Wert pide "buena voluntad" para cumplir la sentencia sobre el catalán

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha recalcado a CiU -durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso- que el límite para el acuerdo con Catalunya sobre la enseñanza en castellano implica respetar al Tribunal Constitucional (TC). "No es tan difícil y es lo que intentamos conseguir en la LOMCE, basta un acto de buena voluntad y habilitar un mecanismo que permita cumplir estas exigencias según las cuales la inmersión lingüística es conforme al TC para conseguir este objetivo y que desaparezca esta letigiosidad", ha sentenciado.

Así ha respondido el titular de Educación frente a la pregunta del portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Pere Macias, quien le ha preguntado si piensa trasladar a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), actualmente en fase de elaboración, la idea de obligar a enseñar en castellano si un alumno lo pide.

Los nacionalistas catalanes han formulado esta cuestión al Gobierno después de que el pasado miércoles, día 10 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) fallase en varios autos que la Consejería de Enseñanza de la Generalitat debía introducir el castellano en aquellas aulas donde estuviera escolarizado el alumno cuyos padres hayan solicitado por vía judicial la atención en castellano. Según el auto, el sistema "ha de adaptarse a toda la clase -o unidad escolar- de la que forma parte ese alumno", lo que afecta al estudiantes juntamente con sus compañeros, y no sólo al estudiante.

Este escrito confirma el auto de 3 de enero de 2013 de la sala contenciosa administrativa del TSJC que pidió a la Consejería catalana "adoptar las medidas necesarias para que sus hijos reciban una enseñanza conjunta en las dos lenguas oficiales, de forma proporcionada y sin desequilibrios entre ellas", pero ahora matiza que afecta a toda la clase del alumno en cuestión.

Wert, que ha defendido que la lengua no debe utilizarse para hacer política, ha aclarado de esta manera que la resolución judicial del TSJC no dice que porque un alumno lo pida toda la clase tiene que ser escolarizada en castellano. "Que el castellano se utilice como en la proporción que proceda dado el estado de la normalización lingüística alcanzado por la sociedad catalana, una proporción que corresponde decidir al Gobierno de la Generalitat", ha explicado, al mismo tiempo que ha puntualizado que debe darse "una utilización proporcional y equilibrada de las dos lenguas".

Con ello, el titular de Educación ha alertado de que, si hay esta letigiosidad, sea poca o mucha, es porque no se ha querido buscar un mecanismo, que reiteradamente solicitaba el TC, para que la inmersión lingüística se aplique de acuerdo a la propia doctrina del TC y no suponga la exclusión completa del castellano y permita a aquellos padres que los soliciten que éste se utilice equilibradamente como lengua vehicular de la enseñanza.

Por su parte, Macias ha pedido a Wert que tenga en cuenta "dos conceptos claros en su mente". En primer lugar, que en España existen 17 comunidades autónomas y en una de ellas, en Catalunya, son 600.000 personas las que hablan catalán. "Una minoría judicializada contra la normalidad y las leyes catalanas", ha agregado.

Igualmente, ha resaltado "unos resultados concluyentes", ya que sostiene que, al acabar la ESO, el nivel de castellano en Catalunya no es menor que en Valladolid, según datos que ha aportado del ministerio, y supera a la media estatal. "El modelo funciona tanto desde el punto de vista académico como de convivencia", ha subrayado. Por eso, ha pedido a Wert que actúe en dos direcciones: en defensa democrática de la mayoría, y en segundo lugar, en defensa de estas tesis en el resto del Estado.

"En sus declaraciones y datos del Gobierno puede contribuir a hacer pedagogía y a relatar que esto no es un conflicto y sí hay normalidad, con una conflictividad muy escasa, que ya quisiéramos en muchos temas, y que sobre todo la normalización lingüística ha sido un éxito, aunque pese a quienes sólo les interesan los escolares catalanes para sus mezquinos intereses partidistas y sembrar el odio en Catalunya", ha sentenciado.

En este sentido, la Generalitat de Catalunya ya anunció que no iba a ejecutar la resolución del Tribunal, al considerar que la lengua de un aula no puede cambiar porque un sólo alumno lo pida. "La voluntad de un padre no puede incidir sobre el programa y el proyecto solicitado por el resto de familias", señaló en rueda de prensa desde el Parlament catalán la consejera de Enseñanza y miembro de CiU, Irene Rigau, quien también anunció que el Ejecutivo regional iba a recurrir esta resolución ante el Tribunal Supremo (TS).