Hace 24 años, Ivana P. cometió un delito por el que fue condenada y posteriormente indultada. Sin embargo, esta madrileña aún está pagando aquella deuda. Los detalles de los hechos por los que la condenaron aparecen relatados en la web del BOE, y después han sido clasificados en Google, el buscador que utiliza más del 90% de los internautas españoles. Aunque esta mujer ha presentado varias reclamaciones, la web sigue trayendo al presente aquella historia de hace casi un cuarto de siglo.

Como Ivana, muchos españoles han probado a poner su nombre o el de otros en Google. A diez de ellos no les gustó lo que salía y, en 2008, pidieron a Google que borrara sus datos. Pero el buscador se está negando de forma sistemática a hacerlo.

La razón esgrimida por Google para negarse a este derecho de oposición es que esa información está alojada en páginas de terceros. La responsable de Relaciones Institucionales de Google España, Bárbara Navarro, explica: 'El interesado debe hablar con ellos para solicitar que corrijan o eliminen los datos'.

¿Y si se niega? 'Google no puede hacer nada porque aunque retirase el enlace, si no se retira la información, ésta volverá a aparecer en los resultados de búsqueda la próxima vez que los robots del buscador vuelvan a indexar el sitio web que la contiene', añade en una respuesta por correo electrónico.

Pero, como recuerda el director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo, 'el problema surge cuando esa página web no puede borrar esa información o tiene un amparo legal como son, principalmente, los casos de los boletines oficiales o los periódicos, que ejercen la libertad de información'. De hecho, los casos denunciados son en su mayoría por la publicación de datos personales en páginas oficiales.

Según la reciente memoria de la AEPD, 10 personas presentaron reclamaciones contra Google por no hacer desaparecer sus datos personales de sus búsquedas durante 2008. En todas, la AEPD les dio la razón. Pero en todas, Google ha recurrido ante la Audiencia Nacional.

Entre los denunciantes hay funcionarios de prisiones, un subdirector de colegio, una empresaria de la limpieza y un policía municipal. Unos fueron multados o sancionados por vía administrativa y otros condenados por un juez. En todos los casos pagaron sus deudas con la sociedad. Pero Google, en su afán de hacer accesible toda la información, se ha convertido en un chivato.

Los representantes del buscador han alegado ante la Agencia que, en el estado actual de la tecnología, no se puede crear un sistema automatizado de borrado de datos personales. 'Pues si no lo es ahora, debe acabar siéndolo', dice el director de la AEPD. Algo similar sucedió con el lanzamiento del servicio Street View, donde el buscador, criticado por que las imágenes recogidas vulneraban la privacidad, desarrolló una tecnología para difuminar caras de las personas y matrículas de los coches. Además habilitó un sistema de comunicación de denuncias.

Con los datos personales en buscadores, el problema es incipiente pero los expertos temen una avalancha de reclamaciones en el futuro cercano. A medida que las distintas administraciones apliquen la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, casi toda la información generada por las administraciones deberá estar en Internet. Esta norma, que debe empezar a aplicarse este año, obliga a los poderes públicos a crear sistemas electrónicos en su trato con los ciudadanos.

En todas las resoluciones estimatorias de la AEPD (la única desestimada fue por un defecto de forma) se argumenta: 'Ningún ciudadano que ni goce de la condición de personaje público ni sea objeto de hecho noticiable de relevancia pública tiene que resignarse a soportar que sus datos de carácter personal circulen por la Red sin poder reaccionar ni corregir la inclusión ilegítima de los mismos en un sistema de comunicación universal como Internet'.

Para el abogado especializado en protección de Datos, Samuel Parra , la legislación actual no protege al ciudadano todo lo que debiera. 'Lo que procedería sería sancionar a Google por tratamiento de datos sin consentimiento', dice. Parra sostiene que de esta manera Google pondría los recursos humanos y tecnológicos necesarios para crear un sistema de borrado eficaz.

‘Aliviarse' en la calle

Uno de los primeros casos que entró en la AEPD es el de un ciudadano que, tiempo atrás, 'hizo sus necesidades en la vía pública'. Fue multado y la sanción publicada en el boletín de la provincia. Ahora es subdirector de un colegio, y reclamó a Google la eliminación de esos datos. El buscador dijo que no era responsable. Tras reclamar a la APD, fue el boletín el que sustituyó su nombre por las iniciales.

Miedo a un atentado etarra

Un funcionario de prisiones recibió una sanción disciplinaria en 1998 que fue publicada, como exige la ley, en el BOE. El año pasado, esa información seguía apareciendo en Google. El funcionario reclamó a la Agencia, alegando que sus datos podría ser conocidos por la banda terrorista ETA. Por su parte Google, entre otros argumentos, dijo a la AEPD que dado que su matriz está en EEUU, no les es aplicable la normativa europea sobre protección de datos.

Una deuda ya pagada

Un ciudadano barcelonés presentó ante la AEPD una 'actuación legítima en interés propio para evitar la difusión pública de sus datos de carácter general'. Un juzgado de 1ª Instancia de Barcelona le había condenado a pagar una multa hacía años. Pero, aunque esté pagada, Google recoge el caso. Esta persona alega que eso le está provocando problemas para encontrar trabajo.

También Yahoo

Ebuscador Yahoo también sale en el listado de resoluciones de la AEPD en dos casos. Uno fue desestimado por haber dirigido la queja contra Google por error. En el otro, fue estimada.