La voz del desahuciado

Fátima es de Ecuador, tiene 36 años y si todo sigue igual el próximo 29 de noviembre va a ser desalojada de su vivienda en Madrid; como ella se encuentran miles de familias en España que han perdido su casa o que viven con esa amenaza y que nunca pensaron que se encontrarían en esa situación.

Desde que comenzó la crisis en 2008, el número de desahucios se ha disparado y si antes prácticamente este drama pasaba inadvertido ahora se ha convertido en uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad, que reclama una solución con urgencia, sobre todo después del suicidio el viernes de una mujer que iba a ser desalojada en Barakaldo.

Con la amenaza del desahucio se encuentra Fátima, que en declaraciones a Efe, relata cómo en 2003, cuando ella y su pareja, ecuatoriano también, tenían trabajo decidieron comprarse una casa en el barrio madrileño de Carabanchel: "Entonces nos lo podíamos permitir", asegura la mujer, que tiene un hijo de nueve años.

Ella trabajaba en una empresa de limpieza y, posteriormente, como reponedora en unos grandes almacenes, mientras que su pareja era albañil. La crisis les tocó de lleno y ambos perdieron sus empleos y sus posibilidades de afrontar los pagos mensuales de la hipoteca.

"Cuando compramos la casa pagábamos 800 euros y fue subiendo la cuota hasta los 1.200 euros. Si lo pagábamos no podíamos vivir, ni cubrir si quiera nuestras necesidades básicas", afirma la mujer, quien encontró trabajo hace tres meses como empleada de hogar después de tres años buscando.

Ahora tratan de negociar con el banco para que el 29 de noviembre no se ejecute la orden de desahucio. "Nunca pensé que nos veríamos en esta situación, con el peligro de perder nuestra casa. Estamos muy mal porque después de siete años pagando una casa nos vamos a quedar sin nada", afirma Fátima, quien desea que el Gobierno y el PSOE lleguen el próximo lunes a un acuerdo para frenar los desahucios.

Luis es compatriota de Fátima. Tiene 56 años y perdió su trabajo como oficial de primera en una obra. Lamenta que hace ocho años la inmobiliaria le convenciera para comprar una casa en el barrio de Usera, en Madrid, al decirle que sólo pagaría 715 euros durante 25 años.

"Si fuera por mí, mañana mismo me volvería a mi país, pero las deudas me lo impiden", dice Luis, ecuatoriano de 56 años

"Ni cinco minutos duró el trámite de la firma y aunque solo pude conseguir un aval, cuando en principio me pedían dos, no tuve ningún problema", relata el hombre que las últimas letras de hipoteca a las que tuvo que hacer frente ascendían a 1.345 euros.

Ahora vive en una habitación de alquiler por la que paga menos de 200 euros después de que consiguiera que el banco se quedara con la casa a cambio de la deuda.

Sin embargo, su situación sigue siendo complicada porque avaló a su hijo para que se comprara una vivienda y como éste ya no puede pagarla, es a él al que le pide cuentas el banco.

"Si fuera por mí, mañana mismo me volvería a mi país, pero las deudas me lo impiden", dice Luis.

Cuando a la angustia de perder la casa se une el drama del maltrato, la situación se torna "insoportable". Es el caso de Rosa, natural de Huelva pero madrileña de adopción y con un hijo de seis años.

Compró un piso junto con su pareja, quien llegó a maltratarla. No se atrevió a denunciarle, además él, a pesar de comprometerse cuando compraron la casa a asumir el pago completo de la hipoteca, la abandonó y se desentendió de los pagos.

Rosa, que fue funcionaria pero desde 2008 cobra una pensión de invalidez total, vive con una vecina tras tratar de negociar con el banco una refinanciación de su hipoteca que, según apunta, le ofreció unas condiciones imposibles de asumir.

Su casa salió a subasta. "El banco me ofreció un alquiler social por 675 euros y encima tenía que pagar casi cinco mil euros de depósito", cuenta la mujer, quien dice con pesar que "aguanta" y sigue luchando para conseguir una vida mejor para su hijo.

Estos casos son algunos de los miles que hay en España y que han desbordado los servicios sociales, según subraya a Efe la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Isabel Lima, quien constata cómo la situación se ha vuelto "insostenible".

"No hay recursos de alojamiento por parte de las administraciones, ni hay una red de recursos para apoyar a las familias que han perdido sus casas o que están a punto de perderlas", señala Lima.