Los polizones son la clase más baja de todos los inmigrantes irregulares que llegan a España. El simple derecho a un asesoramiento legal se les concede sólo si piden asilo a través de un cuestionario policial. “Ni siquiera a los que llegan en cayuco se les niega ese derecho”, denuncia el abogado Javier Galparsoro, de la fundación Cear (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). Cada año llegan 600 polizones a los puertos españoles.

El último caso se produjo hace una semana en Bilbao. Dos magrebíes llegaron escondidos en un barco de Malta. Después de varios días de negociación, los dos emigrantes decidieron seguir embarcados. Es un caso atípico, según Galparsoro, que lleva 20 años dedicado a luchar por los derechos de los polizones. “Es muy raro que dos marroquíes que ya trataron de escapar en el puerto de A Coruña y se han cruzado media Europa, decidan seguir camino a Francia”, explica.

Uno de los magrebíes pidió en un primer momento asilo en España. Sin embargo, horas después se retractó y decidió seguir a bordo del buque. Galparsoro atribuye la indecisión a la desorientación propia de una persona que ya ha pasado por varios puertos. “Hay que tener en cuenta que el polizonaje en Marruecos es considerado casi un delito”,
razona.

Encerrado en un camarote

El Defensor del Pueblo ha presionado en varias ocasiones al Ministerio del Interior para mejorar la atención sanitaria y jurídica de este tipo de inmigrantes. El director general de Policía, Joan Mesquida, envió el pasado 27 de noviembre una instrucción a las fuerzas de seguridad del Estado para atender estos casos. El documento establece que un polizón no tiene derecho a un médico si no dice encontrarse mal y tampoco puede ver a un abogado si no solicita asilo.

Es decir, que los servicios básicos dependen de lo que exija una persona que puede llevar una gran temporada encerrada en un camarote y, en muchas ocasiones, no sabe siquiera en qué país se encuentra. “Muchas veces, llegan peor que los de los cayucos”, asegura Galparsoro.

El protocolo debe ser llevada a cabo por dos agentes de la Policía Nacional. La base es un cuestionario que, hasta la aplicación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, simplemente tenía dos cuestiones, una sobre el estado de salud y otra sobre el trato recibido. El nuevo cuestionario, aprobado el pasado 27 de noviembre, obliga al capitán del barco a atender y cuidar a los polizones. Sin embargo, el Estado no establece mecanismos de control sobre el trato que dan las tripulaciones a los emigrantes. Y eso que en algunos casos, se han estudiado casos de muertes en alta mar.