. Por ello, la industria musical, que responsabiliza a la piratería de pérdidas millonarias por la bajada de las ventas, está presionando al Gobierno británico para que se tome más en serio la protección de los derechos de autor.

Gracias a sus presiones, el pasado abril consiguieron que se aprobara en la Cámara de los Comunes la Ley de Economía Digital, que entraría en vigor a partir de 2011.

En la otra cara de este debate, BT y TalkTalk, los mayores proveedores de internet del Reino Unido, cuestionaron la pasada semana la legalidad de esta ley y la han recurrido en el Tribunal Superior. Esta ley incluye medidas como la suspensión del acceso a la red a aquellos internautas que reincidan en la descarga de archivos y el bloqueo de las páginas de intercambio de archivos.

El regulador británico de las telecomunicaciones, Ofcom, sería el encargado de controlar los niveles de piratería, para lo que PRS propone la utilización de una huella digital, que identificaría el tráfico de descargas en las páginas de intercambio de archivos en cada uno de los proveedores de internet.

La carga impositiva propuesta por PRS, que iría a parar a las arcas del Estado o directamente a los poseedores de derechos de autor, variaría en función de los niveles de descargas ilegales.

"El objetivo es acabar con el problema, llegar a un punto en el que no tenga que haber compensaciones económicas porque no habrá descargas", subrayó Page. Sin embargo, parece poco probable que la idea del PRS sea bien recibida entre los proveedores de Internet, que ya han dicho en varias ocasiones que ellos no tienen porque cargar con la responabilidad del "mal comportamiento" de sus clientes.