Alemania tendrá que borrar todos los datos de comunicaciones telefónicas y de Internet archivados en virtud de una ley antiterrorista que entró en vigor en enero de 2008. El Tribunal Constitucional tumbó ayer esa ley, que obliga a las compañías telefónicas y servidores de Internet a guardar todos los datos durante seis meses de forma indiscriminada. Hasta ayer, las fiscalías, la policía y los servicios secretos tenían acceso directo a ese gigantesco volumen de datos sin permiso judicial.

En un dictamen esperado con gran expectación por ser el primero que aborda de forma exhaustiva asuntos de protección de datos, el alto tribunal consideró que la ley supone 'una transgresión especialmente grave de la confidencialidad de las comunicaciones', ya que permite a las autoridades 'sacar conclusiones sobre la esfera íntima' de los ciudadanos. Además, tal y como está formulada, la ley alemana tolera 'abusos' y fomenta 'una sensación de amenaza difusa de observación permanente', dice la resolución.

El dictamen satisfizo a los políticos y organizaciones de internautas que habían acudido al alto tribunal para exigir la retirada de la ley. Pero la victoria es agridulce. Los enemigos del archivo indiscriminado de datos tendrán que continuar ahora su batalla en Bruselas, ya que la ley anulada no hace más que incorporar a la legislación alemana la directiva europea que obliga a empresas y proveedores de Internet a archivar los datos durante seis meses.

Es preciso encontrar 'un equilibrio correcto'

El Constitucional no criticó esa directiva, sino la ley que la incorporó al Derecho alemán. Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea, anunció un 'examen en profundidad' de la directiva. Es preciso encontrar 'un equilibrio correcto' entre la lucha antiterrorista y el respeto a la esfera privada, dijo a Der Spiegel.

Los datos 'deben guardarse repartidos entre las muchas empresas, sin que el Estado pueda acceder directamente a ellos', señala el Constitucional, que reclama una mayor protección de la intimidad de los ciudadanos. Las autoridades sólo podrán usar los datos para la investigación de 'delitos muy graves' y con permiso de un juez.

El Gobierno reaccionó con decepción y cautela. La canciller Angela Merkel lamentó el 'vacío absoluto' que deja el dictamen en la legislación antiterrorista, y el ministro del Interior, Thomas de Maizière, admitió que deseaba 'un dictamen distinto'. La ministra de Justicia, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, se mostró convencida de que 'tendrá consecuencias a nivel europeo'.